Por Celia Pousset para CONNECTAS y El HeraldoEl regreso del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) a Honduras —condenado por narcotráfico en una corte de Nueva York en 2024 e indultado por Donald Trump en 2025— coincide con una fecha incómoda para su legado: diez años de la Comisión Depuradora de la Policía, promovida por él. La Comisión surgió tras varias revelaciones de la prensa, entre las que destacan las de El Heraldo y una del New York Times, que denunciaban vínculos entre policías y estructuras criminales, que incluían la participación de agentes de altos rangos en los asesinatos de un zar antidroga y de un asesor de seguridad. Años más tarde, en su juicio, se demostró que JOH también tenía nexos con estructuras criminales. La misión de esta Comisión fue extendida hasta 2019, y despidió a casi 5.700 policías en tres años. Sin embargo, esta investigación tuvo acceso, analizó y contrasto informes de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad y halló que algunos policías señalados de participar en asesinatos y/o tráfico de droga lograron mantenerse en la institución, e incluso ascender. Mientras que otros que habían sido depurados por esta Comisión han sido reincorporados, tras demandar al Estado por despido injusto e ilegal. Al menos 25 policías han sido investigados reiteradamente por inteligencia policial en los últimos 20 años. Este reportaje también encontró que no todos los hallazgos de estos informes policiales derivaron en investigaciones del Ministerio Público. Algunos casos aparentemente sí llegaron a la Fiscalía, de acuerdo con la información que la Dirección General de la Fiscalía compartió con esta investigación. Sin embargo, a pesar de que los señalamientos tienen más de una década, permanecen en reserva y sin condena. Para comprender las razones, el equipo periodístico entrevistó a operadores de justicia, miembros de la última comisión depuradora, autoridades, agentes y exagentes cuyo trabajo era investigar a otros policías. Los consultados señalan que la impunidad radica en la manipulación de expedientes, la falta de datos en las investigaciones penales, la desaparición de testigos claves y la poca independencia de las entidades que investigan esos casos. El equipo periodístico preguntó a la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial si tienen investigaciones en contra de algunos policías depurados que buscan reintegro en la institución. La Unidad respondió: “Es un problema desde antes y ahora en la estructura policial sin ningún control. Hasta la fecha no tenemos una investigación en contra de alguno”. La exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva, desde el exilio, cuenta lo que vivió en sus cuatro años en el poder (2022-2026): “Hay varios casos claros donde se demuestra que quien debía depurar a los policías corruptos era el ministro de Seguridad, pero con certificados médicos falsos lo evadieron (usan los certificados para no asistir a las audiencias y entorpecer los procesos). La Fiscalía tiene los expedientes de los casos de asesinatos de fiscales antidroga y nunca se hizo nada contra los actores intelectuales que son los mismos policías. Yo salí del país cuando gente de inteligencia militar me informó que la misma policía había puesto el valor de 5 millones de lempiras a la cabeza de mi hija”. Villanueva denunció en 2023 la “complicidad” de la Policía Nacional en la masacre que ocurrió en la penitenciaría de Támara, donde 46 mujeres privadas de libertad fueron asesinadas en manos de supuestas pandilleras del Barrio 18. La exviceministra indicó que la mayoría de los casquillos encontrados en la escena criminal pertenecen a la Policía y concluyó que las armas que sirvieron a la masacre fueron prestadas.En Honduras, el 55% de la población piensa que los policías y militares protegen a la gente rica y narcotraficantes, mientras el 30% siente miedo ante la presencia de policías. Esta percepción se sustenta en delitos graves cometidos por policías, que han derivado en escándalos mediáticos.Por ejemplo, esta investigación identificó en los informes de la Inspectoría y en publicaciones de prensa señalamientos de participación de policías en los asesinatos de siete trabajadores de diferentes fiscalías del país. Los más mediáticos fueron los homicidios de Arístides González, Alfredo Landaverde y Orlan Chávez en Tegucigalpa. Pero hubo al menos cuatro más: Marlene Banegas, Olga Eufragio y Raúl Reyes Carbajal, en San Pedro Sula; y Manuel Eduardo Diaz Mazariegos en Choluteca. Tras cada escándalo, las autoridades hondureñas recuerdan o activan procesos de depuración en la institución. Pero la mayoría de los casos quedan sin esclarecerse. En la mayoría de los casos solo se investigó y condenó a los autores materiales, mientras que el asesinato del director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián Arístides González, permanece en total impunidad . La Dirección General de Fiscalía comentó a este equipo que la investigación se encuentra bajo reserva.El último hito de la depuración policial ha sido objeto de críticas. Figuras de referencia en el combate contra el crimen en la Policía Hondureña, como la comisionada en retiro María Luisa Borjas, critican la Comisión Depuradora de 2016 por no haber respetado un procedimiento legal y alegan que la mayoría de las demandas de policías depurados serán ganadas por los mismos. Según la Procuraduría General de la República, existen 527 demandas de policías depurados en contra del Estado, se están procesando en los juzgados de contenciosos administrativos de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora, muy poco se sabe sobre los procesos administrativos de reincorporación. Nelson Castañeda, director de Seguridad de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) —parte de la Comisión de 2016— comenta que la ASJ no sabe cómo se está realizando estos procesos: “Se habla de bastantes reintegros y de bastantes personas que están pidiendo retornar a la institución. Pero definitivamente será la Secretaría de Seguridad, a través de la Procuraduría General de la República y otros entes encargados que deberán de buscar una estrategia. Número uno, para evitar infiltraciones y número dos, para no crear condiciones que puedan vulnerar derechos, porque eso al final tendría una repercusión en las finanzas del Estado”.Un, dos, tres mencionesJavier Francisco Leiva Gamoneda es uno de los policías que ha sido reincorporado. Dice que fue despedido de la policía por un señalamiento basado en un informe falso publicado por la prensa en 2016. Ese año, The New York Times reveló que supuestamente la cúpula policial de 2009 orquestó el asesinato del director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián Arístides González, bajo órdenes de varios carteles hondureños. Según el reportaje, Leiva Gamoneda prohibió a agentes bajo su mando interferir en el suceso.“Mi subcomisario Francisco Leiva Gamoneda nos dijo: ‘Va a llegar un carro de un delincuente. Lo vienen persiguiendo unos policías motorizados. Denle luz verde a los policías y cualquier cosa ustedes no han visto nada(…)”, declaró un agente de tránsito que presenció el crimen a policías de la Dirección General de Investigación Criminal, según el informe de investigación de este caso al que tuvo acceso este equipo periodístico.Ese “documento es falso”, afirmó Leiva Gamoneda en entrevista para esta investigación: “La supuesta participación de nosotros es completamente falsa, ya que el informe es completamente falso. Aún así, el director de la policía y el ministro de seguridad de ese entonces, haciendo caso omiso de este informe, continuaron con la depuración, dejándonos nosotros completamente en un estado de indefensión, a pesar de que ellos tenían la prueba para demostrar que lo que estaban publicando era falso y ellos no lo hicieron.” Además, aseguró que fue depurado sin audiencias de descargos ni el debido proceso”.Leiva Gamoneda dijo que está adscrito a la Dirección General de la Policía desde marzo de 2026, y aseguró que fue beneficiado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en octubre del año pasado. Interrogada sobre su caso, la Procuraduría General de la República respondió: “La demanda fue contestada a través del juzgado de letras de lo contencioso administrativo, existiendo fallo con carácter firme”. Pero hasta la fecha de publicación de este reportaje, el equipo no pudo acceder al fallo, pese a que se lo solicitó reiteradamente a Leiva después de la entrevista. Los juicios y condenas en Estados Unidos a exoficiales hondureños han confirmado la veracidad de varios hechos que menciona el informe revisado por esta investigación y que reveló el New York Time en 2016. Primero, policías mencionados en ese informe fueron depurados: siete fueron extraditados a Estados Unidos y seis fueron condenados por tráfico de cocaína. Segundo, durante el juicio, el jefe del cartel de los Cachiros, Leonel Maradiaga, contó a la Corte que agentes de la Policía Nacional de Honduras asesinaron al fiscal González por órdenes de él y otros narcotraficantes que pagaron entre 200 y 300 mil dólares por este homicidio.Leiva Gamoneda contó en la entrevista que recibió nueve años de salarios caídos.“Aquí en Honduras, los medios de comunicación deberían de estar preocupados por deducir quiénes practicaron esa falsa depuración por la cual ahora el Estado debe pagar millonarias cantidades a oficiales de policía que estamos regresando por el mal procedimiento de esa Comisión”. Sin embargo, Leiva Gamoneda no ha sido investigado solo por el asesinato del fiscal Arístides González, de acuerdo a los informes filtrados a este equipo periodístico. Es mencionado por primera vez en 2003: supuestamente, junto a otros policías manipuló evidencia y descargó droga de una narcoavioneta en la carretera que conduce a la aldea Tulito, en el departamento de Choluteca. En 2006, fue investigado junto a otros colegas por haber participado en la fiesta navideña de un jefe de cartel en el norte de Honduras. El informe concluye: “Por las declaraciones testificales y los medios de pruebas se concluye que los oficiales están coludidos con personas del crimen organizado. Por lo tanto, hay méritos suficientes para realizarles audiencias de descargos”.En 2011, fue nuevamente investigado por presuntamente mandar a empeñar 37 armas de la Policía Nacional. En el transcurso de la investigación, los subalternos de Leiva dijeron a la Inspectoría General que fueron amenazados de muerte si ofrecían declaraciones. Ese mismo año, en otro informe, se le vinculó con el asesinato de otro director de la lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público, Alfredo Landaverde, por dirigir a los sicarios en la zona del crimen en coordinación con otros oficiales. Esos informes internos no dieron lugar a acusaciones penales. En cambio, el equipo halló que varios de los policías que investigaron, testificaron o dieron órdenes de seguir con las diligencias correspondientes fueron asesinados. Jorge Castro Duarte, subinspector que describió y transcribió los vídeos de cámaras de seguridad en los que se planeó la muerte de Arístides González fue encontrado muerto en una calle solitaria de Tegucigalpa con un disparo en la cabeza en 2014. German Fernando Reyes Flores, testigo ocular del crimen, fue asesinado en 2013. Walter Iván Romero Alvarenga, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal que firmó el informe que Leiva califica de falso, también fue asesinado. Acribillado con fusiles AK-47 en el norte de Honduras en agosto de 2010, ocho meses después del asesinado del zar antidrogas. En el caso de la narcoavioneta en el departamento sureño de Choluteca ocurrió lo mismo. Exzequiel Antonio Estrada Izaguire, el policía que denunció a los miembros de la estructura criminal fue asesinado meses después. Juan Carlos Sotelo Perdomo, quien ordenó que se investigara a esa estructura fue asesinado en 2007. El Subcomisario Marco Aurilio Arias Rodriguez que elaboró la investigación en contra de los policías fue asesinado junto a su esposa en 2015.En la investigación sobre el empeño de las armas de la policía, la mujer policía que denunció el hecho fue asesinada en un bus de la capital en 2013 y el policía que señaló a Leiva en su declaración también fue asesinado en 2015.Leiva Gamoneda debió ser depurado en 2012 junto a otros 20 funcionarios, según una carta firmada por el entonces director de Recursos Humanos, Luis Aguilar Mazzoni, dirigida a Juan Carlos Bonilla Valladares, entonces director general de la Policía Nacional: “…Me dirijo a usted a fin de informar que ya se le aplicó el decreto de depuración 89-2012 al personal de Oficiales y Policías involucrados en el asesinato del director de la lucha contra el narcotráfico Julian Arístides González…”. Sin embargo, Leiva, según sus propias declaraciones para este reportaje, nunca fue separado de la institución en ese momento. “Eso fue un informe falso de la inspectoría. Yo tengo la copia donde el inspector del 2016 le hace ver al director que ese informe del 2012 es falso, ya que el número de oficio corresponde a otro informe. Y el oficial que dice que hizo el informe de Inspectoría ya no estaba asignado (…) El derecho no sanciona rumores, comentarios de pasillos, ni campañas de prestigio. Sanciona hechos demostrados”. Sin embargo, no compartió los documentos mencionados con el equipo periodístico. En 2024, el destinatario de la carta de 2012, Juan Carlos Bonilla Valladares, se declaró culpable en Estados Unidos de haber contribuido al tráfico de 450 kilogramos de cocaína entre 2003 y 2016 .El comunicado también afirmaba que se habían girado instrucciones al Departamento Legal para que remitiera el expediente investigativo al Ministerio Público. A la pregunta sobre la existencia o no de una investigación en contra de Leiva Gamoneda, La Dirección General de Fiscalía respondió que se trataba de una información reservada. La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso Judicial, creada en 2017 para ser el brazo penal de la Comisión Depuradora, sólo cuenta hoy con cuatro fiscales a nivel nacional. Sus resultados son muy limitados, con pocas investigaciones abiertas y pocas acusaciones emitidas, rozando en años anteriores cero.