La UNAM no tenía salidas fáciles. Conviene decirlo desde el principio, porque de otro modo es imposible juzgar con justicia la recomendación que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 formuló este viernes.El punto de partida son los datos duros. La distribución de los resultados fue atípica. Por ejemplo, en aplicaciones previas, el 3.5% de los sustentantes obtenía 100 o más aciertos; en 2026, esa proporción fue del 16.3%. En el umbral de ciento diez aciertos, el salto fue de 0.9% a 5.5%. La mediana y los percentiles superiores se desplazaron hacia arriba de un modo que no admite explicaciones inocentes. Varios análisis independientes lo habían documentado; el presidente de la Comisión lo confirmó.De la evidencia se sigue que un número importante de aspirantes recibió ayuda indebida. Pero también se sigue (y esto es igual de importante) que el dato agregado no permite discernir conductas individuales. Es imposible saber, con certeza y caso por caso, quién hizo trampa y quién actuó correctamente. La Comisión fue escrupulosa al subrayar que su recomendación no imputa a nadie conducta irregular alguna.La salida propuesta, que el rector aceptó, no consiste en anular el examen. Consiste en verificarlo mediante un examen de control, presencial, con versiones distintas y suficientes para los turnos y sedes que se requieran, aplicado a la brevedad y ajustado al calendario escolar. Los lugares se asignarían finalmente en función de sus resultados.Se convocaría a dos grupos: (1) a quienes ya fueron aceptados y (2) a quienes no lo fueron, pero alcanzaron un puntaje igual o superior al mínimo que permitió el ingreso entre 2021 y 2026. La lógica es sencilla y sensata: reabrir la puerta a quienes probablemente habrían entrado si otros no hubieran hecho trampa.La medida, por supuesto, implica costos. Hay afectaciones a derechos y esto hay que decirlo claramente. Muy especialmente, impone una carga adicional a miles de jóvenes que hicieron las cosas bien y que ya tenían un lugar.Pero en un proceso donde el número de espacios es fijo, y donde la irregularidad parece haber sido extendida y a la vez individualmente indemostrable, con la información hoy disponible no alcanzo a ver una alternativa igualmente idónea y menos restrictiva. Anular todo habría sido aún más gravoso; validar todo habría premiado a los tramposos; depurar caso por caso habría sido, simple y sencillamente, imposible.Vale la pena reconocer dos cosas. La primera, que el rector Leonardo Lomelí haya optado por convocar a una comisión interdisciplinaria, independiente y de altísimo nivel técnico, en lugar de intentar resolver desde su propia administración una crisis por demás compleja. La segunda, que esa comisión haya entregado en pocos días una primera recomendación técnicamente sólida, socialmente prudente y jurídicamente razonable.Falta, por supuesto, lo más difícil. Analizar a detalle este y el resto de los informes de la Comisión, conocer las medidas que la Universidad adopte formalmente y deslindar las responsabilidades que correspondan. Pero el primer paso está bien dado. Y, en esta historia, eso ya es mucho.Javier Martín Reyes. Investigador en el IIJ-UNAM y en el Instituto Baker. X: @jmartinreyes.