El oficialismo anuncia que desobedecerá los fallos del tribunal supremo, desatando la alarma de expresidentes, la oposición y los propios magistrados
Un alegato de supuesto “golpe de Estado” se convirtió en Costa Rica en el más reciente episodio inédito que alimenta la escalada de acusaciones del Gobierno, dirigido por la presidenta Laura Fernández y por el expresidente Rodrigo Chaves, contra el Poder Judicial, al que señalan como adversario de su discurso de transformación que pretenden asentar en el país, reconocido internacionalmente por su estabilidad y la calidad de su democracia.
La acusación fue parte de la furiosa reacción del Poder Ejecutivo ante una sentencia de la Sala Constitucional para garantizar su funcionamiento a pesar de la resistencia del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a designar magistrados suplentes desde 2025, lo que provoca trastornos en el desempeño de ese tribunal y una acumulación de más de 100 expedientes. Las designaciones corresponden por ley a la Asamblea Legislativa, dominada desde mayo por el oficialismo, cuyo jefe de bancada, Nogui Acosta, dijo este mismo viernes que en adelante no acatarán las sentencias constitucionales por considerar que son ilegítimas.
