Minambiente delimita el páramo Cruz Verde–Sumapaz: estas son las nuevas reglas que regirán sobre sus 314.706 hectáreas

Análisis Exclusivo suscriptores La resolución no modifica el mapa de 2015, pero sí establece reglas para la transición productiva, la participación comunitaria y el manejo del páramoLa delimitación participativa mantiene las 314.706,9 hectáreas definidas por el Instituto Humboldt y crea mecanismos de gobernanza con participación de campesinos, indígenas y organizaciones sociales. Foto: Ministerio de AmbientePERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD05.08.2026 16:55 Actualizado: 05.08.2026 16:55

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió este martes la Resolución 0960 de 2026, “por medio de la cual se realiza la delimitación participativa del Páramo Cruz Verde - Sumapaz y se adoptan otras determinaciones”, un acto administrativo que traza —con la participación directa de las comunidades— los límites del páramo más grande del mundo: 314.706,9 hectáreas repartidas entre 25 municipios de Cundinamarca, Meta y Huila, y siete localidades de Bogotá.La firma, a cargo de la ministra encargada Irene Vélez Torres responde a una orden judicial: en 2019 el Juzgado Cuarenta Administrativo de Oralidad de Bogotá amparó los derechos de las comunidades del páramo y ordenó al Ministerio expedir una nueva delimitación, previa realización de un proceso participativo “amplio, público, deliberativo y eficaz”, conforme a las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017 —la misma que dio origen a la delimitación de Santurbán—. LEA TAMBIÉN Páramo Cruz Verde–Sumapaz. Foto:Ministerio de Ambiente¿Qué cambia con esta decisión?En términos estrictamente cartográficos, poco: el área delimitada corresponde en su totalidad a la que en 2015 había entregado el Instituto Alexander von Humboldt a escala 1:25.000, la misma base científica de la resolución anterior. El Ministerio explica en el acto administrativo que no recibió, durante ninguna de las fases del proceso, aportes técnicos que justificaran modificar esa cartografía, y que la ley le exige no retroceder en el nivel de protección ya alcanzado.Lo que sí cambia —y es el corazón de la resolución— es cómo se llegó hasta ahí y qué reglas de juego quedan fijadas para la gestión futura del territorio. El Gobierno reporta 56 reuniones de consulta e iniciativa, 72 encuentros preparatorios virtuales, 34 jornadas de concertación en 31 territorios y la sistematización de 2.753 aportes ciudadanos y 1.690 contenidos de diálogo, recogidos entre mayo de 2024 y junio de 2026. Según un comunicado oficial del Ministerio, más de 3.300 personas y 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas participaron en el proceso.Más de 3.300 personas participaron en el proceso que culminó con la delimitación. Foto:Ministerio de AmbienteEl artículo 5 de la resolución mantiene y detalla las prohibiciones que ya regían para los ecosistemas de páramo en Colombia desde la Ley 1753 de 2015:Exploración y explotación minera.Exploración y explotación de hidrocarburos, y construcción de refinerías.Expansión urbana y suburbana, y construcción de nuevas vías.Uso de maquinaria pesada en actividades agropecuarias.Quemas, disposición de residuos peligrosos, introducción de especies invasoras u organismos genéticamente modificados, y uso de explosivos o pirotécnicos, salvo excepciones autorizadas.Talas, salvo las necesarias para la conservación del páramo y con autorización ambiental.La norma es explícita en un punto que ya había resuelto la Corte Constitucional en la Sentencia C-035 de 2016: aunque el Estado hubiera otorgado en el pasado licencias o contratos de concesión minera o de hidrocarburos, estos “habían perdido su fundamento jurídico” en la medida en que el legislador prohibió esas actividades en páramos. Es decir, ni los derechos adquiridos ni los contratos vigentes eximen del cumplimiento de la prohibición. LEA TAMBIÉN Lo que se permite —y bajo qué condicionesA diferencia de una figura de conservación estricta como un parque nacional, el páramo delimitado no expulsa a sus habitantes ni prohíbe toda actividad productiva. La resolución reconoce que dentro del polígono existen cabeceras urbanas, centros poblados y asentamientos preexistentes —una realidad que, según el propio Ministerio, la Corte Constitucional ya identificó como “fenómeno propio de los complejos paramunos” en la Sentencia C-369 de 2019—, y determina que esas áreas seguirán haciendo parte del polígono sin que ello habilite la expansión de sus perímetros urbanos.En materia agropecuaria, la resolución no impone una prohibición general sino un régimen de transición: las actividades de bajo impacto y ambientalmente sostenibles podrán continuar, mientras que las de alto impacto deberán entrar en programas graduales de reconversión o sustitución, diseñados con las comunidades y financiados con instrumentos como el pago por servicios ambientales. Para determinar qué se considera “bajo impacto”, el Ministerio y la cartera de Agricultura ya adoptaron en junio una metodología específica (Resolución 160 de 2026), que la nueva delimitación adopta como línea base.La ministra (e) de Ambiente, durante el evento de delimitación del páramo. Foto:Ministerio de Ambiente LEA TAMBIÉN Ese es, de hecho, uno de los puntos que más tensión generó durante la concertación: la Coordinadora Regional Campesina pedía que la transición hacia la prohibición no rompiera abruptamente con las economías de subsistencia, mientras la posición institucional insistía en la gradualidad “sin poner en riesgo la integridad del área”. El acto final recoge ambas posiciones bajo el principio de “mínimo vital” para las comunidades y de no regresión para el ecosistema.Las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en el área —CAR, Cormacarena, CAM y Corporinoquia— y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá tienen ahora tres años para zonificar y definir en detalle el régimen de usos, y cuatro años para expedir el Plan de Manejo Ambiental completo del páramo. Donde el páramo se traslapa con áreas protegidas de mayor jerarquía —como el Parque Nacional Natural Sumapaz o las reservas forestales protectoras de los cerros orientales de Bogotá—, prevalecerá el régimen de conservación más estricto.Los mecanismos nuevos: coordinación, fiscalización y financiaciónAdemás de la delimitación en sí, la resolución crea dos instrumentos de gobernanza pensados para que el cumplimiento no dependa solo de la voluntad del Ministerio:Una Instancia de Coordinación, integrada por 16 representantes de entidades públicas —desde el Ministerio hasta alcaldes municipales en rotación— y 22 representantes de comunidades y organizaciones sociales (juntas de acción comunal, resguardos indígenas, acueductos comunitarios, organizaciones campesinas, de mujeres y de jóvenes), que sesionará al menos tres veces al año y deberá hacer seguimiento a la implementación del acto.Un Sistema de Fiscalización, que aunque el propio texto aclara que no tiene funciones de autoridad ambiental ni de sanción, busca centralizar alertas sobre actividades prohibidas y hacerlas públicas a través de una herramienta llamada “Muro de Cristal”.Y un modelo de financiación con cuatro componentes —oferta, demanda, incentivos y mecanismo financiero—, que combina recursos públicos (regalías, tasas ambientales, inversión del 1% de los municipios beneficiarios del agua), privados y de cooperación internacional, aunque expresamente sujeto a la disponibilidad presupuestal de cada entidad, sin que la resolución cree obligaciones de gasto nuevas. LEA TAMBIÉN La resolución reconoce al campesinado paramuno como sujeto de especial protección. Foto:Ministerio de AmbienteLo que se busca: agua para 16.000 usuarios y “nunca más un páramo sin gente”El argumento central que sostiene la medida es hídrico: según cifras del Instituto Humboldt citadas en la propia resolución, el páramo surte 16 acueductos veredales que abastecen a cerca de 16.000 usuarios en Usme, Ciudad Bolívar y Soacha, además de 3.347 familias en Pasca, y alimenta la cadena de generación eléctrica del río Bogotá. El complejo alberga, de acuerdo con el Instituto, cerca del 20 % de las especies de plantas vasculares registradas en los páramos del país.La ministra Vélez enmarcó la decisión en un cambio de enfoque hacia la gestión de los páramos que evita, según dijo, oponer conservación y presencia campesina: "Nunca más un páramo sin gente; nunca más las ruralidades sin su campesinado", afirmó la funcionaria, para quien el proceso reconoce "el lugar del campesinado habitante del páramo como protagonista de su protección y conservación".Desde la Coordinadora Regional Campesina del Sumapaz —la organización que llevó el caso a los tribunales en 2017— el balance también fue positivo, aunque leído en clave de una disputa de largo aliento: “La delimitación participativa es fruto de décadas de defensa del territorio. Reconoce nuestros saberes, nuestra relación histórica con el páramo y la necesidad de construir paz y sostenibilidad desde las comunidades”, señalaron representantes de la organización, citados en el comunicado oficial.Con todo, la resolución deja pendientes definiciones que serán determinantes para saber si la protección se traduce en algo más que un mapa: la zonificación detallada del uso del suelo, el diseño concreto de los programas de reconversión productiva y la resolución de la superposición, aún no saldada, entre el páramo y la franja de adecuación de los cerros orientales de Bogotá —un litigio que desde 2013 enreda a la CAR, el Distrito y el Ministerio en el cumplimiento de un fallo distinto del Consejo de Estado— quedan en manos del Plan de Manejo Ambiental que las autoridades regionales tienen ahora cuatro años para expedir.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud @CaicedoUcros Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.