NoticiaLa Secretaría de Salud de Antioquia aseguró que los recursos fueron manejados con transparencia y que entregará pruebas para desvirtuar los hallazgos.La Superintendencia reportó hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales. La Gobernación cuestionó las conclusiones, defendió su gestión y anunció que ejercerá su derecho a la defensa Foto: Archivo EL TIEMPOPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD04.08.2026 19:26 Actualizado: 04.08.2026 19:26
El superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, presentó este martes el informe ejecutivo de la auditoría integral realizada a la Gobernación de Antioquia, un ejercicio de vigilancia que —según explicó— cubrió los años 2025 y 2026 (con corte al 30 de junio) y que estuvo a cargo de las delegaturas de la Superintendencia Nacional de Salud. Según el funcionario, la auditoría dejó 23 hallazgos administrativos, 6 disciplinarios (que podrían derivar en acciones de la Procuraduría General de la Nación), 4 fiscales (a cargo de la Contraloría General de la República) y 3 de carácter penal, puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. LEA TAMBIÉN Daniel Quintero, superintendente de Salud. Foto:Jaiver Nieto Álvarez / ETCEAnte ello, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, respondió públicamente a los señalamientos. Antes de referirse a los hallazgos puntuales, cuestionó el manejo que —según ella— ha tenido la Superintendencia frente a los reportes que la propia Secretaría departamental le ha hecho llegar: aseguró que solo en 2026 el departamento ha reportado más de 50 situaciones que afectaron la vida de pacientes relacionados con IPS y EPS intervenidas, sin que a la fecha hayan recibido respuesta ni indicios de auditoría por parte de la entidad nacional. LEA TAMBIÉN La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez. Foto:Gobernación de AntioquiaEl supuesto hallazgo por $4.700 millonesEl señalamiento con mayor peso económico, de acuerdo con Quintero, es la presunta malversación de 4.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a acciones de salud pública en municipios de categorías 5 y 6. Según el superintendente, esos recursos habrían terminado en cuentas bancarias de Empresas Sociales del Estado (ESE) sin mediar contrato y por fuera de las cuentas maestras oficiales, lo que —afirmó— contraviene el artículo 288 de la Constitución Política y la Ley 1438 de 2011. También mencionó irregularidades en el municipio de Guarne, que habría recibido recursos de forma directa sin pasar por contrato, y señaló que los rendimientos financieros generados por esos dineros nunca fueron devueltos a las cuentas maestras.Sobre este punto específico, Solano aseguró que Antioquia siempre ha trabajado con los hospitales públicos con recursos manejados con total transparencia, y anunció que la Secretaría presentará todos los soportes necesarios para desvirtuar tanto este hallazgo como la tipificación fiscal que se le dio, con el fin de dar claridad completa sobre el ejercicio realizado con los recursos del Estado. LEA TAMBIÉN Dos hallazgos de tipo penal: muertes de menores indígenasEntre los tres hallazgos penales, Quintero se refirió a dos casos que calificó como los más graves: la muerte de una gestante indígena embera menor de 15 años, frente a la cual —dijo— la Gobernación habría sido negligente al no seguir los protocolos de atención a población embarazada de alto riesgo; y la muerte de una niña indígena de la comunidad embera chamí, en zona rural de Andes, en la que —según el superintendente— no solo faltó seguimiento al caso, sino que las autoridades tardaron 138 días en advertir que la menor había fallecido.Al respecto, Solano hizo un llamado de atención sobre lo que considera una contradicción en este punto: que se señale a la Secretaría de Salud de Antioquia por estos hechos, mientras —afirmó— no se aplica ningún tipo de acción contra las EPS a las que estaban afiliadas las menores al momento de su fallecimiento: Savia Salud y Coosalud, ambas intervenidas por la propia Supersalud cuando ocurrieron los hechos, donde —según la funcionaria— se presentaron fallas en la prestación de los servicios a estas pacientes. LEA TAMBIÉN En ese sentido, es clave señalar que Savia Salud, la EPS pública que opera en 125 municipios de Antioquia, estuvo bajo intervención forzosa de la Supersalud desde 2023. Sin embargo, en abril de 2026 el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió esa medida y ordenó devolver la administración a sus accionistas —la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama—, tras un fallo que aplicó el mismo precedente constitucional usado meses antes para revertir la intervención de Coosalud EPS, así como de Savia Salud, con base en la Sentencia SU-277 de 2025 de la Corte Constitucional. La entidad recibida por sus nuevos administradores arrastra, según su propia rendición de cuentas de 2025, pasivos cercanos a los 1,8 billones de pesos, con un 96,1 % de sus obligaciones concentradas en deudas directas con hospitales e IPS, y atiende a más de 1,5 millones de afiliados en el departamento. El Concejo de Medellín citó a un debate de control político a finales de julio para examinar ese desequilibrio financiero heredado de la intervención.Usuarios de la EPS Savia Salud en Medellín Foto:Archivo EL TIEMPOCoosalud, por su parte, tiene una trayectoria más agitada en 2026: en abril, el presidente Gustavo Petro señaló a la EPS como la primera candidata a perder su licencia de operación por fallas reiteradas en atención, finanzas o uso indebido de recursos, priorizando a la aseguradora con los peores estados financieros y el mayor volumen de quejas de usuarios. Meses después, un tribunal en Bolívar había suspendido provisionalmente su intervención, pero esa suspensión fue revocada y la Supersalud recuperó el control de la EPS para corregir fallas administrativas, financieras y de prestación de servicios, con acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, en beneficio de sus más de 3,3 millones de afiliados, especialmente en departamentos como Valle del Cauca y Antioquia.En Antioquia en particular, la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Aesa) advirtió que cerca de 400.000 afiliados de Coosalud están en riesgo de quedarse sin atención en servicios ambulatorios por una deuda de 291.000 millones de pesos con la red pública hospitalaria del departamento, con casos extremos como el del Hospital del Bagre, donde la cartera pendiente de Coosalud representa cerca del 80% de los ingresos de la institución. A escala nacional, una auditoría forense de la Contraloría a la EPS intervenida identificó deficiencias en la gestión de cartera, operaciones con soportes insuficientes y riesgos para recursos públicos, además de un incremento en peticiones, quejas y reclamos y problemas persistentes en la entrega de medicamentos.Coosalud permenaece bajo intervención y en un estado crítico. Foto:CoosaludLo que sigueQuintero anunció que el documento completo de la auditoría, de cerca de 200 páginas, será publicado, y adelantó que la Superintendencia prepara una nueva auditoría relacionada con la Alcaldía de Medellín y el Hospital General de esa ciudad. Por su parte, la Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Salud, insistió en que ejercerá su derecho a la defensa y espera que se reconozca el manejo transparente de los recursos del departamento.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud@CaicedoUcros Sigue toda la información de Salud en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
