Ceuta vuelve a estar en la diana informativa tras la reciente llegada masiva de miles de personas que atravesaron la frontera marroquí en un episodio de extrema tensión. Las imágenes de desbordamiento en el espigón fronterizo del Tarajal y las cargas de las fuerzas de seguridad han reactivado una vieja pregunta geopolítica que resurge con fuerza cada vez que se encienden las alarmas migratorias: ¿por qué un territorio situado en pleno norte de África forma parte indivisible de España y qué estatus legal ostenta realmente ante la comunidad internacional? La respuesta oficial de la diplomacia española y del propio Derecho Internacional resulta categórica, ya que la Organización de Naciones Unidas (ONU) respalda que son provincias españolas y la ley internacional no las considera colonias. Pese a que el reino alauí las reivindica como propias prácticamente desde que consiguió su independencia en 1956 basándose en la doctrina irredentista del Gran Marruecos, la argumentación jurídica de Madrid se sostiene en más de cinco siglos de soberanía ininterrumpida que se fraguaron mucho antes de la delimitación de las fronteras contemporáneas del mapa norafricano. TE PUEDE INTERESAR Comprender la compleja realidad de Ceuta exige analizar cómo se construyó la presencia española en la zona, cuál es su estatus constitucional exacto y qué peso juegan los intereses geopolíticos en el Estrecho de Gibraltar. A través de este desglose documental, analizamos las claves históricas, legales y socioeconómicas que explican por qué este enclave norteafricano se mantiene bajo el amparo de la Constitución de 1978 a pesar de las constantes embestidas diplomáticas de Rabat. Cinco siglos de presencia histórica y valor estratégico El vínculo de la península ibérica con esta orilla del África continental arrancó mucho antes de la formación del Estado marroquí moderno. En el siglo XV, Ceuta era uno de los principales puertos económicos y estratégicos del mundo islámico tras haber estado dominada por varias dinastías bereberes y árabes, pero en 1415 fue conquistada por Portugal dentro del impulso de la reconquista cristiana. Más de un siglo después, en 1580, la muerte sin descendencia del rey Sebastián I permitió a Felipe II unificar ambas coronas en la Unión Ibérica, integrando la plaza en el dominio hispánico. Al disolverse dicha alianza dinástica en 1640, los propios habitantes de Ceuta decidieron jurar fidelidad a la Corona española. Por su parte, la toma de Melilla se consumó en 1497, cuando una flota enviada por mandato expreso de los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, tomó el puerto apenas cinco años después de la caída del reino nazarí de Granada. Los Reyes Católicos, España consiguió reconquistar la península derrotando al último de los reinos musulmanes en Granada. (Foto: Getty Images) Durante generaciones, el control de ambas plazas respondió a una necesidad crucial de supervivencia marítima y comercial en una de las arterias hidrográficas más transitadas del planeta. Para el Estado español, controlar la entrada al mar Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar era una prioridad estratégica. "Ceuta y Melilla adquirieron mucho valor por su cercanía a la península y la capacidad que brindaban para controlar el paso por el estrecho de Gibraltar", explicó a BBC Mundo el historiador Manuel Torres Soriano, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Ceuta, justo al otro lado del estrecho y apenas a 14 kilómetros de la costa peninsular, servía como una especie de cabeza del flujo comercial y de personas entre ambas orillas. "Melilla, por otro lado, atendió a la necesidad de contar con un puerto y una base desde la cual sostener la lucha contra la piratería. Este era un problema enorme para la seguridad de España", añadió Torres. Desde entonces, y tras cinco siglos de presencia ininterrumpida, España considera a esas dos ciudades como parte integral de su territorio. "Ahora, con una población estable, Ceuta y Melilla son tan españolas como cualquier otro territorio de la península", afirmó el historiador. Ese peso estratégico y militar se mantuvo intacto durante la convulsa primera mitad del siglo XX. Entre 1912 y 1956, España y Francia gestionaron un protectorado en el norte de África que abarcaba amplias zonas de la geografía del actual Marruecos. Sin embargo, tanto Ceuta como Melilla quedaron excluidas de dicho acuerdo por ser ya territorio nacional soberano de pleno derecho. Ambas ciudades pasaron a convertirse en el epicentro administrativo del Ejército español en África, albergando a sus unidades más experimentadas. Esta circunstancia fue determinante en el devenir de la península, pues la Sublevación militar del 17 de julio de 1936 que desencadenó la Guerra Civil española arrancó precisamente en la guarnición de Melilla. Tras el fin de la contienda en 1939 y la posterior independencia de Marruecos en 1956 —así como la devolución de la zona sur del protectorado en 1958—, ambas localidades continuaron bajo la soberanía ininterrumpida de Madrid. El rechazo de la ONU a las tesis de Rabat Prácticamente desde el momento en que alcanzó su independencia, la diplomacia de Marruecos intentó incluir a Ceuta y Melilla en el expediente de descolonización de las Naciones Unidas. Rabat argumentaba que la presencia española constituía una ocupación heredada del pasado colonial y llevó el asunto ante el Comité Especial de Descolonización (el denominado Comité de los 24). No obstante, la solicitud fue desestimada de plano por el organismo internacional. A diferencia de territorios como el Sáhara Occidental —que figuró en la lista de territorios no autónomos—, la ONU reconoció que las dos plazas norteafricanas formaban parte integrada de la arquitectura provincial y constitucional española. Frente a las continuas reclamaciones sobre los enclaves ibéricos —que incluyen también los islotes de, Alhucemas, las islas Chafarinas y el célebre islote de Perejil—, el marco legal internacional refrenda la posición de Madrid. "Eso es muy importante. Para Marruecos siempre sería más fácil reclamar territorios sin habitantes que Ceuta y Melilla", explicó a BBC Mundo Jamie Trinidad, experto en ley internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. "La defensa legal de España es que esos territorios se convirtieron en españoles mucho antes de que Marruecos se convirtiera en un Estado. Y, bajo la ley, estos territorios no son considerados colonias porque están perfectamente integrados como entes autónomos dentro de la Constitución española", añadió el experto. "En términos legales, que esos territorios son españoles es algo que está bastante claro. Para Marruecos va a ser muy difícil cambiar ese estatus, aunque creo que mantendrá sus reclamaciones vivas como estrategia política", dijo Trinidad. En el plano autonómico e institucional interno, la naturaleza política de ambos enclaves dio un salto decisivo en 1995 con la aprobación de sus Estatutos de Autonomía. Este paso les otorgó la condición de ciudades autónomas, articulando un modelo gubernamental singular que combina competencias municipales con atribuciones de comunidad autónoma. Esta arquitectura jurídica garantiza que sus ciudadanos gocen de plena representación legislativa en el Congreso y el Senado de España, además de asegurar que todo el corpus legal de la Unión Europea se aplique de forma directa al ser las únicas fronteras terrestres del bloque comunitario en el continente africano. Vulnerabilidad económica y presión en la frontera A pesar del sólido blindaje jurídico y constitucional del que disfrutan, la realidad cotidiana en Ceuta se caracteriza por un equilibrio socioeconómico frágil. De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad se sitúa sistemáticamente en los últimos puestos del país en riqueza per cápita. Su modelo productivo ha estado condicionado históricamente por el comercio fronterizo informal y la dependencia de los flujos de tránsito con el país vecino, sufriendo fuertes varapalos económicos como el cierre fronterizo decretado por Rabat en marzo de 2020 con motivo de la pandemia de coronavirus, que se prolongó durante más de dos años y dejó al descubierto la extrema vulnerabilidad de la zona. Esta peculiar coyuntura fronteriza exige un encaje administrativo especial que los analistas y académicos consideran único en el panorama institucional europeo. "Tienen un estatus específico para ambas ciudades que no se contempla para ningún otro territorio. Tienen muchas más competencias que un ayuntamiento pero no llega al nivel de autonomía y recursos que puede llegar a tener una comunidad autónoma", explicó Torres. El Estado español reconoce de esta forma el carácter único de estas dos ciudades y les otorga mucho más peso político del que hubiesen tenido si fueran dos meros municipios. A pesar del origen marroquí de muchos de sus habitantes y del crecimiento del islam, Torres explicó que hasta el momento no se ha generalizado un problema de identidad nacional. "De hecho, los españoles ceutíes y melillenses con ascendencia marroquí se sienten más reafirmados en esa identidad española por una situación de bienestar material y de acceso a derecho y libertades que no se tienen al otro lado de la frontera", dijo Torres. "Desde la visión mayoritaria de esas ciudades, las reivindicaciones de Marruecos se han sentido como una amenaza, no como algo planteable", añadió. Con más de cinco siglos de historia compartida y un sólido respaldo internacional, Ceuta no es un vestigio colonial, sino una parte indivisible del Estado español en el norte de África El futuro de Ceuta y Melilla pasa inevitablemente por la reconversión de su estructura productiva para reducir la dependencia exterior y blindar su seguridad frente a las turbulencias diplomáticas entre Madrid y Rabat. Eventos dramáticos como la entrada repentina de unos 8.000 migrantes en la primavera de 2021 o los graves sucesos ocurridos en el valladar de Melilla en 2022 ponen de manifiesto que las tensiones fronterizas se utilizan con frecuencia como elemento de negociación política. Mientras entidades como el Observatorio de Ceuta y Melilla reclaman reformas estructurales urgentes para asegurar la sostenibilidad de ambas urbes, el Estado español mantiene su postura invariable: la soberanía sobre Ceuta es innegociable porque no responde a ningún vestigio colonial, sino a más de quinientos años de incuestionable historia e integración constitucional.