Miles de migrantes cruzaron a lo largo de las últimas horas la frontera entre Marruecos y España para llegar a Ceuta y Melilla -ya con varios muertos-, y eso encendió las alarmas en algunos socios europeos, sobre todo en el caso de Italia. "Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", escribió en redes sociales la primera ministra, Giorgia Meloni.Con un mensaje parecido reaccionó también el ministro de Exteriores, Antonio Tajani. "Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro Piantedosi. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", sostuvo, y lanzó un dardo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", añadió el que fuera presidente del Parlamento Europeo.Ahora, ¿podría Italia o cualquier otro Estado miembro de la UE -y parte del espacio Schengen- "suspender" el acuerdo con España?El refuerzo de controles, la vía más factibleNo del todo. Los matices importan. Italia no tiene gestión sobre la frontera sur de España, que es a su vez frontera sur de la Unión. La vía más factible en estos casos es que Roma recurra a un refuerzo de los controles en las fronteras interiores -algo que ya anunciado Francia que hará, por ejemplo-, es decir, que 'congelase' en cierto modo la libre circulación de personas y reclamase, en frontera, la presentación del DNI o el pasaporte para entrar en el país.Hace meses, algunos países de la UE reforzaron los controles en las fronteras interiores precisamente para contener los movimientos de migrantes irregulares por el territorio Schengen. Fue el caso de Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia, además de Noruega.Pero el pasado mes de junio la Comisión Europea envió un dictamen a modo de "recomendación" a estos Estados miembros para que quitasen los controles porque van, dijo Bruselas, en contra precisamente del espíritu de Schengen. El Ejecutivo comunitario recordó entonces que el restablecimiento de controles debe ser una medida estrictamente "temporal y excepcional", enviando un mensaje claro a los Estados que han normalizado estas restricciones. El objetivo de Bruselas es transitar hacia un modelo que permita "proteger a nuestros ciudadanos, preservar la confianza y mantener Schengen seguro", pero garantizando que sea un espacio verdaderamente libre de barreras físicas entre países vecinos.Esta presión de Bruselas no es casual, sino que responde a una tendencia de largo recorrido en la que potencias como Francia, Alemania o Austria han encadenado decisiones de reintroducción de controles de manera continuada desde el año 2015. Aunque la Comisión admite que estas restricciones se basan en "preocupaciones reales y legítimas" relacionadas con amenazas a la seguridad nacional y la presión migratoria, el organismo insiste en que no pueden convertirse en una solución permanente. La reintroducción prolongada de controles se define legalmente como un "último recurso", dado que existen herramientas consideradas mucho más "eficientes y eficaces" para gestionar los riesgos en las fronteras interiores.¿Una prueba para el nuevo pacto migratorio de la UE?Al mismo tiempo, hay que aclarar que Italia no tiene más margen de maniobra: Roma controla sus fronteras, pero no las de los países vecinos, y el Gobierno de Meloni tampoco puede, por ejemplo, expulsar a España de Schengen de manera unilateral. Lo que sí reconocen fuentes diplomáticas consultadas por 20minutos es que esta puede ser una primera prueba para el nuevo pacto de migración y asilo de la UE, que lleva solo unas semanas en vigor a través de varios reglamentos.En general, el acuerdo recoge más exigencias para el asilo, retornos más rápidos y con la opción de que, además, que los países puedan recurrir a los centros de retención de migrantes en terceros estados, una opción a la que España no se acogerá y que ha sido precisamente apadrinada por la Italia de Meloni, que ya tiene un acuerdo con Albania en este sentido desde hace un año.No obstante, el Gobierno de Sánchez ha dejado claro que su aplicación del acuerdo incluirá la creación de un procedimiento de protección internacional en frontera. Este proceso tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas (es decir, tres meses), periodo durante el cual el solicitante no recibirá autorización para entrar en territorio nacional y deberá permanecer en instalaciones habilitadas. Esta normativa se aplicará específicamente a quienes lleguen en patera o cayuco o sean interceptados en intentos de entrada irregular a las costas españolas.