Actualizado S�bado,

agosto

00:33Releer un libro pasados muchos a�os siempre entra�a riesgo. A veces una obra admirada se nos antoja deudora del contexto de aquel primer contacto m�s que de sus m�ritos. Con otras sucede exactamente lo contrario: un texto cl�sico, conocido desde hace d�cadas, parece haber estado aguardando ese momento de rescate del anaquel para revelar toda su actualidad. Eso me ocurri� al volver sobre Hans Kelsen -pensador cimero del Estado de Derecho- mientras preparaba mi intervenci�n en la inauguraci�n del curso de verano -bajo el lema "Revitalizaci�n del Estado de Derecho y los derechos humanos"- organizado por la Universidad de La Laguna. Lejos de encontrar una doctrina envejecida, me arrebat� su advertencia formulada en el dram�tico comp�s de espera que sigui� al Tratado de Versalles.Nuestras sociedades occidentales viven hoy una singular paradoja. Nunca hab�an disfrutado de tanto foco electoral y, sin embargo, rara vez se hab�a cuestionado con tanta intensidad el entramado que hace posible el r�gimen de convivencia en su conjunto. Nunca se hab�a invocado tanto la voluntad popular y nunca se hab�a hablado con tanto desprecio de las instituciones que amparan su libre ejercicio. Cada vez que un tribunal, una norma o un procedimiento incomodan al poder, aflora la acusaci�n de secuestro de la democracia por quienes han ganado las elecciones. Los controles se presentan como obst�culos; los contrapesos, como interferencias; el equilibrio de poderes y la complejidad derivada, como una argucia que impide al gobernante hacer lo que prometi�.Esa impaciencia ante los l�mites no es nueva, si bien ha adquirido una intensidad preocupante. Votar no confiere al vencedor una potestad absoluta, ni toda resistencia a su voluntad constituye una deslealtad hacia el pueblo. Sin embargo, esa idea se extiende. El equ�voco es profundo. La democracia liberal no consiste s�lo en que la mayor�a decida; consiste tambi�n en que no pueda apropiarse del Estado, ni cancelar los derechos de la minor�a, ni convertir una victoria electoral en patente de corso. La mayor�a gobierna, pero no posee la comunidad pol�tica. La ley obliga igualmente a quien la implementa y ejecuta. La oposici�n no es un cuerpo extra�o tolerado a rega�adientes; es la alternativa leg�tima de gobierno. Los jueces independientes no protegen a una corporaci�n, protegen al ciudadano frente a la arbitrariedad. Y los procedimientos no existen para estorbar en la toma de decisiones, sino para garantizar que �stas puedan ser conocidas, discutidas, impugnadas y, llegado el caso, corregidas.Una democracia sin control acaba siendo insostenible, porque el desprecio de los l�mites que impone el orden jur�dico socava sus propios fundamentos. Kelsen formul� hace un siglo uno de los dilemas permanentes de la democracia con una claridad que conserva toda su vigencia: para preservar la libertad, la democracia precisa l�mites y debe respetarlos. No pensaba s�lo en golpes de Estado ni en la abolici�n formal de las elecciones. Preven�a tambi�n de un deterioro gradual si quienes llegan leg�timamente al poder empiezan a considerar ileg�timo todo obst�culo a su ejercicio. El desgaste rara vez comienza con la clausura de un Parlamento. Empieza antes, cuando se identifica la mayor�a con la verdad; cuando el oponente se convierte en enemigo de la naci�n; cuando una sentencia contraria se atribuye necesariamente a una conspiraci�n; cuando la independencia de los �rganos jurisdiccionales se interpreta como sabotaje; y cuando la eficacia pasa a justificar cualquier atajo.El Estado de Derecho no es, por tanto, una cuesti�n t�cnica reservada a juristas. Es la arquitectura pol�tica que impide al poder —tambi�n al econ�mico o tecnol�gico— disponer enteramente de la persona. Necesita tribunales, garant�as, procedimientos e igualdad ante la ley. Pero su sentido �ltimo no radica en la conservaci�n de las formas, sino en que toda coerci�n debe justificarse y quedar contenida por ciertas barreras. Durante las d�cadas pasadas, especialmente en Europa, llegamos a tratar ese equilibrio como parte natural del paisaje. No lo era. Fue una construcci�n surgida de la cat�strofe de la Segunda Guerra Mundial y de una intuici�n decisiva: el poder no pod�a abolirse, pero deb�a engarzarse en el orden jur�dico de modo que nunca volviera a emanciparse de la legalidad ni ignorar la dignidad humana.El gran acierto de aquel esfuerzo fue unir norma y capacidad de acci�n. La primera imped�a la pura dominaci�n; la segunda evitaba que los principios se redujeran a exhortaciones sin consecuencias. Esa trabaz�n vuelve hoy a ponerse a prueba. Vivimos en un mundo de guerras, arsenalizaci�n de la econom�a, dependencias estrat�gicas y rivalidad tecnol�gica. La fuerza ha regresado al centro de la pol�tica. Precisamente por ello ser�a absurdo concluir que las reglas son un lujo propio de tiempos c�modos. Cuando el poder aumenta, los l�mites se vuelven m�s necesarios, no menos. Nuestro error no ha sido creer demasiado en las normas, sino creer que pod�an dome�ar la potestas por s� solas. Las reglas necesitan instituciones capaces de hacerlas cumplir, sociedades dispuestas a reconocerlas y autoridades que acepten someterse a ellas. Una legalidad impotente termina convertida en ret�rica; el poder emancipado de ella degenera en arbitrariedad. La pol�tica democr�tica se funda en la evitaci�n de ambas derivas. El l�mite no s�lo contiene el poder; tambi�n lo legitima.La cuesti�n ha adquirido una dimensi�n nueva. El problema ya no se circunscribe a limitar el Estado. Hoy el poder se encuentra mucho m�s disperso. Las grandes plataformas arbitran qu� vemos y qu� permanece oculto; los algoritmos clasifican, recomiendan, excluyen y condicionan; la inteligencia artificial interviene ya en la contrataci�n, el cr�dito, la educaci�n, la sanidad, la seguridad y la actuaci�n administrativa. Actores privados adoptan decisiones que afectan a la vida de las personas sin permitir conocer los criterios con los que deciden y sin facilitar la identificaci�n de qui�n responde de ellas. La vieja pregunta —�qui�n vigila al vigilante?— gana complejidad: �qui�n programa, qui�n resuelve, qui�n audita, qui�n corrige y ante qui�n responde un sistema capaz de condicionar derechos? El Estado de Derecho tendr� que alcanzar al poder distribuido, privatizado, automatizado y opaco. No se trata de hostilidad hacia la tecnolog�a ni de fiebre regulatoria europea, sino de responsabilidad. Ninguna ganancia de eficiencia justifica reducir la persona a dato, perfil, riesgo o comportamiento previsible.La fuerza de los l�mites no reside �nicamente en impedir el abuso; reside asimismo en lo que propician. Permiten que quien pierde unas elecciones conserve derechos y la oportunidad de convencer ma�ana y gobernar. Permiten rectificar una decisi�n sin destruir la autoridad del Estado. Permiten que el adversario siga siendo ciudadano. Permiten que el conflicto pol�tico no desemboque en una lucha por la supervivencia y que la alternancia no sea vivida como una hecatombe. �sa es una de las singularidades m�s valiosas de la democracia liberal; institucionaliza la posibilidad de corregirse. No promete gobiernos infalibles ni sociedades de reconciliaci�n arc�dica. Promete algo m�s modesto y no menos importante: el error puede se�alarse, el poder puede ser reemplazado, la minor�a no queda sometida a la voluntad irrestricta de la mayor�a y ninguna victoria es definitiva.Por eso los l�mites no son una penitencia impuesta a la democracia ni una concesi�n a los desconfiados. Son su reserva de futuro. Quien acepta lindes hoy admite que ma�ana puede perder, ser fiscalizado, verse obligado a rectificar y seguir formando parte de la comunidad pol�tica. Este asentimiento no debilita el poder leg�timo; le da continuidad y autoridad. Las democracias atraviesan tiempos de cansancio, polarizaci�n y creciente fascinaci�n por la promesa de decisiones r�pidas y tajantes. Pese a todo, conservan la facultad de examinarse, corregirse y transformar la cr�tica en renovaci�n, aptitud que los sistemas cerrados temen y no practican. Defender los t�rminos no significa ceder a la par�lisis. Significa preservar la capacidad de aprender sin tener que pasar por la destrucci�n.Kelsen advirti� que la democracia puede llegar a suicidarse cuando deja de aceptar los l�mites que la constituyen. Conviene escuchar esa advertencia sin resignarnos a convertirla en profec�a. Las instituciones liberales no prevalecen porque prometan gobiernos perfectos, sino porque hacen compatible la autoridad con el control, la decisi�n con la legalidad y la victoria electoral con el respeto al adversario. En esa tensi�n reside, precisamente, su fuerza.