Como en las grandes tragedias griegas, Gustavo Petro termina su gobierno encontrando a su propia Casandra: una mujer que conoció los horrores del palacio y a la que ahora intenta desacreditar para que nadie crea lo que denuncia.Cuenta Esquilo en la Orestíada, su primera tragedia, que Apolo concedió a Casandra el don de conocer la verdad sobre el futuro. Cuando ella rechazó sus pretensiones, el dios la condenó a un destino aún más cruel: conservar la vocación, pero perder para siempre la credibilidad. Veinticinco siglos después, en Colombia, la escena resulta inquietantemente familiar.Como directora del Dapre, Angie Rodríguez se movió en las entrañas mismas del poder. Denunció corrupción, presiones indebidas y hasta un supuesto intento de envenenamiento.La reacción fue inmediata. En lugar de responder por el fondo de las denuncias, Petro optó por exhibir públicamente una situación de salud mental, exactamente como ocurrió con Casandra: resultaba más conveniente presentar a la mensajera como una mujer fuera de sus cabales que enfrentar la verdad que traía consigo.Hay algo especialmente ruin en esa maniobra. Petro sabe bien lo que significa convertir la salud en arma política. En 2019 exigía respeto cuando se especulaba sobre su propio estado mental. Hoy, después de cuatro años de ausencias, alocuciones interminables y salidas de tono, es quizá el último colombiano con autoridad moral para desacreditar a alguien, y menos recurriendo a ese expediente.El episodio que desencadenó la crisis resulta revelador. A ocho días de terminar el gobierno, Rodríguez se negó a trasladar 1,2 billones de pesos del Fondo de Adaptación comprometidos para La Mojana hacia la UNGRD. Petro pidió su salida. Ella decidió hablar. Y al hacerlo, dejó al descubierto la anatomía del poder petrista.La historia condensó lo que ha sido este cuatrienio: billones en disputa, amenazas de muerte, favoritas presidenciales y un gobierno que, a punto de entregar las llaves, termina exactamente como empezó: devorándose a sí mismo.Pero las revelaciones sobre el interior del palacio no terminaron allí.Ahí aparecen Juliana y Verónica Guerrero, dos jóvenes cuya cercanía con el presidente siempre despertó más preguntas que respuestas.Hoy ambas están rodeadas de graves cuestionamientos: irregularidades académicas en el caso de Juliana y una investigación sobre una presunta red de cobros a empresarios interesados en contratar con el Estado que las compromete a las dos. Más allá de lo que determinen los jueces, queda una pregunta política mucho más reveladora: ¿qué tenían para merecer semejante fascinación presidencial? ¿Qué justificaba promoverlas, defenderlas y abrirles las puertas de los despachos más importantes del Estado, pese a su escasa experiencia?Las hermanas Guerrero tampoco fueron una excepción. Antes estuvo Laura Sarabia, quizá el ejemplo más elocuente de una constante del Gobierno Petro: convertir relaciones de confianza personal en inmensas cuotas de poder, incluso después de escándalos que en cualquier administración habrían significado un retiro definitivo de la vida pública.Su nombre quedó ligado a uno de los episodios más oscuros del cuatrienio: conversaciones intimidantes con el hoy ministro del Interior, dinero desaparecido en su residencia, un polígrafo practicado a su niñera Marelbys Meza, interceptaciones ilegales y, en medio de aquella investigación, la extraña muerte del coronel Óscar Dávila, integrante de la seguridad presidencial.En cualquier Gobierno, semejante sucesión de hechos habría significado, como mínimo, una larga distancia del poder. En el de Petro ocurrió exactamente lo contrario: Sarabia salía por una puerta y regresaba por otra, cada vez con más influencia y siempre más cerca del presidente. Lo mismo ocurrió con Benedetti.Mientras Colombia permanecía pendiente del siguiente exabrupto presidencial, por debajo avanzaba algo mucho más grave: la UNGRD, los contratos cuestionados, los maletines, los favores políticos y los escándalos que fueron escalando hasta ministros y personas del círculo más cercano al poder.El espectáculo hacía ruido; la corrupción hacía caja.Pero el daño más profundo no podrá medirse en pesos ni aparecerá en ningún expediente judicial. Es la degradación que ha sufrido la Presidencia de la República como institución.Petro recibió, por mandato popular y por un tiempo limitado, la más alta magistratura de la nación. Nunca pareció comprender la dimensión de esa responsabilidad, ni tampoco la importancia de preservar la dignidad del cargo que ocupaba.Colombia ha sido siempre una nación celosa de las formas republicanas. Se podía cuestionar la ideología, la gestión e incluso el carácter de sus presidentes, pero existía un límite invisible alrededor de la dignidad de la primera magistratura.Ni siquiera Ernesto Samper, en medio del vendaval del proceso 8.000 y del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña, sometió al país a semejante sucesión de bochornos cotidianos. En las peores crisis de nuestra historia reciente, las instituciones podían tambalear, pero se guardaban las formas.Pienso en Santander, Núñez, Marco Fidel Suárez, Mariano Ospina Pérez; en los López, los Lleras o Laureano Gómez: hombres distintos que entendieron que la presidencia no les pertenecía a ellos, sino a la república. La tarea del próximo presidente no será solamente gobernar mejor. Será devolverle a la presidencia la dignidad que nunca debió perder.Porque los presidentes pasan. La república permanece.