Una nueva crisis estalló en nuestro país: por un lado el Gobierno Federal sostiene que se requiere una nueva ley para regular la información que se difunde por los medios de comunicación bajo el argumento de proteger los “derechos de las audiencias”, por el otro, la sociedad teme que ello sea un intento de censura y autoritarismo. ¿De verdad en México se requiere una norma para inhibir la difusión de información presuntamente falsa? Probablemente sí, mas no de la manera ni con el objetivo que nuestras autoridades persiguen. Existe una discusión histórica acerca de cómo se define lo real y la realidad. La filosofía, la psicología y otras disciplinas han intentado explicar por casi 3 mil años qué es la verdad. Pese a que en apariencia debería ser sencillo distinguir entre hechos objetivos, opiniones o sesgos individuales, lo cierto es que ni los ejercicios intelectuales ni la investigación científica han logrado establecer una fórmula para concluir fehacientemente qué es una verdad universal. No obstante lo anterior, el gobierno federal abrió un “proceso de consulta” -un ejercicio que en nuestro país suele ser una mera simulación sin legitimidad ni representatividad- sobre nuevos lineamientos para regular la radio y la televisión. Se supone que éstos permitirán garantizar información veraz y distinguir las noticias de las opiniones, gracias a un censor gubernamental que apruebe, elimine o sancione dicho contenido. Lo que sigue sin quedar claro es por qué el Gobierno Federal busca impulsar una nueva regulación que proteja derechos que ya se protegen. En México ya existen normas jurídicas que evitan que los ciudadanos seamos víctimas de productos y servicios fraudulentos; difamación o chantajes. Entonces ¿para qué ampliar el catálogo de normas que afectan a quienes comunican? ¿Acaso lo que en realidad el oficialismo busca -así como una gran parte de la opinión pública sostiene- es contar con mayores mecanismos para evitar que se difundan algunas noticias que puedan afectar su popularidad? Nadie puede negarlo, gobernar una sociedad con opiniones diversas, criterios, niveles de acceso a la información y procesamiento de la misma desiguales, es mucho más difícil que gobernar de manera autoritaria. Mientras que en una sociedad democrática la autoridad está obligada a ser transparente y rendir cuentas, en el autoritarismo “la verdad” se impone. En un país democrático ante toda información -verídica, parcial o supuestamente falsa- se atiende con explicaciones, evidencias, reparación del daño, cambio de políticas e incluso con reconfiguraciones de gobierno, como forma de proteger derechos como la libertad de expresión o la libertad de ideología; en las sociedades autoritarias se impone la conversación pública, cómo debe pensar la gente y qué puede expresar. En este tipo de gobiernos se busca homogeneizar la sociedad y se penaliza toda idea ajena, toda noticia que contraste la narrativa oficial. Precisamente porque toda sociedad democrática protege los derechos y las libertades, existen regulaciones para prevenir y sancionar cuando alguien difunda información falsa que conlleve un daño a individuos o comunidades. Por ejemplo, en una sociedad democrática una persona es libre de creer que un cometa -como pudo ser el 3I-Atlas- es una nave espacial, lo que eventualmente se puede sancionar es si a partir de esa creencia se comete algún tipo de delito. Sí, los medios de comunicación son responsables de lo que informan, por ello, ya existen dichas regulaciones. Sin embargo, lo que nos urge es restringir la información falsa, sesgada, ideologizada de cualquier gobierno. Una autoridad debe exponer datos, no opiniones, a mayor razón cuando carecen de veracidad, pueden estas tener graves consecuencias y quedar impunes pese al daño ocasionado. Desde hace ocho años, el actual régimen a nivel federal, estatal y local ha impuesto un mecanismo de “información” en donde casi a diario el presidente, los gobernadores y alcaldes en turno, han usado la tribuna pública para difundir sus opiniones e ideologías que hacen pasar por verdades absolutas. Por ejemplo, la consultora SPIN documentó cómo el expresidente López hizo más de 100 mil afirmaciones que resultaban falsas, engañosas o no comprobables, en sus conferencias mañaneras. Ello se ha repetido y replicado también por un sinfín de autoridades, sin que ello haya derivado en algún tipo de sanción, pese a los riesgos que dichas opiniones, falsedades o imprecisiones representan. Para muestra un botón: nadie sancionó las opiniones hechas pasar como verdad del expresidente López, que afirmó -salgan, abrácense y protéjanse con un “detente”- en plena pandemia de COVID-19 o que ya teníamos el mejor sistema de salud del mundo o que ya no había desabasto de medicamentos o que se había acabado la corrupción en México o que los padres de niños enfermos de cáncer -a los que no les proveían del medicamento necesario-, eran un movimiento golpista. Si un medio de comunicación miente, indudablemente hace daño, un daño infinitamente menor e incomparable, a la de una autoridad que con su poder puede acusar, mentir y verte opiniones a modo, disfrazándolas de verdad. Desinformación que puede destruir la vida de ciudadanos y comunidades enteras. Por ende, sí, necesitamos un sistema que regule el derecho de las audiencias a que toda autoridad declare información, verídica y confiable, que sea transparente y rinda cuentas y que de no hacerlo, sea oportunamente sancionada. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
¿Necesitamos proteger a las audiencias? Probablemente sí, pero no cómo ni para lo que se propone, escribe Francisco Rivas
Una nueva crisis estalló en nuestro país: por un lado el Gobierno Federal sostiene que se requiere una nueva ley para regular la información que se difunde por los medios de comunicación bajo el argumento de proteger los “derechos de las audiencias”, por el otro, la sociedad teme que ello sea un intento de censura y autoritarismo. ¿De verdad en México se requiere una norma para inhibir la difusión de información presuntamente falsa? Probablemente sí, mas no de la manera ni con el objetivo que nuestras autoridades persiguen. Existe una discusión histórica acerca de cómo se define lo real y la realidad. La filosofía, la psicología y otras disciplinas han intentado explicar por casi 3 mil años qué es la verdad. Pese a que en apariencia debería ser sencillo distinguir entre hechos objetivos, opiniones o sesgos individuales, lo cierto es que ni los ejercicios intelectuales ni la investigación científica han logrado establecer una fórmula para concluir fehacientemente qué es una verdad universal. No obstante lo anterior, el gobierno federal abrió un “proceso de consulta” -un ejercicio que en nuestro país suele ser una mera simulación sin legitimidad ni representatividad- sobre nuevos lineamientos para regular la radio y la televisión. Se supone que éstos permitirán garantizar información veraz y distinguir las noticias de las opiniones, gracias a un censor gubernamental que apruebe, elimine o sancione dicho contenido. Lo que sigue sin quedar claro es por qué el Gobierno Federal busca impulsar una nueva regulación que proteja derechos que ya se protegen. En México ya existen normas jurídicas que evitan que los ciudadanos seamos víctimas de productos y servicios fraudulentos; difamación o chantajes. Entonces ¿para qué ampliar el catálogo de normas que afectan a quienes comunican? ¿Acaso lo que en realidad el oficialismo busca -así como una gran parte de la opinión pública sostiene- es contar con mayores mecanismos para evitar que se difundan algunas noticias que puedan afectar su popularidad? Nadie puede negarlo, gobernar una sociedad con opiniones diversas, criterios, niveles de acceso a la información y procesamiento de la misma desiguales, es mucho más difícil que gobernar de manera autoritaria. Mientras que en una sociedad democrática la autoridad está obligada a ser transparente y rendir cuentas, en el autoritarismo “la verdad” se impone. En un país democrático ante toda información -verídica, parcial o supuestamente falsa- se atiende con explicaciones, evidencias, reparación del daño, cambio de políticas e incluso con reconfiguraciones de gobierno, como forma de proteger derechos como la libertad de expresión o la libertad de ideología; en las sociedades autoritarias se impone la conversación pública, cómo debe pensar la gente y qué puede expresar. En este tipo de gobiernos se busca homogeneizar la sociedad y se penaliza toda idea ajena, toda noticia que contraste la narrativa oficial. Precisamente porque toda sociedad democrática protege los derechos y las libertades, existen regulaciones para prevenir y sancionar cuando alguien difunda información falsa que conlleve un daño a individuos o comunidades. Por ejemplo, en una sociedad democrática una persona es libre de creer que un cometa -como pudo ser el 3I-Atlas- es una nave espacial, lo que eventualmente se puede sancionar es si a partir de esa creencia se comete algún tipo de delito. Sí, los medios de comunicación son responsables de lo que informan, por ello, ya existen dichas regulaciones. Sin embargo, lo que nos urge es restringir la información falsa, sesgada, ideologizada de cualquier gobierno. Una autoridad debe exponer datos, no opiniones, a mayor razón cuando carecen de veracidad, pueden estas tener graves consecuencias y quedar impunes pese al daño ocasionado. Desde hace ocho años, el actual régimen a nivel federal, estatal y local ha impuesto un mecanismo de “información” en donde casi a diario el presidente, los gobernadores y alcaldes en turno, han usado la tribuna pública para difundir sus opiniones e ideologías que hacen pasar por verdades absolutas. Por ejemplo, la consultora SPIN documentó cómo el expresidente López hizo más de 100 mil afirmaciones que resultaban falsas, engañosas o no comprobables, en sus conferencias mañaneras. Ello se ha repetido y replicado también por un sinfín de autoridades, sin que ello haya derivado en algún tipo de sanción, pese a los riesgos que dichas opiniones, falsedades o imprecisiones representan. Para muestra un botón: nadie sancionó las opiniones hechas pasar como verdad del expresidente López, que afirmó -salgan, abrácense y protéjanse con un “detente”- en plena pandemia de COVID-19 o que ya teníamos el mejor sistema de salud del mundo o que ya no había desabasto de medicamentos o que se había acabado la corrupción en México o que los padres de niños enfermos de cáncer -a los que no les proveían del medicamento necesario-, eran un movimiento golpista. Si un medio de comunicación miente, indudablemente hace daño, un daño infinitamente menor e incomparable, a la de una autoridad que con su poder puede acusar, mentir y verte opiniones a modo, disfrazándolas de verdad. Desinformación que puede destruir la vida de ciudadanos y comunidades enteras. Por ende, sí, necesitamos un sistema que regule el derecho de las audiencias a que toda autoridad declare información, verídica y confiable, que sea transparente y rinda cuentas y que de no hacerlo, sea oportunamente sancionada. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
