Resume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00¿Cómo podemos comprender y transformar lo grave que ocurre en la Universidad Nacional de Colombia?José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional de Colombia.Foto: Luz Stella Millán, especial para El EspectadorInvito a todos los colombianos a reflexionar sobre la relación entre una serie de hechos que, a primera vista, podrían parecer inconexos: el intento de asesinato del representante estudiantil Kevin Arrigui; el reciente proceso de designación del representante de los rectores ante el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CONECTI y su incidencia en la conformación de la terna que llega al Consejo Nacional de Educación Superior CESU, para la elección de su delegado ante el Consejo Superior Universitario CSU de la Universidad Nacional de Colombia; las controversias judiciales alrededor de la designación del rector de la Universidad; las gravísimas amenazas e intimidaciones contra estudiantes, docentes y directivos, que van desde la estigmatización pública hasta amenazas de muerte; los intentos de control sobre diversas universidades públicas; y la toma del edificio Uriel Gutiérrez por parte de personas que posteriormente fueron capturadas y hoy enfrentan procesos judiciales. Analizados en conjunto, estos acontecimientos permiten identificar claramente patrones que merecen una reflexión profunda de todos los ciudadanos colombianos y sus instituciones sobre la violencia y las violencias, la autonomía universitaria y la defensa de la institucionalidad democrática.La Universidad Nacional de Colombia con 158 años de historia ha atravesado en el último tiempo uno de los periodos más complejos de su historia reciente. Lo que comenzó como una sucesión de disturbios aparentemente aislados terminó convirtiéndose en un fenómeno persistente que afectó la convivencia universitaria, la seguridad de los ciudadanos, el funcionamiento institucional y la confianza en los mecanismos democráticos de resolución de conflictos.Las cifras son reveladoras. En 2022 se registraron aproximadamente veinte disturbios en el entorno de la sede Bogotá. En 2023 la cifra ascendió a veintiocho y en 2024 alcanzó treinta y cinco. Durante esos años, los hechos violentos no afectaron exclusivamente a la Fuerza Pública. También resultaron perjudicados ciudadanos, estudiantes, trabajadores universitarios, bienes públicos y el sistema de transporte masivo de la capital colombiana.Uno de los casos más graves ocurrió el 23 de junio de 2023, cuando el patrullero John Freddy Rodríguez Sandoval sufrió lesiones que lo dejaron en estado crítico. Las autoridades atribuyeron estos hechos a Diego Fernando Perilla Carvajal, alias “Pirulo”, quien posteriormente fue capturado. Resulta significativo que, según la información oficial divulgada en su momento, este individuo no tenía ningún vínculo con la Universidad Nacional ni había sido estudiante universitario.Designación rectoralEl anterior antecedente permite comprender mejor los acontecimientos que siguieron al proceso de designación rectoral de 2024. Tras mi designación como rector de la Universidad Nacional de Colombia el 8 de abril de ese año, un grupo de encapuchados armados con machetes ocupó el edificio Uriel Gutiérrez, sede de la administración central de la Universidad. Durante varias semanas la institución fue sometida a acciones de presión e intimidación incompatibles con la vida universitaria. Vigilantes fueron amenazados, algunos fueron rociados con gasolina y advertidos de que serían incendiados; uno de ellos fue retenido contra su voluntad y amenazado de muerte. La Universidad debió enfrentar una situación que trascendía ampliamente el marco de la protesta social legítima.La gravedad de estos acontecimientos quedó reflejada en las investigaciones que culminaron el 11 de diciembre de 2025, con la captura de once personas acusadas de integrar la denominada “Brigada Clandestina PPP”, Por y Para el Pueblo. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los detenidos habrían participado en actividades catalogadas como terroristas y fueron señalados no solo por hechos violentos ocurridos en Bogotá, sino también por su presunta participación en la toma del edificio Uriel Gutiérrez. Al igual que ocurrió en el caso de alias “Pirulo”, anteriormente mencionado aquí, ninguna de las personas capturadas pertenecía a la Universidad Nacional de Colombia ni a otra institución de educación superior. Diversos reportes periodísticos también dieron cuenta de presuntos vínculos de esta estructura con el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, organización que, según las autoridades, habría suministrado recursos y material para el desarrollo de estas actividades.En este contexto, un hecho merece especial atención: tras la captura de los once integrantes de la denominada Brigada Clandestina PPP no volvieron a registrarse disturbios violentos en la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Durante más de tres años estos episodios habían sido recurrentes, llegando a presentarse varias veces por semana y caracterizándose por el uso de machetes, hachas, artefactos incendiarios y otras formas de violencia. Después de las capturas persistieron expresiones de propaganda política, distribución de panfletos, grafitis e incluso algunas interrupciones esporádicas de la movilidad, pero desaparecieron los disturbios violentos que habían marcado la vida cotidiana de la Universidad y de amplios sectores de la ciudad. Esa coincidencia temporal constituye un hecho que merece ser considerado con seriedad en cualquier análisis sobre lo ocurrido.Combinación de las diferentes formas de lucha en el escenario académicoSin embargo, la violencia no desapareció por completo. Cambió de escenario y de método.Una de sus expresiones más preocupantes ha sido la intimidación sistemática contra quienes han defendido el diálogo, la legalidad y la resolución institucional de los conflictos. Las amenazas contra estudiantes, profesores, decanos, directivos y funcionarios se han expresado mediante grafitis, pancartas, campañas en redes sociales y mensajes directos. En algunos casos, profesoras y directivas universitarias han debido abandonar temporalmente sus labores o incluso salir del país para proteger su integridad.Representación universitariaRecientemente, la situación volvió a manifestarse de manera dramática con el ataque contra el representante estudiantil Kevin Arrigui. Lo ocurrido puso en evidencia que la intolerancia en la representación universitaria sigue presente y que el ejercicio de la representación universitaria puede convertirse en un factor de riesgo cuando determinados sectores consideran legítimo recurrir a la intimidación o a la violencia para imponer sus posiciones. Ninguna diferencia política o ideológica puede justificar una agresión de esa naturaleza.Todo esto debe analizarse a la luz de una política que buscaba la articulación simultánea de acciones de movilización, presión política, activismo jurídico, propaganda y, en algunos casos, expresiones de violencia, orientadas a alcanzar objetivos de poder. Lo preocupante no es únicamente la existencia de cada una de estas manifestaciones por separado, sino la manera en que parecen converger y reforzarse mutuamente en determinados momentos de la vida institucional.Mientras algunos actores ejercían presión mediante la movilización, la intimidación o la ocupación de espacios universitarios, en una estrategia que varios de sus promotores denominaron “desobediencia civil” y control de los órganos de gobierno de la Universidad, también se desarrollaba una intensa disputa por el control de los órganos de gobierno de la Universidad. Fue en ese contexto donde se produjo la designación de Leopoldo Múnera como rector de la UNAL. Conviene recordar que dicha decisión contó con un papel determinante del entonces representante del CESU ante el CSU de la Universidad Nacional, cuya actuación resultó fundamental para la conformación de la mayoría que adoptó esa determinación. La legalidad de este procedimiento fue posteriormente cuestionada mediante diversas demandas que llevaron el asunto ante la jurisdicción contencioso-administrativa.La sociedad debe recordar que este intento de toma de la UNAL también se intentó en varias universidades públicas del país. El Consejo de Estado, mediante decisión de noviembre de 2025, concluyó que dicha designación había sido realizada de manera ilegal. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del 17 de febrero de 2026, ordenó la restauración del cargo rectoral en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Más allá de las posiciones políticas existentes alrededor de estos acontecimientos, las decisiones judiciales reafirmaron que en un Estado de derecho las controversias deben resolverse por las vías institucionales y no por los hechos consumados.¿Decisiones académicas o activismo político?La discusión actual gira nuevamente alrededor de la elección del representante del CESU ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. Se trata de un asunto de enorme importancia porque dicho delegado participa directamente en las decisiones estratégicas de la principal universidad pública del país. Y la primera de ellas será la designación de los decanos que dirigirán la vida académica de la institución hacia el futuro de programas académicos, de investigación y de extensión o hacia el activismo político.El proceso comenzó con la convocatoria realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para elegir al representante de los rectores ante el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONECTI). La convocatoria fue publicada el 15 de julio de 2026 y estableció un plazo de inscripción de apenas unas horas durante ese mismo día. Cinco candidatos lograron inscribirse y siete rectores participaron posteriormente en la votación que eligió como representante al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí González.La relevancia de esta elección radica en que la representación ante el CONECTI participa en la definición de la terna que posteriormente es presentada al CESU, organismo encargado de escoger a su delegado ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. En consecuencia, la conformación de esa terna no es una cuestión menor: tiene efectos directos sobre la composición del máximo órgano de dirección de la Universidad y sobre el futuro de sus decisiones estratégicas.Las inquietudes generadas por el procedimiento fueron compartidas por diversos rectores de universidades públicas, quienes llamaron la atención sobre la reducida publicidad de la convocatoria y las limitaciones para garantizar una participación amplia. En respuesta a estos cuestionamientos, la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre presuntas irregularidades en el proceso y solicitó que se examinaran cuidadosamente las condiciones en que se adelantó la elección. La intervención del organismo de control elevó la discusión del ámbito académico al terreno institucional, al poner de presente que no se trataba únicamente de un debate político, sino también de una controversia relacionada con la transparencia y las garantías que deben rodear la conformación de los órganos del sistema de educación superior.Sin embargo, pese a estas advertencias, el proceso continuó su curso. Ello alimentó la preocupación de quienes consideran que ciertas decisiones se adoptan bajo el supuesto de que, aun cuando posteriormente puedan ser objeto de revisión judicial, los efectos inmediatos de los actos administrativos terminan produciendo consecuencias institucionales difíciles de revertir. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá ordenar que se elija nuevamente al delegado de los rectores ante el CONACTI y al representante del CESU ante el CSU, pero a lo que apuesta el gobierno saliente es que las decanas y decanos de la UNAL quedarán nombrados así como las otras decisiones que tome el CSU de la UNAL. Vista en conjunto, la secuencia de hechos es cuando menos inquietante. El accionar de grupos externos como aquellos representados por alias “Pirulo” y por los integrantes de la Brigada Clandestina PPP; la toma del edificio Uriel Gutiérrez; las amenazas contra miembros de la comunidad universitaria; el ataque contra Kevin Arrigui; las controversias judiciales sobre la rectoría; las advertencias de la Procuraduría; y las disputas alrededor de la conformación de la terna que llega al CESU no constituyen fenómenos completamente aislados. Corresponde a la sociedad, a las autoridades y a la comunidad académica examinar si detrás de ellos existe una estrategia más amplia orientada a influir en la dirección y el gobierno de las universidades públicas colombianas. Por esta razón, hago un llamado a que la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Educación Nacional y los consejeras y consejeros del CESU devuelvan la terna al CONACTI para que una vez surtida de manera correcta la elección de representante de los rectores a ese Consejo, pueda ser elaborada una terna con plena consciencia de todos y cada uno de sus miembros.Cualquier intento de utilizar la violencia, el miedo o la intimidación para afectar la participación, la representación o el debate democrático constituye una amenaza directa contra la autonomía universitaria, la convivencia y los derechos fundamentales de quienes integran nuestra comunidad académica. Las diferencias académicas, políticas o institucionales son inherentes a la vida universitaria y, lejos de debilitarla, enriquecen su misión y fortalecen su capacidad de servir al país. Sin embargo, esas diferencias solo pueden tramitarse mediante el diálogo, la deliberación argumentada, el respeto por las instituciones y el reconocimiento de la dignidad humana de quienes piensan distinto. Ningún desacuerdo justifica las amenazas, las agresiones o cualquier forma de amedrentamiento.Por ello, convoco a la sociedad colombiana, a las autoridades y a todas las instituciones democráticas a rodear y proteger a la Universidad Nacional de Colombia. Es indispensable rechazar toda forma de violencia, respetar las decisiones judiciales, atender las advertencias de los organismos de control y garantizar que los procesos de representación y gobierno universitario se desarrollen con transparencia, legalidad y plena participación. Solo así podremos impedir que esta escalada de confrontación continúe avanzando y preservar el carácter plural, autónomo y democrático de la principal universidad pública del país.En coherencia con ese propósito, he invitado a los estudiantes y a todos los actores que hoy se confrontan en las redes sociales, independientemente de sus posiciones ideológicas o políticas, a que nos sentemos a conversar. Debemos reencontrarnos en aquello que nos une: el amor por nuestra Universidad y el compromiso con la construcción de los proyectos de vida de quienes hacen parte de ella. Solo mediante el diálogo franco, el reconocimiento mutuo y la voluntad de escucharnos podremos tramitar nuestros desacuerdos de manera civilizada y avanzar juntos en beneficio de toda la comunidad universitaria y de los territorios de donde provenimos y del país.La Universidad Nacional de Colombia ha superado numerosas crisis a lo largo de su historia y también superará esta. Pero ello exige reafirmar nuestro compromiso colectivo con la convivencia, la libertad de pensamiento y el respeto mutuo. La Universidad debe seguir siendo un referente de pensamiento crítico, producción de conocimiento y construcción de futuro para la nación. Que el debate regrese siempre al lugar que le corresponde: el de las ideas, los argumentos, la reflexión rigurosa y el respeto por los demás. Solo así podremos dedicar nuestras energías a los desafíos que realmente determinarán el futuro de la educación superior y del país: la renovación curricular y pedagógica, la transformación de los procesos de enseñanza y evaluación en la era de la inteligencia artificial, y la construcción de respuestas científicas, tecnológicas y sociales frente al cambio climático y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es la Universidad que hemos construido entre generaciones de colombianos; una Universidad que piensa el país, transforma realidades y amplía oportunidades. Esa es la Universidad que estamos llamados a defender y a proyectar hacia el futuro.* Rector de la Universidad Nacional de Colombia.Conoce más