NoticiaLa auditoría reveló 23 hallazgos, presunta malversación de recursos e indagaciones por muertes de menores. Antioquia exige respuestas de la entidad.La Superintendencia reportó hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales Foto: Archivo EL TIEMPOPERIODISTA05.08.2026 15:47 Actualizado: 05.08.2026 15:47
Un intenso choque institucional y jurídico estalló entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Gobernación de Antioquia tras la presentación del informe de una auditoría integral que abarcó la gestión territorial entre 2025 y junio de 2026. El órgano de control nacional, encabezado por el superintendente Daniel Quintero Calle, reveló la detección de 23 hallazgos administrativos, 6 con posible alcance disciplinario para la Procuraduría, 4 de carácter fiscal para la Contraloría y 3 de índole penal remitidos a la Fiscalía General de la Nación. Lejos de quedar en un debate técnico, el enfrentamiento escaló al ámbito penal luego de que la Supersalud anunciara denuncias formales contra la secretaria de Salud departamental.Alma Solano secretaria de Salud de Antioquia Foto:Gobernación de AntioquiaEl aspecto financiero con mayor impacto en las pesquisas corresponde a una presunta malversación de 4.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos que estaban destinados a financiar acciones de salud pública en municipios de categorías 5 y 6. Según la investigación técnica de las delegaturas de la Superintendencia, dichos fondos terminaron consignados en cuentas bancarias de Empresas Sociales del Estado (ESE) sin que se formalizaran contratos previa y debidamente, y por fuera de las cuentas maestras oficiales, vulnerando mandatos constitucionales y legales. Adicionalmente, el organismo detectó irregularidades en la transferencia directa de dinero en municipios como Guarne y advirtió que los rendimientos financieros derivados de estas sumas nunca retornaron a las arcas estatales públicas.Cambios en la gobernación de Antioquia Foto:Archivo particularA la par con la severidad del componente fiscal, el informe incluyó expedientes de profunda gravedad social catalogados con alcance penal. El superintendente Quintero destacó entre ellos dos trágicos casos que involucran a comunidades indígenas: el deceso de una gestante menor de 15 años de la etnia Embera, atribuido a la falta de activación de protocolos de atención para embarazos de alto riesgo, y la muerte de una niña Embera Chamí en el municipio de Andes, cuyo fallecimiento tardó 138 días en ser advertido y reportado por las autoridades territoriales.Frente a la contundencia de las acusaciones, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, rechazó rotundamente las conclusiones del informe y defendió que la administración departamental ha actuado bajo principios de estricta transparencia y probidad. LEA TAMBIÉN Solano anunció que la Gobernación aportará todas las pruebas documentales y contables requeridas para desvirtuar las inconsistencias atribuidas a su gestión. Asimismo, cuestionó la imparcialidad del organismo nacional y denunció que en lo corrido del 2026 la Secretaría le trasladó a la Supersalud más de 50 alertas sobre fallas graves en la atención a pacientes dentro de Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) bajo intervención de la Nación, sin obtener respuesta alguna. En su réplica, la funcionaria departamental remarcó que las menores indígenas fallecidas estaban afiliadas a las aseguradoras Savia Salud y Coosalud, las cuales se encontraban bajo medida de intervención forzosa de la propia Supersalud al momento de registrarse los hechos, por lo que instó a revisar las omisiones de las EPS. Este escenario refleja la severa crisis de aseguramiento en la región: Savia Salud atiende a más de 1,5 millones de afiliados en Antioquia y arrastra un pasivo superior a los 1,8 billones de pesos, tras ser devuelta en abril de 2026 a la administración del departamento, el distrito y Comfama por orden judicial. Cooperativa Coosalud Foto:CoosaludPor su parte, Coosalud acumula millonarias deudas que ascienden a $291.000 millones con la red hospitalaria pública antioqueña (Aesa), amenazando la continuidad de servicios asistenciales para 400.000 usuarios en municipios vulnerables como El Bagre.La pugna alcanzó su punto crítico mediante un comunicado oficial en el que la Superintendencia Nacional de Salud reaccionó con firmeza ante las descalificaciones de la administración regional. Visitas del superintendente de Salud, Daniel Quintero, a distintos gestores farmacéuticos del país. Foto:SupersaludLa entidad calificó el trabajo fiscalizador como un ejercicio ordinario, riguroso y técnicamente sustentado que no responde a criterios ni conveniencias políticas.Asimismo, anunció que entablará denuncias penales contra la secretaria Alma Solano por los delitos de injuria, calumnia y violencia contra servidor público, al considerar que sus declaraciones atentan directamente contra la honra e integridad institucional del superintendente Daniel Quintero Calle y del organismo fiscalizador. Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
