Cada vez que un niño abre TikTok, YouTube o Instagram, un sistema invisible decide qué verá. El algoritmo de recomendación prioriza el contenido por la probabilidad de retener la atención: el tiempo de visualización, las interacciones y la posibilidad de que el usuario siga navegando. Las infancias en México terminan sumidas y replican en su día a día este contenido pensado, en muchos casos, para audiencias adultas. A diferencia de los medios tradicionales en el país, que sí cuentan con normas como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ningún organismo público en México regula la responsabilidad de las grandes tecnológicas. Los daños a los niños y adolescentes van más allá de la pantalla. Hay un dato perturbador: el 13% de los menores mexicanos —unos 1,6 millones— que han sufrido abusos sexuales han sido facilitados por internet y las redes sociales, según el estudio Disrupting Harm, elaborado por instituciones como Interpol y Unicef. Además de la violencia sexual, el informe muestra que las víctimas tienen 15 veces más probabilidades de autolesionarse; 12 veces más de tener pensamientos suicidas; y 11 veces más de desarrollar ansiedad. El estudio también advierte de que el avance tecnológico deja atrás a los marcos legales. La cuarta principal forma de violencia digital se relaciona con el uso de inteligencia artificial (IA), ya que hay víctimas que reciben chantajes con fotografías de contenido sexual generadas con esa tecnología y que contienen su rostro. “El entorno digital, por sí mismo, no genera elementos negativos. Es un espacio que ofrece oportunidades para el aprendizaje, la conexión, el juego y la autoexpresión de niñas, niños y adolescentes. Por lo que la prioridad debe ser la creación de espacios digitales seguros”, explica José Antonio Ruiz Hernández, oficial de Protección a la Infancia en Unicef México. Sin embargo, crear esos espacios resulta cada vez más difícil cuando las empresas automatizan procesos para reducir costos, sin cuidar el contenido que llega a los menores. La legislación mexicana aún deja vacíos importantes en el tema, opina el experto. No sanciona a quienes consumen material de abuso sexual infantil, tampoco contempla expresamente contenidos generados con IA, ni regula de forma adecuada las transmisiones en vivo de estos delitos. Estos crímenes aumentan cada vez más debido al avance tecnológico. A pesar de ello, existen espacios para fortalecer la discusión de política pública y legislativa junto con mecanismos para investigar contenidos ilícitos. Uno de estos organismos es La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), dirigida por Paulina Gutiérrez. “Las plataformas deberían cooperar para que esas investigaciones concluyan en sanciones cuando corresponda”, apunta Gutiérrez. Ante los vacíos legales, distintas organizaciones también han recurrido al litigio estratégico para impulsar cambios para que las plataformas adopten acciones más concretas para proteger a la infancia sin afectar sus derechos. Como la libertad de expresión que protege todo tipo de información difundida por cualquier medio, el que no exista censura previa se vuelve un principio básico. Restringir el acceso a las plataformas también puede afectar a otros derechos como el derecho a buscar, recibir y difundir información, así como el derecho a la participación en la vida pública digital o el derecho a la privacidad. Por ello la línea para lograr su regulación es muy delgada.El Gobierno de México está intentando tener esta conversación, aunque todavía no tiene muy claro cómo abordarla. El asunto, por ejemplo, se habló en la conferencia presidencial del 27 de julio. El secretario de Educación, Mario Delgado, afirmó entonces que los algoritmos responden a intereses económicos que compiten por la atención de las personas. “El otro deja de ser alguien a quien escuchar y se vuelve alguien a quien vencer, a quien derrotar”, argumentó. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, añadió en la misma conferencia que al tratarse de menores de edad el problema tendrá consecuencias para el desarrollo del país si no es atendido. Hasta ahora, no existe una iniciativa en firme por parte de la Administración de Sheinbaum para regular el acceso de los menores a las plataformas digitales.A nivel global ya hay varios países tomando acción. Australia se convirtió en 2025 en el primer país en aplicar una prohibición formal, con una ley que impide a los menores de 16 años tener redes sociales. Desde entonces, varios países han comenzado a debatir propuestas que puedan establecer límites para el uso de plataformas digitales entre los menores. El último país en adoptar una medida así fue Francia. Su parlamento aprobó el pasado 21 de julio una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, siendo el primer país de la Unión Europea (UE) en adoptar esta medida. PaísAñoEdadMedidasAustralia 2025 16 años Prohibición de cuentas para menores de 16 años; las plataformas deben verificar la edad. España En discusión (2025-2026) 16 años Proyecto para prohibir redes sociales a menores de 16 años. Francia 2026 15 años Edad mínima para redes sociales con restricciones y medidas de protección. Grecia En discusión (2025-2026) 15 años Proyecto para restringir el acceso a menores de 15 años. Portugal 2025 13-16 años Requiere consentimiento parental para usuarios de entre 13 y 16 años. Reino Unido 2023 Sin edad fija La Ley de Seguridad en Línea exige verificar la edad para limitar el acceso a contenidos dañinos. Sin importar el modelo regulatorio que adopte cada país, los expertos coinciden en que el problema va más allá del contenido y está en el modelo de negocio, la economía de la atención y el perfilamiento de usuarios. Si antes de desarrollar nuevos productos o servicios tecnológicos se analizara el impacto sobre los derechos de los usuarios para prever posibles riesgos, las empresas pasarían de una postura reactiva —actuar cuando el daño ya ocurrió— a una estrategia preventiva. Desde esa perspectiva, la responsabilidad también recae en las plataformas. A través de sus modelos, las empresas deben rendir cuentas sobre los mecanismos de protección que implementan y su funcionamiento. “Las plataformas sostienen que cuentan con controles para proteger a menores, pero hay evidencia de que no han respondido como prometen”, comenta Gutiérrez. Los documentos internos de Meta divulgados en 2021 mostraron que la empresa conocía algunos de los efectos de sus plataformas sobre adolescentes y fueron utilizados por periodistas, legisladores estadounidenses, investigadores y organismos reguladores para cuestionar la transparencia de sus medidas de seguridad y protección. La seguridad desde el diseño —que tiene como intención la seguridad de los usuarios— debe incluir configuraciones de privacidad activadas por defecto, mecanismos de denuncia accesibles, claros y efectivos y sistemas que den seguimiento a los reportes realizados. Todo esto porque la creación de espacios digitales seguros no debe limitarse a reducir riesgos, sino también potenciar los beneficios y ofrecer herramientas que permitan a los menores acceder fácilmente a mecanismos de protección y denuncia. La protección de la infancia tampoco debe lograrse a costa de vulnerar su privacidad. R3D considera que los sistemas de verificación de edad presentan muchos problemas, ya que solicitar datos personales o biométricos de menores implica entregar información sensible a empresas que seguirían concentrando más datos. Estos mecanismos no garantizan que la persona usuaria tenga realmente la edad que declara. Más allá del debate regulatorio, el peso de las plataformas también puede medirse por el tiempo que niñas y niños permanecen conectados. Mientras pasan varias horas al día en internet, el tiempo frente a la escuela resulta apenas superior. Al comparar las horas que estudiantes de primaria y secundaria pasan conectados con el tiempo que permanecen en la escuela, se observa que el uso de internet representa poco más de la mitad del tiempo dedicado a las clases presenciales. La educación digital, que constituye un componente fundamental de cualquier estrategia de protección, hace indispensable fortalecer las capacidades digitales de niñas, niños, familias y personas cuidadoras. Los niños y los cuidadores “deben” ser incluidos en las conversaciones y en el diseño de las soluciones porque son los propios niños quienes conocen los riesgos que enfrentan en internet, según Ruiz Hernández. Aunque TikTok suele asociarse con entretenimiento, un estudio de The CIU señala que cuatro de cada diez usuarios mexicanos consumen contenidos educativos y una proporción similar busca información en la plataforma. Esto explica por qué el debate ya no se centra únicamente en cuánto tiempo pasan niñas y niños frente a la pantalla, sino también en qué tipo de contenidos priorizan los algoritmos. “La protección de la infancia no es opcional, es una responsabilidad compartida”, asegura José Antonio Ruiz. Millones de niñas y niños crecen en un entorno donde los algoritmos determinan lo que se aprende y cómo se normaliza. Mientras el debate público sigue concentrado en el tiempo frente a las pantallas, el verdadero desafío permanece dentro de ellas. Toca a las grandes tecnológicas asumir responsabilidades sin vulnerar otros derechos, pero también corresponde preguntarse quién vigila al sistema que, sin ser maestro ni padre, participa cada vez más en la formación de una generación.