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El Tribunal Constitucional tendrá en sus manos una controversia que podría marcar un precedente sobre la relación entre la inversión privada y la regulación estatal en el Perú. Tras la admisión del recurso presentado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, el máximo intérprete de la Constitución deberá determinar si el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) puede ejercer plenamente sus facultades de supervisión, regulación y fiscalización sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
La admisión del recurso no modifica las competencias actuales de Ositrán ni implica un pronunciamiento sobre el fondo del caso. Sin embargo, abre una etapa constitucional que permitirá definir los límites del control estatal cuando una infraestructura desarrollada mediante inversión privada presta un servicio considerado de uso público y de importancia estratégica para el comercio exterior.
El proceso enfrenta dos interpretaciones jurídicas distintas. Por un lado, Cosco sostiene que el puerto fue construido bajo un esquema de inversión privada y no mediante una concesión otorgada por el Estado, por lo que considera que no corresponde aplicar el mismo régimen regulatorio previsto para otras infraestructuras portuarias administradas bajo concesión.
