OpiniónLa asimetría tributaria, la incoherencia en las metas de la REP y la saturación del regulador frenan la inversión.06.08.2026 22:01 Actualizado: 06.08.2026 22:01 El cambio de gobierno coincide con un momento decisivo para la sostenibilidad y la vida cotidiana del país: la aplicación del cronograma de la Ley 2232 de 2022. Tras la prohibición de las primeras categorías de plásticos de un solo uso en 2024 y al cumplirse los plazos para las metas de recolección e incorporación de resina reciclada, la ciudadanía y las empresas no encuentran un camino despejado, sino un laberinto marcado por la incertidumbre, la traba burocrática y la confusión de reglas.El gobierno saliente deja un sistema atrapado en el formalismo procedimental. Aunque la ley fijaba plazos claros desde 2022, la Resolución 803 se expidió tardíamente en junio de 2024. A esto se sumó el choque de calendarios: mientras ante la Dian se presenta un reporte tributario anual para el impuesto al plástico, en materia ambiental se exige auditar la recolección con cifras de hace tres años y, simultáneamente, se pretende fiscalizar la incorporación de resina en planta con retrospectiva de un año, en una lectura desconectada de la realidad empresarial y territorial.El laberinto de fechas de reporte y la saturación operativa de la autoridad ambiental no se traducen en más material reciclado o menos residuo en la calle, sino en trámites que paralizan la transformación social y ambiental del país.Esta incoherencia genera una sobrecarga que asfixia a las empresas ante una autoridad ambiental cuya capacidad operativa se encuentra desbordada por la demanda de evaluaciones, ralentizando la fluidez de las operaciones y paralizando proyectos de inversión industrial de largo plazo.Esta parálisis resulta aún más alarmante cuando se contrasta con el Monitor de Infraestructura de Disposición Final de Cempre, elaborado con datos oficiales de la Superservicios: de los 204 sitios en operación con fecha registrada, 86 tienen la vida útil vencida y 23 adicionales se agotarán en menos de tres años. Es decir, el 53 por ciento de la infraestructura nacional opera al límite o sobrepasada en su capacidad.Cuando la norma pierde de vista la realidad del territorio, el costo no solo lo asumen las empresas; lo pagan los recicladores de oficio y cada ciudadano a través de un servicio público de aseo altamente ineficiente. Mientras los rellenos se agotan, los recursos privados corren el riesgo de drenarse en responder requerimientos burocráticos y auditorías, en lugar de avanzar con los actores territoriales en la infraestructura de transformación local y la formalización de la cadena de valor.El país necesita pasar de la hipervigilancia punitiva al estímulo de la infraestructura circular para evitar el colapso en la disposición final.Para que la economía circular en Colombia deje de ser un laberinto burocrático y se convierta en motor de desarrollo social, hago un llamado a la nueva administración a desatar tres nudos estratégicos:1. Seguridad jurídica, ventanilla única y simplificación de trámites: es indispensable corregir el choque de tiempos de reporte, unificando en una sola ventanilla lo exigido tributariamente con las metas de la REP. La trazabilidad debe servir para visibilizar y habilitar el avance ambiental, no para asfixiar la operación con burocracia que desborda al propio regulador.2. Proteger el reciclaje inclusivo ajustando la tarifa pública de aseo: menos del 30 por ciento de las empresas reguladas están vinculadas a los programas REP y solo algunos de estos programas están desarrollando capacidad de transformación de manera articulada en el territorio; la mayoría delega o aún no conoce su responsabilidad. Esta brecha se agrava porque la tarifa del servicio público de aseo cierra otro gobierno sin actualizarse, manteniendo un esquema que no refleja el valor real del aprovechamiento, derrocha recursos en transporte y enterramiento, y no resuelve lo estructural.3. Incentivos a la infraestructura y conversación real: frente a los 109 rellenos con permisos vencidos o al límite, la conversión industrial exige un diálogo directo, con metas y compromisos claros entre el Gobierno, el sector financiero y la industria. Se requieren incentivos tributarios ágiles y crédito de fomento para la prevención de la generación de residuos, su aprovechamiento y el encadenamiento local.El reto del nuevo gobierno no se resuelve con más sanciones de escritorio ni con perseguir el detalle de la norma. La verdadera transformación de la economía circular despega cuando dejamos de perseguir el trámite punitivo y nos concentramos en construir el “saber hacer”: un trabajo coordinado y articulado que facilite e incentive la conversión de negocios desde la creación de valor real.La sostenibilidad no es un castigo administrativo; es un motor de dignidad, empleo inclusivo y competitividad. Colombia debe actualizar tarifas de aseo, dinamizar cadenas de suministro nacionales, abrir espacio a la inversión y permitir que la economía circular se convierta en la llave de transformación en los territorios.*Laura Reyes es Directora ejecutiva de Cempre y consejera del Consejo Asesor de la ONU sobre Basura Cero Sigue toda la información de Opinión en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. BOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.EL TIEMPO GOOGLE NEWSSíguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.EL TIEMPO WHATSAPPÚnete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.EL TIEMPO APPMantente informado con la app de EL TIEMPO. 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