La misión para la transformación del campo 10 años después

AnálisisAunque ha habido progresos en ciertos indicadores, los problemas estructurales persisten: es importante fortalecer los esfuerzos.Campesino. Foto: Gobierno Nacional01.08.2026 22:12 Actualizado: 01.08.2026 22:12

Diez años después del informe de la Misión para la Transformación del Campo, la ruralidad colombiana y el sector agropecuario siguen enfrentando problemáticas estructurales, a pesar del reconocimiento otorgado a la agenda rural en los últimos gobiernos. La Misión, así como el acuerdo de paz, fue un punto de inflexión que marcó una ruta crítica de trabajo para corregir las brechas entre las zonas urbanas y rurales en términos sociales y económicos, pero, sobre todo, para reconocer a los habitantes rurales como actores y gestores de su propio desarrollo.Sus propuestas deben seguir orientando la agenda del próximo gobierno. La Misión tenía como propósito fundamental proponer políticas de Estado que permitieran saldar la deuda histórica con el campo, concebido como elemento esencial para construir la paz y avanzar hacia un desarrollo territorial más equitativo. Su objetivo era “garantizar oportunidades y derechos económicos, sociales y culturales a nuestros habitantes rurales para que tengan la opción de vivir una vida digna que quieren y valoran”. Este propósito se apoyaba en tres ideas fuerza: i) un enfoque territorial participativo, capaz de reconocer una ruralidad diferenciada y a sus habitantes como gestores de su propio desarrollo; ii) una concepción integral del desarrollo, que superara la lógica asistencialista y articulara la inclusión social con la productiva; y iii) un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible, sustentado principalmente en la provisión de bienes y servicios públicos, antes que en transferencias directas.De esta manera, más que una agenda para el sector agropecuario, la Misión propuso una visión integral del desarrollo rural, basada en la diversidad territorial, el cierre de brechas rural-urbanas y la construcción de capacidades para que la población rural accediera a las mismas oportunidades que el resto del país. En materia de brechas, los datos eran contundentes: en 2014, la pobreza monetaria extrema era más del triple en las zonas rurales, y la pobreza multidimensional, 2,8 veces mayor. Para superar este problema definió la inclusión social y productiva como el eje transversal de la política rural, señalando que el acceso a bienes sociales había mejorado más rápido que la capacidad de generar ingresos.Ese desbalance entre inclusión social e inclusión productiva se hacía explícito en un indicador de la “doble inclusión” (social y productiva a la vez), que en 2012 solo alcanzaba al 32% de la población rural dispersa, frente al 63,6 % en las ciudades, mientras que un 26% de esa misma población rural seguía en exclusión total, el triple que el 8 % urbano. A esto se sumaba una clase media rural marginal, apenas 7,3 % de la población en 2013, una quinta parte de la proporción urbana (36,4 %).Cifras elocuentesDiez años después, el panorama muestra mejoras en los niveles absolutos, pero una persistencia casi intacta en los términos relativos. La pobreza monetaria en centros poblados y zonas rurales dispersas bajó a 39,5% en 2025, pero está más de 11 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (28%), y la pobreza multidimensional cayó a 22,4 % en esas mismas zonas frente al 6,3 % en las cabeceras: una razón de 3,6 veces, peor que las 2,8 veces que documentó la Misión en 2014. Es decir, el país logró que la pobreza bajara en términos absolutos, pero no logró que la brecha relativa entre el campo y la ciudad se cerrara; de hecho, se amplió marginalmente. La clase media rural, por su parte, sí creció de 7,3 % en 2013 a 10,9 % en centros poblados y en lo rural disperso en 2024, pero sigue siendo una fracción muy pequeña frente al promedio nacional, que ronda el 32 %. En educación, el patrón se repite. El analfabetismo rural, que la Misión situaba en 11,5 % de la población de 15 años, bajó a 9,3% en 2025, pero sigue siendo tres veces mayor que la urbana, prácticamente la misma brecha que hace diez años. En cobertura de acueducto ha habido un avance más claro: la Misión documentó en 2012 una cobertura de acueducto de solo 53 % en zonas rurales; aunque la brecha sigue siendo amplia, ha aumentado a un 61,2 % (frente a un 97,4% en urbanas). En acceso a alcantarillado, la cobertura en alcantarillado se ha mantenido igual respecto al 16 % de 2012.El mercado laboral rural tampoco ha experimentado transformaciones de fondo y continúa marcado por una elevada precariedad. Los indicadores de participación laboral y de ocupación refuerzan este diagnóstico. Entre el primer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2025, la tasa global de participación cayó de 63,5 a 61,3 % y la tasa de ocupación, de 59,5 a 56,6 %, mientras que la desocupación aumentó de 6,3 a 7,8 %. En esos diez años, la población fuera de la fuerza de trabajo creció más que la población en edad de trabajar —18,5 % frente a 11,9 %—.Esto indica que el crecimiento de la población potencialmente activa no se tradujo en una mayor incorporación al mercado laboral, sino en un aumento de quienes permanecen al margen de él. Adicionalmente, los niveles de informalidad para el 2025 fueron del 83,5 %.Las brechas de género en el mercado laboral rural registran también pocos avances. Las mujeres siguen teniendo una tasa global de participación que apenas llega al 39,7 % en 2025 (incluso disminuyendo levemente desde el 43,6 % de 2015), mucho menor que la de sus pares masculinos, que presentan una participación del 79,6 %. Esto coincide además con los altos niveles de desempleo de las mujeres (11,7 % vs. 4,4 % en 2025), con pocos cambios en la última década. Todo eso llevó a que en 2025 hubiera más de 2,5 millones de mujeres rurales fuera de la fuerza laboral, lo que representó un aumento de 2,1 millones respecto a 2015.Asimismo, es importante precisar que el sector agropecuario continúa siendo, con amplia distancia, el principal empleador de las zonas rurales, aunque su peso relativo se ha reducido: concentró el 60,3 % de la población ocupada rural en 2015 y el 53,3 % en 2025. El sector agropecuario es además el de menor productividad por trabajador de la economía: su valor agregado representó apenas 9,3 % del PIB en 2024, muy por debajo del 14-15 % que aporta en empleo. Baja productividadLa productividad agropecuaria constituye, probablemente, el principal cuello de botella de la transformación rural en Colombia. Entre 2015 y 2023, la productividad total de los factores aumentó apenas 3,3 % acumulado —cerca de 0,4 % anual—, frente al 3,8 % de América Latina y el Caribe y al 6,2 % a nivel mundial. En el mismo periodo, Brasil registró un crecimiento de 11,8 %; Chile, 24,4 % y Ecuador, 37,7 %. campesino emprendedor Foto:SENAEntre 2015 y 2023, la productividad agropecuaria, probablemente el principal cuello de botella de la transformación rural en Colombia, aumentó apenas 3,3 por ciento acumulado: en Brasil creció 11,8 %; en Chile, 24,4 % y en Ecuador, 37,7 %.La productividad de los municipios ubicados en el percentil 90 supera en 125 % la de aquellos situados en el percentil 10, lo que revela que Colombia no solo avanza lentamente, sino de manera profundamente desigual. Estas diferencias reflejan condiciones muy dispares de acceso a la tecnología, a la infraestructura, a la conectividad, a la extensión agropecuaria y a las capacidades institucionales. En términos de financiamiento, se observa que, a pesar de movilizar muchos más recursos de fomento, el sistema es hoy más concentrado y menos eficaz para ampliar su base de usuarios. Entre 2015 y 2025, la participación de los grandes productores en el valor desembolsado pasó del 46 al 66 %, lo que representa un aumento de 20 puntos porcentuales. En sentido contrario, la proporción de nuevos productores dentro del total de beneficiarios cayó de aproximadamente 32,7 a 27,6%: en 2015 ingresaron 70.000 nuevos productores de un total cercano a 214.000 beneficiarios, mientras que en 2025 fueron 86.452 de un total de 312.837. En suma, el crédito de fomento ha crecido, pero se concentra más en los productores de mayor escala y muestra una menor capacidad relativa para incorporar a quienes permanecen por fuera del sistema. Esto limita su potencial para atraer nuevas inversiones, elevar la productividad y promover una transformación productiva más amplia e incluyente en la ruralidad.Finalmente, en los últimos años, el Gobierno ha realizado un esfuerzo por reactivar la política de reforma agraria y de formalización de la propiedad rural. Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 se reportaron cerca de 286.000 hectáreas entregadas y 1,94 millones de hectáreas formalizadas. Sin embargo, estos avances todavía no han alcanzado la escala necesaria para transformar la estructura agraria. La Misión advertía en 2015 que la distribución de la propiedad rural registraba coeficientes de Gini del orden de 0,8 a 0,9; una década después, el índice correspondiente a los predios privados rurales se mantiene en 0,89. En otras palabras, se ha reactivado la intervención estatal en la tierra, pero aún no se observa una desconcentración sustantiva de la propiedad. A ello se suma que una parte importante de las entregas y formalizaciones permanece en modalidades provisionales o pendiente de inscripción registral, de modo que convertir los avances administrativos en derechos plenamente consolidados continúa siendo un desafío institucional.Los problemas estructurales que la Misión diagnosticó hace más de una década persisten, y sus recomendaciones conservan plena pertinencia: no se trata de un diagnóstico que haya envejecido, sino de una agenda de política pública que, en gran medida, no llegó a implementarse con la profundidad necesaria. Las tres ideas fuerza que la orientaron siguen siendo una referencia más sólida para pensar la ruralidad colombiana, precisamente porque los mismos problemas que las motivaron en 2015 son hoy los que explican por qué el país no ha logrado desencadenar una verdadera transformación productiva del campo. La pobreza monetaria en centros poblados y zonas rurales dispersas bajó a 39,5 por ciento en 2025, pero está más de 11 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (28 %).(*) Profesor emérito de la Universidad de Columbia. Ha sido ministro de Agricultura y de Hacienda de Colombia. (**) Representante de la Cepal en Colombia y ha sido presidenta de Finagro. Ambos tuvieron en sus manos la coordinación de la Misión para la Transformación del Campo. Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.