Hay un aspecto importante que, por ahora, la radicalizada propuesta de reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsada Javier Milei no contempla, y que es fundamental para la vida económica y financiera del país. Cada vez que un argentino deposita su sueldo en un banco, paga con una tarjeta, solicita un préstamo o transfiere dinero desde una billetera virtual, detrás aparece un actor silencioso que sostiene el sistema: el Banco Central. Y aunque los cambios a la carta orgánica que propone Milei solo apuntan a los controles de política monetaria y estabilidad de las autoridades, una de sus funciones históricas más importantes es otra: preservar la estabilidad financiera. Ese papel quedó especialmente expuesto durante las crisis bancarias de la Argentina y hoy vuelve a cobrar protagonismo en un escenario diferente: ya no se trata únicamente de controlar bancos tradicionales, sino de arbitrar la creciente competencia entre esas entidades y las nuevas empresas tecnológicas de pagos, encabezadas por Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre. Si el BCRA logra la autonomía por ley que propone Milei, será la entidad la que defina esta batalla histórica del sistema financiero, curiosamente sin intervención del Gobierno, pese a los efectos directos que la resolución tendrá para la economía de los argentinos. La carta orgánica del Banco Central, desde su creación en 1935, le asignó el rol de “banco de bancos”: todas las entidades financieras operan bajo su supervisión. Entre sus atribuciones están autorizar la apertura o cierre de bancos, otorgar licencias, controlar la solvencia patrimonial, verificar la liquidez, supervisar el riesgo crediticio, inspeccionar balances, aplicar sanciones, intervenir entidades en dificultades y, en casos extremos, revocar autorizaciones para funcionar. La reforma de la Carta Orgánica de 2012 amplió su mandato para preservar no sólo la estabilidad monetaria sino también la financiera: desde entonces, el artículo 3 establece que el Banco Central debe promover la estabilidad monetaria, la financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Para cumplir esa tarea, el BCRA trabaja junto con la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), a cargo de las inspecciones y auditorías permanentes. La función más delicada es evitar las corridas bancarias: los bancos prestan gran parte de los depósitos que reciben, y si todos los ahorristas quisieran retirar su dinero a la vez, prácticamente ninguno podría responder. Por eso el Banco Central actúa como prestamista de última instancia, aportando liquidez cuando una entidad enfrenta problemas transitorios, para evitar el contagio a todo el sistema. La historia financiera argentina demuestra que ese papel nunca fue sencillo. La primera gran crisis ocurrió tras la reforma financiera de 1977 impulsada por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar: la liberalización del sistema permitió la proliferación de entidades con escasos controles y fuerte exposición a operaciones especulativas, y entre 1980 y 1982 quebraron más de setenta, entre ellas el Banco de Intercambio Regional (BIR), el Banco de los Andes, el Banco Oddone, el Banco Internacional y el Nuevo Banco de Italia y Río de la Plata. Muchas de esas quiebras obligaron al Banco Central a intervenir para proteger los depósitos y evitar una crisis sistémica mayor. Esos años quedaron para siempre en la memoria popular en la película “Plata Dulce”.