Jesús Rodríguez (1974) es coordinador de la Directa, el medio que destapó el escándalo de los policías infiltrados en movimientos sociales e independentistas de los Países Catalanes. Las investigaciones Espionatge d'Estat descubrieron, entre 2022 y 2023, a cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía infiltrados con identidades falsas, y a otros dos posteriormente.PublicidadEl entorno activista afectado y entidades de derechos humanos interpusieron dos querellas contra los policías por vulneración del derecho a la intimidad, a la integridad moral y a la autonomía sexual, ya que los policías establecieron relaciones sexoafectivas durante la infiltración. Las querellas, presentadas en 2023, aún están pendientes de resolver por parte del Tribunal Constitucional. Ahora la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) propone una sanción de 7.000 euros al medio y le obliga a retirar gran parte de la información publicada en la serie de reportajes, que tuvieron impacto y repercusión a nivel internacional.Habéis denunciado que la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la práctica, es censura informativa. ¿Por qué?Nos obligan a retirar de nuestras publicaciones unas identidades que fueron construidas para infiltrar agentes en los movimientos sociales, y que no corresponden a nadie, porque no corresponden a ninguna persona física real.​​Estas identidades son cruciales en los artículos, porque dan información sobre cómo los agentes se desplegaron y se introdujeron en los diferentes movimientos sociales, en diferentes entidades sociales, o sobre cómo tuvieron relaciones con personas físicas, incluso de carácter sexoafectivo. Tenemos que poder explicar quiénes eran estos activistas ficticios. Si no, esto devalúa informativamente nuestros reportajes, porque no dan elementos de contexto y no permiten entender cómo se construyó la operación de infiltración y hasta dónde se llegó a la hora de mimetizar estos agentes dentro del activismo. ​​Nos obligan a retirar los nombres y apellidos ficticios, los DNI ficticios, los números de seguridad social ficticios. Nosotros consideramos que estas identidades no se deben proteger porque no corresponden a ninguna persona física, corresponden a personas ficticias. La Agencia de Protección de Datos sí cree que se deben proteger.​​También nos instan, por ejemplo, a borrar de nuestros artículos datos que son públicos y accesibles a través del propio Boletín Oficial del Estado, como por ejemplo el día en que los agentes hicieron la jura de la bandera como funcionarios de policía o el lugar donde cursaron los estudios. También fotografías donde se podían apreciar algunos tatuajes que los agentes se hicieron para mimetizarse o para camuflarse con el entorno de su infiltración, como por ejemplo un tatuaje de simbología anarquista.​​Si vamos tachando y eliminando de los párrafos de nuestros artículos todas estas informaciones, e intentamos leer el artículo, en la práctica, vemos que la comprensión de lo que se está diciendo es nula. Se acaba convirtiendo en una especie de saltos de página de frases y de palabras inconexas que no tienen ningún sentido. En la práctica acaba siendo una censura de nuestra investigación periodística.Si se aplica el mismo criterio sancionador al conjunto de medios de comunicación, se debería sancionar a TV3, la Sexta, 'The Guardian' o Euronews¿Qué precedente deja para futuras investigaciones similares en cuanto a la libertad de prensa?El problema fundamental es que la Agencia de Protección de Datos hace una ponderación errónea entre el derecho a la información y la protección de datos de los agentes de la policía. Por varias razones. La primera es que la mayoría de los datos que considera que se deben proteger son públicos, están en documentos públicos. Aparte del Boletín Oficial del Estado, también están en las redes sociales que los propios policías se abrieron durante el periodo de su infiltración. Durante el ejercicio de esta infiltración, los mismos agentes hicieron públicas imágenes y datos de su identidad falsa.​​Ahora nos encontramos ante un supuesto nuevo, que nunca se había visto antes. La Agencia de Protección de Datos está protegiendo datos ficticios. La Agencia sanciona y ordena censurar informaciones que son falsas y generadas por el propio Ministerio del Interior con el fin de dar cobertura y encubrimiento a esta operación de inteligencia. El segundo elemento es la realidad paralela que ha construido la Agencia de Protección de Datos, diciendo que los policías eran agentes encubiertos. Esto es crucial.Cuando Protección de Datos dice que son agentes encubiertos, explica los hechos de manera errónea o falsa¿Qué quieres decir?Es muy importante cómo se hace la ponderación entre el derecho a la información y la protección de datos de los agentes. Cuando la AEPD dice que son agentes encubiertos, explica los hechos de manera errónea o falsa, dependiendo de si pensamos que lo ha hecho con mala fe o porque se está confundiendo. Un agente encubierto tiene cobertura del marco legal español, ya que tiene una supervisión y una orden por parte de un juzgado, y también un control por parte de la Fiscalía. Pero estos agentes no eran encubiertos, eran agentes de inteligencia.​​Esto no es una afirmación nuestra, es del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en declaraciones en el Congreso, y por escrito en respuesta a preguntas parlamentarias. Más de una treintena de preguntas entre el Congreso y el Senado confirman, con fondos oficiales y con el sello del Ministerio, que estamos ante agentes de inteligencia y no ante agentes encubiertos.​​No es comprensible que ahora la Agencia de Protección de Datos haga una relectura de la realidad para defender una resolución sancionadora. La Agencia la justifica en base a que nosotros hemos puesto en riesgo, supuestamente, una operación de unos agentes encubiertos, que por lo tanto tenían una orden judicial, y una cobertura judicial para hacer su actuación. Esto es claramente falso.PublicidadAparte de la Directa, la AEPD también ha sancionado a Vilaweb. ¿Hay más medios afectados?Aparte de las informaciones de la Directa hay cuatro casos más que fueron investigados y publicados por el diario El Salto. Este medio ya ha recibido una reclamación de información en relación a sus publicaciones. Es un paso previo a imponer la propuesta sancionadora que hemos recibido como Directa y como Vilaweb. Aparte de El Salto, también han recibido reclamaciones de información otros dos medios de comunicación, el Diari de Balears, que lo recibió hace unos meses, y el portal informativo Izquierda Diario.La gran mayoría de medios estatales también publicaron datos de los agentes cuando la Directa destapó las infiltraciones, pero de momento se sanciona a algunos y a otros no. ¿Se envía así un mensaje a la prensa, a la vez que se evita que la polémica eleve de escala?Si se aplicara el criterio sancionador que se aplica a la Directa, también al conjunto de medios de comunicación, ahora mismo se tendría que sancionar, por ejemplo, TV3, la Sexta, el diario británico The Guardian, el diario italiano La Repubblica, gran parte de la prensa francesa y alemana, o en canales de televisión como Euronews. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Esto es un mensaje para navegantes con el objetivo de generar miedo en la prensa para hablar de estos temas? Eso es lo que nos preguntamos. Lo que está claro es que lo que ellos consideran que se debe sancionar y censurar, afecta al conjunto de la prensa, no sólo la Directa y Vilaweb.Llevaremos esta denuncia al campo de la Justicia europea y a organismos internacionales que deben velar por la libertad de prensaEn 24 horas habéis recibido más de 1.000 firmas de apoyo de entidades y particulares en vuestro comunicado. Pedís que el Estado español haga un cambio legislativo en la normativa de protección de datos para que no se utilice "para amordazar y censurar a los medios de comunicación". ¿Qué cambio legislativo pedís?La transposición de la normativa europea al marco legal español se hizo sin incorporar una ponderación de respeto a la libertad de información y prensa sobre la protección de datos. No se ha hecho de manera correcta y no preserva correctamente el derecho a la información y la libertad de prensa. Esto es lo que instamos al Gobierno español: a hacer una transposición clara de esta normativa europea que protege la libertad de información y la libertad de prensa en relación a la protección de datos. Específicamente, uno de los artículos no se transpuso a la legislación del Estado español.​​Este hecho ha dado margen de interpretación y discrecionalidad a la Agencia de Protección de Datos (AEPD), y no puede quedar a merced de la interpretación del presidente de la AEPD, debe estar claramente traspasado del marco normativo europeo al marco estatal.PublicidadAparte del recurso judicial que presentaréis a la AEPD, ¿hay alguna estrategia más para defender la libertad de prensa en este caso?Llevar esta denuncia a los ámbitos del campo de la Justicia europea, así como a organismos internacionales que deben velar por la libertad de prensa y la libertad de información. Tenemos constancia de que varios relatores de Naciones Unidas, tanto del derecho a la información como del derecho a la libre reunión y asociación, ya tienen conocimiento y están recibiendo información de estas actuaciones de la Agencia de Protección de Datos, y entendemos que desde fuera del Estado español alguien tendrá que dar el toque de atención, ya sea desde Naciones Unidas o desde organismos de la Justicia europea. Se tendrá que hacer rectificar a la Agencia de Protección de Datos.​​Hay una cuestión crucial que tiene que ver con la extensión. A quién afecta esta censura y sanciones y si esto es aplicable o no fuera del ámbito territorial del Estado español. La mayoría de las publicaciones que hablan de estos agentes infiltrados están publicadas por medios de comunicación que no tienen sede social ni fiscal en territorio del estado español. ¿La Agencia de Protección de Datos va a perseguir estos medios?​Hoy en día, la información puedes intentar limitarla, ocultarla, censurarla en un territorio físico donde tienen su sede los medios de comunicación, pero tú no puedes detener la información. Esto nos da un poco de pistas de cuál ha sido la voluntad de esta agencia y cuáles son nuestras posibilidades de denunciar esta actuación que entendemos muy política y no de protección de datos. Entendemos que la actuación de la Agencia es claramente política.​En el Reino Unido se sancionó a los policías infiltrados, un portavoz de Scotland Yard pidió disculpas públicas, se indemnizó a las víctimas y fueron reparadasEl entorno activista y de los movimientos sociales denunció a dos de los policías infiltrados por haber tenido relaciones sexoafectivas con el objetivo de extraer información, pero de momento la justicia española no las ha admitido a trámite ¿Cómo se han resuelto en el Reino Unido casos similares?La comparativa con el Reino Unido es extraordinaria. Nosotros, como Directa, o cualquier otro medio de comunicación, podemos publicar los nombres y apellidos e incluso las caras sin pixelar de los agentes de la Policía británica. Podemos publicarlo y no pasará nada, porque ningún organismo institucional ni ninguna agencia de protección de datos del Reino Unido nos perseguirá como medios de comunicación.A día de hoy podéis entrar y consultar en nuestra web estas informaciones. Allí veréis que la reacción que se produjo por parte del poder ejecutivo, legislativo y también judicial en el Reino Unido es opuesta a la que se ha producido aquí. Se investigó lo ocurrido, se sancionó a los policías que habían hecho esas infiltraciones, se pidió disculpas públicas a través de un portavoz de Scotland Yard, se indemnizó a las víctimas a raíz de una movilización social, y las víctimas fueron reparadas y se les entregó toda la información que se había recopilado a través del espionaje ilícito.​​Por el contrario vemos que, lo que está pasando aquí es que no sólo no se investiga, sino que se sanciona y se censura a aquellos que investigan lo que había hecho ilegalmente la Policía. Es un sinsentido desde mi punto de vista. La única investigación que ha abierto el Gobierno español en relación a toda esta polémica es contra los periodistas que investigamos y que publicaron la información.La Agencia de Protección de Datos inicialmente no admitió a trámite las denuncias de los cuatro policías infiltrados. ¿Por qué finalmente su presidente sí lo hizo?No tenemos muchos elementos para saber qué ha pasado, podemos hacer suposiciones. Podemos confirmar que cuatro policías decidieron presentar una serie de requerimientos a la Agencia Española de Protección de Datos. No sabemos si a iniciativa personal, acompañados de algún sindicato de la policía o de alguna recomendación que recibieron por parte de la Dirección General de la Policía. Sí que sabemos que los cuatro lo presentan en la misma horquilla de tiempo y, por lo tanto, entendemos que no fue una casualidad que cada uno presentara este requerimiento individualmente.​​Inicialmente es archivado, se decreta la inadmisión a trámite, precisamente porque se hace una ponderación entre la libertad de información, la libertad de prensa y la preservación de los datos personales, y, por tanto, se archiva y no se admite a trámite. Se presentan unas alegaciones, y esta carpeta sube a la mesa de presidencia de la Agencia de Protección de Datos, quien coge el timón de estos requerimientos y firma la propuesta sancionadora contra la Directa y Vilaweb. Hay que recordar que la agencia es un estamento que cuelga políticamente del ministro de la Presidencia, de Justícia y de Relaciones con las Cortes, Fèlix Bolaños. Por lo tanto, estamos ante una decisión que en último término tiene responsabilidades en cargos políticos del mismo Gobierno español.¿Cuántos policías infiltrados en movimientos sociales se han destapado en medios de comunicación desde que iniciasteis la investigación?En el conjunto del Estado español ha habido 12 infiltraciones que han sido destapadas a lo largo de los últimos años. Nosotros investigamos seis agentes de la Policía que se infiltraron, en diferentes organizaciones, movimientos sociales y entornos activistas, entre los años 2022 y 2025. Aparte de los de la Directa, hay cuatro más que destapó El Salto, otro caso que fue publicado por el medio de comunicación elDiario, y otro que publicaron conjuntamente El Salto y elDiario.