Una semana después de que Estados Unidos e Israel mataran al ayatolá Alí Jamenei y desencadenaran una guerra regional el pasado febrero, los drones comenzaron a sobrevolar Basora, gran ciudad portuaria del sur de Irak y corazón de la industria petrolera del país. El objetivo eran las infraestructuras energéticas de las que depende buena parte de la economía iraquí: fueron atacados un yacimiento petrolífero explotado por la multinacional británica BP, una terminal de carga del aeropuerto de Basora y un gran complejo que alberga a empresas extranjeras proveedoras de servicios para la industria petrolera.

Un nuevo ataque, el 6 de marzo, volvió a golpear ese complejo. Esta vez resultaron dañadas oficinas y almacenes utilizados por Halliburton y KBR –dos empresas estadounidenses de ingeniería y servicios petroleros presentes en Irak desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2003–. El impacto provocó un incendio de grandes proporciones cuyas llamas iluminaron el cielo nocturno de Basora. En el contexto más amplio de la guerra, no fue una jornada especialmente significativa. En Irak, sin embargo, aquellos ataques dejaron al descubierto la vulnerabilidad del país y “la facilidad con la que podía violarse su soberanía”, en palabras de un alto cargo de las fuerzas de seguridad iraquíes.