La Legislatura de Córdoba transitó este miércoles una sesión con dos postales bien diferenciadas. Por un lado, oficialismo y oposición coincidieron en aprobar la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo para ampliar la estructura territorial del Poder Judicial y fortalecer el Ministerio Público de la Defensa.
Por otro, el consenso quedó rápidamente eclipsado por un duro cruce político durante el tratamiento de una batería de pedidos de informes de la oposición sobre el manejo de recursos públicos, un intercambio que terminó exhibiendo que la disputa por 2027 ya se instaló en el recinto.
La principal ley sancionada crea nuevos órganos jurisdiccionales y amplía el Ministerio Público de la Defensa mediante la incorporación de juzgados y defensorías públicas en Córdoba Capital y distintas circunscripciones judiciales del interior. Para el oficialismo, la reforma busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial frente al crecimiento de la demanda y reforzar el acceso a la defensa pública.
En la ciudad de Córdoba se crearán diez Defensorías Públicas Penales, cuatro Juzgados de Control y Faltas, dos Defensorías especializadas en Niñez, Violencia Familiar y de Género, un Juzgado de Ejecución Penal y una Defensoría Civil y Comercial. Además, la actual Defensoría del Trabajo del Tercer Turno será reconvertida en una Defensoría Civil y Comercial.
