Lo dicho en septiembre de 2024 dentro del testimonio anticipado rendido en el caso Plaga por Michael Ismael Hernández Sánchez, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura (CJ) y exsocio del estudio jurídico de Christian Romero, ubicado como líder de la “estructura criminal” investigada en Plaga, habría sido el antecedente para que la Fiscalía abra una investigación previa por el delito de cohecho sobre tres jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).Como parte de la etapa previa de investigación de esa causa, la madrugada del miércoles último, 29 de julio, agentes de la Fiscalía, en conjunto con uniformados de unidades especiales de la Policía Nacional, realizaron varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito. Solo se habría ingresado a uno de los tres domicilios de los sospechosos, aunque se levantaron como indicios computadores, teléfonos celulares y documentos con información relacionada al caso.“Los investigados son Milton V., Patricio S. e Iván L., jueces de la CNJ, quienes habrían sido parte del Tribunal que emitió una sentencia de recurso de casación, en la que se ordenó pagar $ 59´334.103,17 a favor de una empresa china. La noticia del delito tiene como antecedente el testimonio anticipado de Michael Ismael H., sentenciado en el caso Plaga, quien manifestó que, durante un evento efectuado en Guayaquil, mantuvo reuniones con varias personas y conoció que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años”, explicó la Fiscalía mediante un comunicado.PublicidadCaso Plaga, el origen de la investigación previa por cohecho:El haber colaborado con la investigación de manera determinante y la presentación voluntaria ante la autoridad competente pudiendo haberla evadido, más el acogerse al procedimiento abreviado y la cooperación eficaz, le sirvieron a Michael Hernández para recibir una pena atenuada de solo diez meses de cárcel como cómplice en el caso Plaga. La condena le fue definida en enero de 2025 por el conjuez temporal de la Corte Nacional Edison Cantos, luego de la propuesta hecha por el entonces fiscal general subrogante Wilson Toainga.En el caso Plaga se procesó el delito de delincuencia organizada. Según la teoría de Fiscalía, los sentenciados, en procedimiento abreviado y mediante un juicio ordinario, fueron parte de una “organización delictiva” que habría operado de forma ilegal para el otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad con sentencias por delitos penales, como abuso sexual y robo con muerte, y, en otros casos, relacionados a organizaciones criminales. PublicidadPublicidadComo parte de la estructura delictiva en esta causa fueron investigados jueces de varios niveles, quienes habrían sido cooptados, a cambio de promesas económicas y de otros tipos, por cercanos e integrantes de bandas del crimen organizado y de otros sectores que buscaban obtener fallos favorables e información privilegiada. Una pena reducida de diez meses de cárcel por colaborar con la justicia: Entre la Fiscalía, la defensa del procesado y Hernández acordaron terminar anticipadamente el juicio, bajo la consideración de que el procedimiento abreviado requiere que el procesado reconozca voluntariamente su participación en los hechos investigados y la calificación jurídica definida para él.“El campo en el que se desenvolvía esta estructura delictiva resulta obvia la colaboración de actores jurídicos para lograr sus finalidades. Esta es la razón por la cual se instauró un mecanismo complejo y sistematizado, con roles marcados desde las esferas de intervención en cada uno de los actores del sistema de justicia penal”, señaló Toainga en el momento de exponer los hechos por los que se acusaba a Hernández, funcionario del CJ cuando su presidente era Wilman Terán, alias Diablo, quien recibió condenas de nueve años y cuatro meses de cárcel en los casos Metástasis e Independencia Judicial.Toainga en su intervención señaló que Michael Ismael Hernández Sánchez en su calidad de exsocio del estudio jurídico Fandet colaboró con una estructura criminal para la consecución de sus fines. De Fandet era también socio mayoritario Christian Geovanny Romero Moya, exabogado del narcotraficante Leandro Norero y quien además es investigado en los casos de corrupción en la justicia ecuatoriana denominados Metástasis y Plaga. En el recuento de los hechos acusados a Hernández, el fiscal Toainga refirió que el rol de colaboración del procesado se desarrolló en la esfera del más alto organismo de justicia ordinaria del país, la CNJ, al gestionar una resolución favorable, en casación, a la sentencia por oferta de tráfico de influencias de Gonzalo Ruales, a cambio del pago de $ 50.000 entregados por el líder de la organización de Plaga, Christian Romero. Se recalcó que la decisión de dicha causa fue favorable a los intereses de Romero.Tan solo horas después de que Hernández, quien además era testigo protegido de Fiscalía, en su testimonio anticipado, de septiembre de 2024, relató posibles actos de corrupción en la CNJ y en el CJ, la entrega de dineros por acciones judiciales y el pedido de ‘favores’, la Fiscalía General anunció que abrirá las investigaciones correspondientes por la comisión de delitos como cohecho y tráfico de influencias. PublicidadEl testimonio anticipado y el supuesto ilícito:Entre las cosas dichas por el exfuncionario judicial en su testimonio anticipado, por cerca de dos horas, estuvo un hecho que habría sucedió en junio de 2023, cuando fue a Guayaquil a una invitación de la presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y conoció a Juan Pablo Álava, personas de confianza de Iván Saquicela, actualmente expresidente de la Corte Nacional. En esa reunión Álava le habría dado a entender a Hernández que tenía un cierto manejo en la CNJ y que era muy amigo y podía llegar a ciertos jueces y conjueces. Según el exdirector del CJ, con Álava se habría encontrado en varios eventos sociales, en uno de los cuales se enteró que estaban realizando el manejo del proceso de la empresa China Railway, número 9, Grupo CIA, Compañía Limitada, en contra del Ministerio de Educación. “Este es un caso por más de $ 59 millones y yo hace unos dos años tuve una reunión en el restaurante con el doctor Iván Saquicela, Felipe Córdoba, un empresario chino, un traductor y mi persona, y en la cual se citó ya este caso. Era un caso que no se resolvía, un caso verdaderamente complicado para la Corte Nacional, por el tamaño de la cuantía y de los intereses. Y a partir de todas esas coyunturas ese caso tenía una fluidez”, recordó el testigo.Sobre este caso, Michael Hernández aseguró que en una charla, una persona de nombres Andrés Valencia le indicó que este caso finalmente había superado ya la fase de admisión parcial, se había resuelto a favor de la empresa china y que a Iván Saquicela le habían pagado aproximadamente $ 30.000 para que se pueda fijar sólo la audiencia y poder acordar con el juez del caso. (I)