En 2025, según datos oficiales, hubo unas 400.000 deportaciones de inmigrantes en situación irregular. Una cifra que está por debajo del objetivo del presidente Donald Trump: un millón de personas por año. Para acelerar el envío de migrantes a sus países de origen, el gobierno ahora recurre a un tribunal que estaba inactivo desde 1996.El Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) fue establecido ese año, pero, hasta ahora, nunca había recibido una petición. El pasado 15 de julio, el Departamento de Justicia presentó una solicitud para la expulsión de una persona cuyo nombre no figura en el documento de una sola página publicado en el sitio web del tribunal.Según explica la agencia AP, el tribunal nació al aprobarse la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996. La normativa habilita al fiscal general presentar, bajo secreto de sumario, solicitudes de deportación de un presunto “terrorista extranjero”. Si el tribunal acepta la solicitud, luego debe celebrar una audiencia pública en la que el gobierno tiene la carga de probar que el individuo cumple con esa definición.La misma ley dice que una persona podría ser calificada como "terrorista extranjero" por, entre otros factores, haber "participado en una actividad terrorista", respaldar o defender actividades terroristas y pertenecer a un grupo político o social que fomente la actividad terrorista.Una audiencia secretaLa presidenta del tribunal, Joan Ericksen, afirmó en una respuesta a la petición del Departamento de Justicia que se realizó una audiencia durante la cual se hicieron “preguntas para conocer el nexo que el gobierno alega entre las acciones del demandado y las secciones y subsecciones específicas que invoca con respecto a esas acciones”. Añade que “las respuestas convencieron al tribunal de que el gobierno podría beneficiarse de la oportunidad de una consideración más reflexiva”.Curiosamente, el tribunal ha permanecido inactivo desde su creación, sin haber recibido solicitudes ni haber celebrado audiencias, según un resumen publicado en el sitio web del Centro Judicial Federal.Durante 2025, el gobierno actuó con contundencia para llevar a cabo deportaciones. Llegó a invocar una ley promulgada en tiempos de guerra de 1798, la Ley de Extranjeros Enemigos, para expulsar a migrantes venezolanos acusados de formar parte de un grupo terrorista. Durante una audiencia, el juez de Washington James Boasberg, indicó que el Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas era el foro idóneo para considerar una solicitud de deportación por motivos de seguridad nacional.El sitio Político cita al abogado de la administración Trump, Drew Ensign, quien afirma que el hecho de que el gobierno recurra a los tribunales no significa que el presidente tenga prohibido usar otro poder (la Ley de Extranjeros Enemigos) para realizar deportaciones sin un proceso judicial.