La investigación judicial que sitúa al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro en el epicentro de una presunta trama de mordidas cumple ocho años. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, abrió diligencias un 2 de agosto de 2018 como consecuencia del "hallazgo casual" de un correo electrónico. Así lo reconoció casi siete años más tarde, en el auto del 19 de junio de 2025, cuando levantó el secreto de las actuaciones. PublicidadMás de un año después, el magistrado acordó esta semana una prórroga de la instrucción de otros seis meses porque, entre otros asuntos, están pendientes las declaraciones de otros 17 investigados. Uno de ellos es el expolítico del PP, fundador del despacho Equipo Económico, cuyos clientes se beneficiaron presuntamente de los cambios legislativos impulsados con Montoro al frente de la cartera de Hacienda. Los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Pero ¿en qué consiste el caso Montoro? El origen de la causaLa investigación arrancó a raíz de unos correos incautados por los Mossos durante el registro en noviembre de 2017 de las dos sedes de Messer Ibérica de Gases, una de las cinco gasistas investigadas por pagar supuestas comisiones al despacho del que Montoro aseguró desligarse cuando llegó al Gobierno de Mariano Rajoy. En el marco de la investigación por la construcción de una planta por parte de Messer en la localidad de El Morell, los Mossos encontraron una serie de comunicaciones entre los directivos de esta y otras empresas del sector, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), en las que se describía su estrategia para conseguir rebajas fiscales en el impuesto eléctrico, entonces en vías de tramitación. Publicidad"En ellas, se dejaba entrever el propósito de algunas empresas del sector gasístico de organizarse como grupo de presión para conseguir unos beneficios fiscales, mediante la rebaja del impuesto eléctrico, a través de la oportuna modificación legislativa", agrega el informe policial, al que ha tenido acceso Público."La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", consta en uno de los mensajes que se citan en el documento. Por ello, la Unitat Central d'Anticorrupció de la Generalitat de la Policía catalana consideró necesario "profundizar en la investigación de estos hechos, de forma separada e independiente de la investigación que ha permitido hacerlos aflorar".Se alza el secreto de sumario siete años despuésTras siete años de pesquisas en riguroso secreto, la investigación salió a la luz en junio de 2025. En el auto que levantaba el velo de las actuaciones, el juez daba cuenta del resultado de las diligencias llevadas a cabo hasta esa fecha, evidenciando "la existencia de una organización, en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico". PublicidadAsí, a cambio de "importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública", intervinieron de forma "decisiva" en reformas legislativas, "con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización".La presunta trama gira en torno a la mercantil fundada por Cristóbal Montoro, Equipo Económico (EE) –antes Montoro y Asociados y actualmente Global Afteli–, así como en torno a "los socios de hecho o de derecho" de la misma, que anteriormente habían tenido responsabilidades previas en el Gobierno de Aznar y habrían usado "sus influencias" en el Ministerio de Hacienda para beneficiar a las empresas.Es el caso de Ricardo Martínez Rico, que ocupó cargos hasta en tres ministerios (Comercio, Economía y Hacienda) y también ejerció de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. También, Salvador Mariano Ruiz, director general de la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004; y el que fuera director de su gabinete en esa época, Manuel de Vicente. Igualmente, está imputado Francisco de Asís Piedras, ex director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda.Otros siete investigados fueron nombrados directamente por el exministro cuando accedió a la cartera de Hacienda por segunda vez, durante el Gobierno de Rajoy, y ocuparon un papel "decisivo", según el juez Rus. Se trata de Miguel Ferre Navarrete, secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016; Pilar Platero Sanz, subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016; Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública; Diego Martín-Abril Calvo, director general de Tributos entre 2012 y 2016; José Alberto García Valera, director general de Tributos entre 2016 y 2018; José María Buenaventura Zabala, director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda; y Santiago Menéndez Menéndez, director general de la AEAT entre 2013 y 2018. Otros dos de los investigados, Óscar del Amo y Rogelio Menéndez, permanecieron en el Ministerio de Hacienda hasta hace un año, cuando fueron cesados de sus cargos (como subdirector general de Tributos Locales y como director Económico Financiero de Loterías, respectivamente) tras conocerse su condición procesal. El papel de MontoroLa investigación se centra en las relaciones entre Equipo Económico y las empresas gasistas englobadas en la AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos). En este sentido, el auto señala que, hasta en dos ocasiones y siguiendo el mismo modus operandi, las gasísticas contrataron a EE con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones. La primera en 2013, cuando consiguieron una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad; la segunda, en 2018, cuando lograron una rebaja fiscal a las empresas gasistas en el Impuestos sobre Actividades Económicas (IAE) a través de la modificación de un real decreto legislativo.PublicidadLos hechos investigados dieron lugar a la imputación de Cristóbal Montoro y otras 27 personas el 16 de diciembre de 2021, aunque no trascendió a la opinión pública hasta que no se levantó el secreto de sumario. Quien fuera socio fundador, presidente y consejero de EE hasta abril de 2008 ejerció "las más altas funciones y competencias decisivas" al frente de la cartera de Hacienda durante los años en los que se tramitaron las normas de referencia. "Presuntamente, hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE", dice el juez. El uso de tales potestades habría permitido a esta empresa "ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público".La investigación ha constatado que Montoro nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de ley y proyecto de reglamentos "se redactasen 'a demanda' de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello".PublicidadLa causa, pendiente de la Audiencia de TarragonaA lo largo de la investigación, "sumamente compleja" –en palabras del juez–, se han ido incorporando a las actuaciones diversos atestados presentados por la Policía Judicial, así como de la AEAT. En uno de ellos, del pasado mes de febrero, Hacienda destapa la operativa del despacho, que consistía en decenas de pagos fraccionados con importes "gemelos" bajo la apariencia de "prima de éxito". Estos, camuflados en la supuesta labor de consultoría, procedían de las gasistas beneficiadas por las reformas fiscales promovidas por el Ministerio de Hacienda.En el auto en el que se acuerda la prórroga de la investigación otros seis meses más, el magistrado de Tarragona explica que, más allá de los informes que todavía están por incorporarse a la causa, queda pendiente la citación de 17 investigados. Asimismo, subraya que, en este momento, se ha practicado la declaración de 15 investigados, cinco personas jurídicas y diez personas físicas. Si bien, solo una de ellas ha declarado, ya que el resto se ha acogido a su derecho a no declarar, "manifestando que se reservan el derecho a hacerlo en el momento en que, por la Audiencia Provincial, se resuelvan distintas apelaciones interpuestas".Entre los recursos de apelación presentados ante la Audiencia Provincial de Tarragona está el del propio exministro, cuyo objetivo es trasladar la causa a Madrid, alegando que el juzgado de Rubén Rus no tiene competencia territorial para investigar unos hechos que habrían tenido lugar en Madrid. Asimismo, pide la nulidad de la investigación, a la que tilda de "desproporcionada".PublicidadCon estos mimbres, el caso Montoro cumple ocho años de instrucción, un plazo que alcanza la investigación de otras grandes causas de corrupción vinculadas al PP, como Gürtel, Púnica o Lezo. En este sentido, como pudo comprobar Público tras analizar los tiempos judiciales de 15 grandes causas de corrupción de las dos últimas décadas, la conclusión más llamativa es que los escándalos que afectan al PP se dilatan durante años en los tribunales.