NoticiaReporte del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga advierte que, para garantizar los comicios futuros, se debe entender el fenómeno.Foto de archivo. Segunda vuelta en Colombia 2026. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO05.08.2026 14:18 Actualizado: 05.08.2026 14:18
Los grupos armados ilegales sí ejercieron presión sobre la libertad del voto en distintas regiones del país durante la segunda vuelta presidencial de 2026. Esa es la principal conclusión de un nuevo informe de veeduría electoral realizado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que aclara que el fenómeno no obedeció a una estrategia nacional coordinada. LEA TAMBIÉN Mientras el debate político se ha concentrado en las denuncias del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico
de un supuesto fraude cibernético, que la Registraduría Nacional desmintió esta semana con una auditoría internacional de CAPEL, el informe sostiene que el principal riesgo para la integridad electoral estuvo en otra parte: la capacidad de los grupos armados para condicionar el voto en zonas bajo su control territorial.El Valle del Cauca es uno de los departamentos con riesgo. Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPOLa investigación es el resultado del análisis de 667 puestos de votación con señales de riesgo y anomalías electorales, equivalentes a cerca de 518.000 votos efectivos.Un fenómeno denunciado antes, durante y después de la elección Los hallazgos del informe guardan relación con varias denuncias que se conocieron antes, durante y después de la segunda vuelta presidencial, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales.En los días previos a la votación, líderes sociales de Cartagena del Chairá (Caquetá) denunciaron a La Silla Vacía que las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, mantenían presiones sobre comunidades para favorecer la candidatura oficialista de Iván Cepeda. Según esos testimonios, el grupo armado también habría obligado a transportadores fluviales a movilizar votantes con recursos propios y restringido la participación política en zonas bajo su control. LEA TAMBIÉN Ya durante la jornada del 21 de junio, la Misión de Observación Electoral (MOE) informó en la tarde que había recibido reportes de posibles irregularidades desde 19 departamentos, 39 municipios, Bogotá e incluso una denuncia proveniente de Italia. Entre los casos reportados figuraban presuntas presiones para orientar el voto, entrega de dinero a cambio de apoyar una candidatura y la exigencia de fotografiar el tarjetón marcado como mecanismo para verificar el cumplimiento de acuerdos ilegales.El 64,4 % de los puestos de votación con alertas estuvieron fuera de Bogotá. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPOTras conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella y la certificación de los resultados por parte de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, la organización Misión Colombia Transparente presentó una denuncia penal contra las disidencias de las Farc y el ELN por el presunto delito de constreñimiento al sufragante. La organización sostuvo que esas estructuras habrían buscado favorecer la candidatura de Iván Cepeda en 520 municipios y más de 5.000 puestos de votación.No obstante, el informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga hace una precisión importante: sus hallazgos no atribuyen responsabilidades a candidatos o campañas políticas, sino que documentan patrones territoriales de presión sobre los electores en zonas con presencia de grupos armados.Los principales hallazgosLa investigación encontró que los mayores riesgos se concentraron en Cauca, Nariño y Chocó, departamentos que reunieron el 64,4 % de los puestos de votación con alertas fuera de Bogotá. También se identificaron focos importantes en Norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia. LEA TAMBIÉN Entre los mecanismos documentados aparecen retenes ilegales, restricciones a la movilidad, exigencia del certificado electoral para transitar, revisión de teléfonos celulares, vigilancia sobre la participación y presiones para respaldar determinadas candidaturas. En varias zonas rurales, además, se registraron incrementos atípicos de participación y una concentración inusual del voto en un solo candidato.Foto de archivo. Las autoridades del Valle coordinan el desarrollo de las estrategias de seguridad. Foto:GobernaciónUno de los hallazgos más relevantes es que 336 puestos de votación ya habían presentado anomalías durante la primera vuelta, lo que, según el informe, demuestra que la presión armada no fue un hecho aislado sino un patrón persistente. En un análisis, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) examinó el mismo fenómeno a escala de puesto de votación —no de municipio— y llegó a conclusiones convergentes con el nombrado reporte. "Coincide en que existen comportamientos atípicos que ameritan investigación, pero que el fenómeno es localizado, concentrado y heterogéneo, y que su magnitud no basta, por sí sola, para explicar el resultado nacional".La alerta para 2027Más allá del balance sobre las presidenciales, el instituto advierte que el riesgo continúa de cara a las elecciones territoriales (municipales y departamentales) de 2027.Los actores en riesgo alcanzan a comunidades enteras, juntas de acción comunal, liderazgos sociales, candidatos y campañas locales. LEA TAMBIÉN Los actores en riesgo alcanzan a comunidades enteras. Foto:iStockEl informe sostiene que, mientras los grupos armados mantengan el control sobre amplias zonas del país, seguirán teniendo capacidad para influir en la participación política y en la competencia electoral a nivel local. Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
