Desde las 9:00 a.m. de este jueves 30 de julio, los magistrados que conforman la Sección Quinta del Consejo de Estado, permanecen reunidos para discutir el futuro del concurso para elegir al próximo Contralor General de la República ante el Congreso.Ese caso se encuentra actualmente demandado por las condiciones y requisitos que se establecieron para participar en ese concurso, pero el trámite al interior del Consejo de Estado ha tenido una serie de episodios que han impedido tomar una decisión de fondo sobre ese proceso administrativo.Elección de Contralor General se mantiene: Consejo de Estado no frena concurso en el CongresoLa demanda contra la elección del contralor llegó primero al despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto, quien el pasado 23 de julio presentó una ponencia en la que habría rechazado la medida cautelar que pedía suspender provisionalmente el concurso; ese proyecto fue derrotado por los otros magistrados de la Sección Quinta. Por esa situación fue que el proceso salió del despacho de Barreto y pasó por reparto al de la magistrada Gloría María Gómez Montoya, quien según el orden del día del Consejo de Estado, presentará este jueves el “auto” que podría definir qué va a pasar con la elección del Contralor General de Colombia. El futuro judicial de ese concurso deberá tomarse de manera rápida, teniendo en cuenta que esta semana el Congreso de la República escuchó en entrevista a los candidatos para ese cargo, y el próximo 12 de agosto se prepara para elegir al reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, actual Contralor de la República.La demanda contra la elección del Contralor llegó por medio del abogado Julio César Castañeda, quien interpuso el recurso contra la mesa directiva del Congreso, alegando que los criterios de selección para ese concurso restringieron requisitos relacionados con el cargo, redujeron los puntos de experiencia, penalizaron la coautoría de libros e invirtieron la jerarquía académica de los posgrados. Con esa demanda fue que Castañeda le pidió al Consejo de Estado que dicte una medida cautelar para que suspenda temporalmente la elección del contralor, con el fin de que recojan las pruebas del proceso y tomen una decisión de fondo antes de que el Congreso lleve a cabo dicho concurso.