La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado un procedimiento sancionador por el que pide 7.000 euros al medio de comunicación la Directa. Lo hace a petición de cuatro de los agentes infiltrados en los movimientos sociales durante 2022 y 2023. También obliga a retirar cualquier información identificativa de estos agentes, como por ejemplo los nombres ficticios con los que se infiltraron o donde cursaron los estudios.PublicidadEl coordinador del medio, Jesús Rodríguez, denuncia que esta información es accesible en el BOE. En un primer momento, las denuncias fueron inadmitidas a trámite, pero posteriormente la presidencia de la AEPD reabrió el caso. La denuncia de la AEPD impide también conocer quiénes son los cuatro agentes infiltrados que denunciaron. El medio, el Centre Irídia y el Grup de Periodistes Ramón Barnils lo han hecho público este miércoles en una rueda de prensa en la sede del Colegio de Periodistas de Catalunya, en Barcelona."Es una orden de censura que afecta a la libertad de información", asegura Rodríguez. La petición de la AEPD, si sale adelante, obliga a pixelar todas las imágenes, y también obligaría al medio a tachar casi todo el texto, haciéndolo "ilegible", afirma Rodríguez. Lo demuestran en un ejemplo de publicación impresa que han llevado a la rueda de prensa, donde se observa tachado en negro todo lo que quedaría fuera de la publicación."Lo que está en su sitio es el ejercicio del periodismo", ha alertado el coordinador de la Directa. El medio es conocedor de que ha habido requerimientos de información a otros medios de comunicación y también a otros particulares que han publicado sobre los policías infiltrados en los movimientos sociales. "No están sancionados, pero están en una fase previa donde les piden de dónde sacaron la información, y están esperando a ver si llega o no llega la propuesta de sanción", asegura.PublicidadLa AEPD ha dando un plazo de tres meses para censurar las imágenes y los textos que supondrían una vulneración de datos. "Tres años después, se sanciona al mensajero, no a quien causó una vulneración de derechos", lamenta Rodríguez. Sònia Olivella, abogada y coordinadora de litigios del Centre Irídia, ha recordado que interpusieron una querella contra los policías por vulneración del derecho a la intimidad y a la integridad moral que aún está pendiente de resolver por parte del Tribunal Constitucional. Las investigaciones de la Directa Espionaje de Estado destaparon entre 2022 y 2023 cuatro agentes de la Policia española infiltrados con identidades falsas en movimientos sociales e independentistas de los Países Catalanes. El escándalo que levantó la infiltración de los policías en los movimientos sociales tiene múltiples aristas. Por un lado, por la forma en que se justificó legal y políticamente la infiltración. Por otro lado, por las implicaciones emocionales en el entorno de aquellas personas que tuvieron relaciones estrechas con los policías infiltrados y por el impacto de un hecho así en los movimientos sociales, sin ningún elemento de criminalidad o violencia que justificara la infiltración. Dos de los policías, además, establecieron relaciones sexoafectivas con el entorno infiltrado.PublicidadSònia Olivella, abogada y coordinadora de litigios del Centro Irídia, ha informado que recurrirán la sanción. Una vez se resuelva, si se inadmite, irán esgotando todas las vías legales para archivar la sanción hasta llegar a los juzgados europeos.El argumento de la AEPD: la figura del agente encubiertoEl argumento que utiliza la AEPD para justificar la sanción es que las infiltraciones de los cuatro policías a los movimientos sociales están justificadas bajo la figura del agente encubierto y en este caso requieren de especial protección. "Es falso, y formará parte de las alegaciones", remacha la abogada de Irídia, Sònia Olivella.Jesús Rodíguez recuerda que la respuesta a las múltiples preguntas que partidos políticos hicieron en el Congreso de los Diputados dirigidas al Ministerio de Interior desvanecieron esa duda. El Ministerio de Interior afirmó que "no eran agentes encubiertos bajo orden judicial, sino agentes con funciones de inteligencia" bajo las órdenes de la Comisaria General de Información. Una figura que Rodríguez recuerda que aún "no tiene regulación legal". Olivella explica que la AEPD ha hecho "una ponderación entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad", y ha aplicado que prevalece el derecho a la privacidad. "El derecho a la información dice que debe prevalecer siempre que se trate de agentes públicos, y los agentes de la autoridad son agentes públicos", avisa. La abogada denuncia que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional tienen sentencias dictadas donde se evidencia que quien ejerce funciones públicas tiene una capacidad de fiscalización superior. En este caso, la abogada considera que es un "ataque al derecho a la información", que es un "derecho que tiene la sociedad, a estar bien informada".Lo denuncia también el Grupo de Periodistas Ramón Barnils, que otorgaron en 2023 un premio al medio por la serie de reportajes de la Directa. Un conjunto de asociaciones y entidades de la sociedad catalana se han unido para apoyar al medio en un manifiesto.