El Gobierno, a través de la Prefectura Naval Argentina (PNA), intimó formalmente a los profesionales del practicaje y pilotaje de barcos para que reanuden sus funciones de forma inmediata tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar las naves en ríos, pasos y canales de la hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.La PNA, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente.Desde la fuerza de seguridad advirtieron, a través de un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial firmado por Guillermo José Giménez Perez, Prefecto Nacional Naval, que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación. Según el artículo 190 del CP, “será reprimido con prisión de dos a ocho años el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”; en tanto, el artículo 194 al que hace referencia la PNA reza: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.El origen del conflictoLa huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.