Noticia Exclusivo suscriptores El Estado les entregó tal cantidad de títulos de propiedad a la comunidad que resiste en el corazón del Urabá, por orden de la CIDH. Imagen al interior de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Foto: ANT31.07.2026 06:06 Actualizado: 31.07.2026 06:06
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es uno de los ejemplos de resistencia más palpables en Colombia. Desde 1997, un grupo de campesinos desplazados que huían de la guerra por el territorio entre guerrilleros y paramilitares, en el Urabá, decidieron permanecer en una serie de fincas abandonadas de la región, creando una organización comunitaria que se declaró neutral ante el conflicto y cuya presencia ha sido objeto de persecución por grupos armados, incluyendo el mismo Ejército. Hoy esas fincas fueron entregadas formalmente por el Estado.La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ingresó al territorio, en zona rural del municipio de Apartadó (Antioquia) para entregar 21 títulos de propiedad, individuales y colectivos, en un hecho que sus propios líderes describen como el reconocimiento a una lucha sostenida por permanecer en la tierra en medio de la guerra. Se trata de un avance para la comunidad, pues desde 2005 se declararon indiferentes al Estado, ante una serie de victimizaciones perpetradas por paramilitares en alianza con el Ejército. Miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Foto:ANTLa entrega, asimismo, es consecuencia de una serie de acuerdos a los que llegó la Comunidad con el gobierno, en el marco de un expediente que cursaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por graves episodios de violencia padecidos por esta organización en el corazón del Urabá. Las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa, entre los que estaba sanear judicialmente las tierras donde se ubican los campesinos.Según estadísticas de la Comunidad, en sus 29 años de existencia cerca de 400 de sus integrantes han sido asesinados, entre ellos niños y un bebé de 18 meses. Incluso, la masacre de la vereda La Resbalosa (2005), la cual es reconocida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como delito de lesa humanidad, dejó ocho víctimas, varias de ellas menores de edad, y se convirtió en el episodio que profundizó la ruptura entre la Comunidad y el Estado.Esa herida de guerra no es un tema cerrado en los archivos judiciales de Colombia. Esta semana, como lo dio a conocer EL TIEMPO, un juzgado especializado de Antioquia condenó a dos exparamilitares del Bloque Héroes de Tolová por su participación como coautores en el asesinato de campesinos en la masacre, entre ellas Luis Eduardo Guerra Guerra, líder de la Comunidad de Paz, su compañera y su hijo de dos años.Sentencia condenatoria conocida por EL TIEMPO. Foto:Rama JudicialLa sentencia reconstruyó cómo una estructura paramilitar, la denominada Bloque Héroes de Tolová, comandado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, operó en el Urabá antioqueño como una organización dedicada a imponer control territorial mediante el terror sobre la población civil de la región. En medio de ese panorama, la ANT entregó los títulos de los territorios que, en las últimas tres décadas, la comunidad se ha negado a abandonar.Tener un título de propiedad, según una reciente comunicación de la ANT, significa seguridad jurídica sobre una tierra que durante décadas fue disputada con las armas y con el miedo. En últimas representa, agrega la entidad, que la permanencia de estas familias campesinas en su territorio queda respaldada por el Estado en lugar de depender únicamente de la resistencia comunitaria.Germán Graciano, representante legal de la Comunidad, señaló que la entrega significa el reconocimiento a una historia que en otros gobiernos no fue atendida, y que estos títulos afianzan una reforma agraria construida desde las comunidades de base sobre tierras ancestrales que nunca antes habían sido legalizadas.Representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó e invitados. Foto:ANTDesde la ANT, la directora de Gestión Jurídica, Ana Jimena Bautista, destacó que el proceso no solo repara históricamente a la Comunidad, sino que sienta un precedente jurídico. “Permitió a la Agencia Nacional de Tierras avanzar en la reglamentación de la adjudicación de baldíos a personas jurídicas y en la formalización de predios de propiedad privada a favor de organizaciones campesinas”, explicó.Así las cosas, mientras la justicia empieza a establecer con nombres propios quiénes fueron responsables de la violencia que intentó expulsar y amenazar a esta población, el Estado blinda jurídicamente su permanencia futura en ella. Para una comunidad que decidió no confiar en las instituciones durante dos décadas, esa combinación de verdad judicial y seguridad territorial empieza a representar, a cuenta gotas, un nuevo panorama.Jhoan Sebastian Cote Lozano Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
