No es una casualidad. Es un método, con una regularidad que ya permite describirlo.
En diciembre de 2021, Francisco Scudieri, dueño de Zárate Construcciones, recuperó la libertad bajo fianza tras más de dos años preso. En febrero de 2022, a semanas del beneficio, el mismo fiscal ordenó su detención por un cúmulo de denuncias por ventas bajo la modalidad acopio.
En junio de 2022, la Cámara de Acusación hizo cesar la prisión preventiva del escribano Gonzalo Argarate, en la megacausa de las estafas inmobiliarias de Punilla, al entender que no había riesgo de entorpecimiento, y le fijó una caución de diez millones. Argarate depositó pero no volvió a su casa: el fiscal Enrique Gavier ordenó su detención por otra causa, la venta de terrenos en Alta Gracia.
En marzo de 2025, la Cámara le fijó un plazo al fiscal en el caso de Jorge Perchante, exsecretario comunal de Parque Síquiman, preso desde 2023 como presunto colaborador de la banda de los terrenos de Punilla: dos meses para elevar a juicio o resolver su libertad. El plazo venció. Lo que llegó fue una imputación nueva por falsedad ideológica y otra orden de detención, sobre hechos que, según su defensor Diego Casado, ya estaban comprendidos en lo que la Cámara acababa de revisar. El juez de Control no ordenó la libertad: convalidó la preventiva del 11 de junio e intimó al fiscal a pedir otra prórroga. En agosto, excedido el máximo legal de dos años, la defensa presentó un habeas corpus.
