NoticiaAl menos mil campesinos, mineros y líderes sociales protestan en Bogotá contra tres resoluciones que restringirían su actividades económicas.Las comunidades rechazan una posible Zona de Reserva Permanente en California y advierten que la medida pondría en riesgo el sustento de más de 3.000 familias. Foto: CortesíaPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD03.08.2026 12:48 Actualizado: 03.08.2026 12:48
Campesinos y pequeños mineros de Santander se encadenaron este lunes frente a las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Bogotá, como una medida de protesta para exigir que no sean expedidas tres resoluciones que, según denuncian, restringirían actividades económicas legales en cerca de 75.000 hectáreas y afectarían a más de 25.000 santandereanos. LEA TAMBIÉN La protesta reúne a al menos mil campesinos, pequeños mineros, comerciantes, líderes sociales, emprendedores y habitantes de siete municipios de Santander: Bucaramanga, California, Vetas, Suratá, Charta, Matanza y Tona. Los manifestantes cuestionan que el Ministerio pretenda adoptar las decisiones a pocos días de finalizar el actual Gobierno Nacional y sostienen que los procesos no han contado con suficiente sustento técnico ni con mecanismos adecuados de participación ciudadana.Campesinos y mineros de Santander protestan contra resoluciones de MinAmbiente. Foto:CortesíaUno de los principales puntos de preocupación para las comunidades es la posible declaratoria de una Zona de Reserva de Recursos Naturales Permanente en el sector de La Baja, en California, una medida que, de acuerdo con los manifestantes, pondría en riesgo el sustento de más de 3.000 familias campesinas y mineras y podría conducir a cientos de pequeños mineros hacia la ilegalidad, el desplazamiento o la exposición a grupos criminales.Las comunidades también rechazan la prórroga de una Zona de Reserva Temporal, que afecta cerca de 75.000 hectáreas en seis pueblos de Soto Norte y tres corregimientos de Bucaramanga. A esto se suma una delimitación parcial del Páramo de Santurbán que, según los líderes de la protesta, el Ministerio pretende adoptar desconociendo acuerdos previos alcanzados con las comunidades entre 2023 y 2025.Los manifestantes sostienen que las tres resoluciones comprometerían el futuro de miles de familias campesinas y mineras, restringirían actividades económicas legales y eliminarían posibilidades de avanzar en procesos de formalización minera.“Lo que el Ministerio quiere imponer no es una Zona de Reserva Permanente sino una Zona de Ruina y Pobreza”, manifestó Fabio Maldonado, representante de la organización GPS (Gran Paso Social por California). Según el dirigente, las medidas afectarían la economía de familias que desarrollan actividades legales por fuera del Páramo de Santurbán y podrían generar condiciones que favorezcan el desplazamiento de comunidades y la expansión de grupos criminales. LEA TAMBIÉN En la provincia de Soto Norte, en Santander, la mayoría de sus habitantes se dedican a la minería. Foto:Las comunidades aseguran que su protesta no se opone a la protección ambiental. Su cuestionamiento, explican, está dirigido a decisiones que consideran adoptadas sin información suficiente, sin concertación y sin garantías para las poblaciones directamente afectadas.En ese sentido, sostienen que el proceso adelantado por el Ministerio desconoce derechos fundamentales relacionados con la participación ciudadana, la transparencia y el debido proceso administrativo. También consideran que contradice compromisos de participación ambiental contemplados en el Acuerdo de Escazú y que desconoce decisiones de la Corte Constitucional, el Tribunal Superior de Santander, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.Una tutela en medio de la controversiaLa movilización se produce además pocos días después de que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga admitiera una acción de tutela presentada por habitantes de California durante el trámite de declaratoria de la reserva permanente en La Baja.La acción judicial plantea posibles vulneraciones de los derechos fundamentales de acceso a la información, participación ciudadana, debido proceso administrativo e igualdad. De acuerdo con los manifestantes, la tutela cuenta con el respaldo de más de 100 organizaciones sociales y líderes comunitarios.Como parte del soporte presentado ante la justicia, las comunidades entregaron un Informe Pericial de Informática Forense, elaborado bajo estándares internacionales de análisis de evidencia digital. El documento, según la información entregada por los manifestantes, habría identificado múltiples modificaciones realizadas por el Ministerio durante el periodo de consulta pública, desarrollado entre el 15 y el 29 de julio. LEA TAMBIÉN Vetas, Santander. Foto:Viajar en verano.De acuerdo con el dictamen citado por las comunidades, durante ese periodo se habrían cambiado documentos en medio de la consulta, incorporado de manera tardía cartografía que afecta a más de 3.000 familias campesinas y mineras, modificado el enlace oficial de descarga y sustituido archivos que originalmente habían sido publicados.También se señala que el Ministerio habría incrementado el contenido y el número de documentos disponibles para consulta cuando faltaban apenas seis días para el cierre del proceso. Para los promotores de la tutela, estas modificaciones habrían dificultado el acceso oportuno a la información necesaria para que las comunidades pudieran participar de manera efectiva.A días del cambio de Gobierno, mineros de Santander se encadenaron contra decisiones de MinAmbiente Foto:CortesíaLas comunidades consideran que estas actuaciones podrían dar lugar a investigaciones penales y disciplinarias y cuestionan que el Ministerio pretenda avanzar con las decisiones mientras la acción judicial continúa en trámite.Lo que piden los pequeños minerosDurante la protesta, los representantes de las comunidades también elevaron una solicitud formal ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) para pedir una defensa activa de los pequeños mineros, de los titulares legalmente constituidos y de las comunidades que, aseguran, han desarrollado durante generaciones sus actividades dentro de la ley.Entre sus solicitudes está la protección de todos los títulos mineros vigentes, así como garantías frente a lo que consideran procesos de estigmatización y persecución de quienes ejercen minería legal.Los manifestantes también pidieron que cualquier decisión que afecte al sector sea adoptada con criterios técnicos y jurídicos y bajo condiciones de seguridad jurídica. Para las comunidades, la institucionalidad minera debe tener en cuenta las condiciones reales de los territorios y evitar que las decisiones queden subordinadas a discursos políticos. LEA TAMBIÉN Protestas este 3 de agosto frente al Ministerio de Ambiente. Foto:CortesíaIvonne González, una de las participantes de la movilización, pidió a la ANM no permanecer indiferente frente a la situación y confió en que la entidad utilice su conocimiento técnico para evaluar las decisiones que se pretenden adoptar.Los líderes también alertaron que debilitar la minería legal y frenar los procesos de formalización podría abrir espacios para el crecimiento de grupos criminales en territorios históricamente afectados por la presencia de actores armados y donde, según sostienen, el Estado ha enfrentado dificultades para ejercer control institucional.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud@CaicedoUcros Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
