Las víctimas de la tragedia en Ceuta no dejan de crecer. Con el paso de los días, el mar sigue devolviendo nuevos cadáveres a las costas de España y Marruecos. Al menos 141 personas han perdido la vida, según el último balance de la ONG Caminando Fronteras. Víctimas sin nombre para las cuales las organizaciones reclaman justicia y que su historia no acabe envuelta en la misma impunidad que la de quienes también perdieron la vida en crisis anteriores.PublicidadCaminando Fronteras asegura que se han recuperado, a fecha del 4 de agosto, a 78 víctimas en territorio español -el Gobierno ha confirmado 75- y 63 en el lado marroquí, aunque Rabat hasta ahora solo ha confirmado de forma oficial 11 fallecidos.La directora de la ONG, Helena Maleno, explica a Público que para llegar a esas cifras ha sido indispensable el trabajo de las familias y de las comunidades que buscan a los desaparecidos. Son ellas quienes se están desplazando hasta las morgues donde permanecen los cuerpos y quienes han logrado recopilar esa información. "Es su trabajo y su búsqueda lo que nos está dando las cifras del lado marroquí porque no hay comunicados ni cifras oficiales", afirma.Según recoge El Faro de Ceuta, todavía hay cadáveres en el lado marroquí del espigón que no han sido rescatados. Mientras tanto, en la costa española, los profesionales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil continúan practicando autopsias, toma de huellas dactilares y muestras biológicas para tratar de identificar a las víctimas. El mismo diario señala que dos personas han podido ser identificadas gracias a sus huellas, al figurar registradas previamente en España, aunque será un juzgado el que deba validar oficialmente esas identificaciones.Un protocolo con más mediosEspaña ha activado el protocolo de atención a víctimas de sucesos múltiples, un mecanismo que permite coordinar a distintas administraciones, centralizar la información y ofrecer atención a las familias. "Esto nunca había pasado cuando hablamos de víctimas de las fronteras. Es una buena noticia porque supone más medios, más coordinación y establecer una oficina para la atención de las víctimas y de las familias", afirma.PublicidadNo obstante, considera que la respuesta sigue siendo insuficiente para quienes buscan a sus seres queridos desde miles de kilómetros de distancia. Puede morir un hijo y que sus padres no puedan acudir a su identificación o su entierro, simplemente por ser africanos y no tener permiso para entrar en España.Una problemática que no es nueva, sino que se repite mes a mes, mientras mueren migrantes en nuestras fronteras. Por ello, la activista pide que se habiliten visados para que los familiares puedan desplazarse a España cuando sea necesario realizar pruebas de ADN o asistir a los entierros, además de reforzar el papel de los consulados. "Se necesita tener en cuenta la situación de especial vulnerabilidad de estas familias", insiste. Además, reclama que se pueda garantizar un enterramiento con dignidad, "conforme a las creencias con las que vivieron".La situación es todavía más compleja cuando las víctimas se encuentran en Marruecos. Según Maleno, entre los fallecidos en la frontera africana hay personas procedentes de Sudán, Eritrea, Guinea o Costa de Marfil. "Son países desde los que es muy difícil que las familias de esas víctimas puedan acceder. Está siendo muy importante el trabajo de las comunidades para que, por lo menos, las familias sepan la verdad", manifiesta.PublicidadDecenas de personas desaparecidasCaminando Fronteras también trabaja con decenas de casos de personas desaparecidas. Algunas han conseguido contactar con sus familias tras haber sido trasladadas por las autoridades marroquíes a zonas alejadas del norte del país, pero muchas otras continúan sin dejar rastro. "Estamos trabajando en ello y va a ser un trabajo largo. Esperamos que en las próximas semanas podamos tener una idea más clara sobre el número de personas desaparecidas", explica Maleno, que asegura no recordar un episodio de estas dimensiones en las fronteras españolas.La activista denuncia que los principales responsables de estas muertes son los propios Estados y "la utilización que hacen de las personas migrantes como herramientas para intereses geopolíticos y geoestratégicos".Investigación en cursoAnte esta situación, y con la impunidad de la tragedia del Tarajal en 2014 en retina, la investigación iniciada en la Audiencia Nacional brinda una nueva oportunidad para esclarecer todas las incógnitas en torno a las muertes y determinar las posibles responsabilidades. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió diligencias previas sobre esta llegada masiva a Ceuta a raíz de la querella presentada por Iustitia Europa, un partido político que se autocalifica "sin ideología". En un auto fechado el 31 de julio, y "con carácter previo a resolver sobre la competencia penal de la Audiencia Nacional" sobre estos hechos, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 pidió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que realice un informe para averiguar si se trató de "una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal".En el marco de estas pesquisas previas, la magistrada también quiere saber "si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones, de tener alguna constancia sobre ello".Asimismo, la jueza ha solicitado en otra providencia, emitida este martes, un oficio a la Jefatura de la Guardia Civil para que, en relación con los hechos acaecidos en Ceuta, informe sobre el dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de la Benemérita desplegados en el territorio. Particularmente –agrega el escrito al que ha tenido acceso Público–, en lo relativo a "las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales conocidas", así como, en el caso de personas fallecidas, "si constara la causa y la data de la muerte" y, en el caso de las personas supervivientes, "su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar". También, ha pedido que se informe de si se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de Ceuta "alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento".Por otro lado, y a la espera de recibir dicha información para resolver sobre la competencia sobre estos hechos, la jueza acordó acumular las otras denuncias del partido ultra Vox y el pseudosindicato Hazte oír en la misma causa. No obstante, rechazó las medidas pedidas por Vox, como el despliegue militar y de la armada, que caminan en una dirección muy diferente al esclarecimiento de las muertes.Cerrojazo de la Justicia a la tragedia de El TarajalEn cuanto a los antecedentes judiciales sobre muertes de migrantes en Ceuta, los precedentes no invitan al optimismo. El principal exponente hasta ahora se dio con la investigación contra 16 guardias civiles por su operativo durante la mañana del 6 de febrero de 2014 junto al espigón marítimo fronterizo del Tarajal, donde fallecieron 15 migrantes intentando acceder a territorio español.PublicidadMucho antes de que el Tribunal Supremo avalara en junio de 2022 el cierre definitivo, la Audiencia Nacional rechazó asumir en febrero de 2015 la investigación al considerar que "la competencia seguiría siendo del Juzgado de Ceuta". Tras varios cierres provisionales de la instrucción, la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta llegó a procesar a 16 guardias civiles por estas muertes en 2019, pero esta vía quedó en el dique seco después de que el Alto Tribunal confirmara la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz de archivar la causa.Otros episodios de muertes en la frontera española tuvieron incluso menos recorrido judicial, como fue el caso de la tragedia en la valla de Melilla del 24 de junio de 2022, en la que murieron al menos 23 personas (Amnistía Internacional elevó esta cifra a 37 fallecidos y añadió 77 desaparecidos) tratando de cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto fronterizo de Barrio Chino. Ni la Fiscalía española ni el Ministerio Fiscal marroquí apreciaron indicios de delito en la actuación de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los gendarmes marroquíes.