El Gobierno del presidente Donald Trump ha propuesto una nueva regla que faculta a los jueces de migración a imponer sanciones civiles por desacato de hasta 3.500 dólares a los migrantes, sus abogados o testigos que incumplan las órdenes judiciales.
La normativa propuesta por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de migración (EIRO), que regula las cortes de migración, permitiría a los jueces, por primera vez, imponer multas de entre 1.000 y 3.500 dólares si un abogado u otra persona persiste en desobedecer las órdenes del tribunal.
No obstante, la regla, publicada en el Registro Federal, no permite a los jueces sancionar a los abogados del Servicio de Control de migración y Aduanas (ICE), lo que ha generado críticas de expertos legales.
En ese sentido, Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de migración (AILA), dijo a CBS que la norma, “totalmente sesgada”, es un nuevo intento de atacar a los abogados de migración, “en consonancia con las tácticas de intimidación del presidente” estadounidense.
Los tribunales de migración en EE.UU. han enfrentado críticas, ya que están bajo la rama del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que permitiría al Departamento de Justicia hacer cambios a su discreción.
