Noticia Exclusivo suscriptores La agencia Bloomberg informó sobre nuevos desarrollos del caso.La carta de la Contraloría a Minhacienda que alerta por desbordamiento de la deuda: sería citado a control político Foto: ArchivoPERIODISTA30.07.2026 06:26 Actualizado: 30.07.2026 06:26
Las operaciones de manejo de deuda realizadas por el Gobierno Nacional quedaron bajo revisión luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que el canje de Títulos de Tesorería (TES) efectuado en octubre del año pasado pudo vulnerar principios constitucionales al trasladar costos de financiamiento hacia futuras administraciones a cambio de aliviar las necesidades de liquidez del Gobierno en el corto plazo. Según documentos conocidos por la agencia Bloomberg, el organismo de control remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe una posible actuación disciplinaria contra los funcionarios involucrados, tras rechazar los argumentos presentados por el Ministerio de Hacienda durante la auditoría. LEA TAMBIÉN La investigación introduce un nuevo elemento en la discusión sobre el manejo de la deuda pública, al sostener que este tipo de operaciones no solo debe evaluarse por el cumplimiento de las normas o por su capacidad para resolver necesidades inmediatas de caja, sino también por el impacto que generan sobre la sostenibilidad fiscal y las obligaciones que deberán asumir las siguientes administraciones.La auditoría también plantea un precedente para el análisis de futuras operaciones de manejo de deuda, al considerar que las decisiones de administración del portafolio de bonos deben incorporar sus efectos sobre el costo del financiamiento de largo plazo y la distribución de las cargas fiscales entre distintos gobiernos.Javier Cuéllar, director de crédito público durante una entrevista Foto:MAURICIO MORENOLa Contraloría cuestiona el impacto fiscal del canje de TESEn la carta enviada a finales de junio a la Procuraduría, la Contraloría reconoció que el canje de bonos cumplió las disposiciones vigentes sobre administración de la deuda pública. Sin embargo, concluyó que los efectos fiscales de largo plazo terminaron superando los beneficios obtenidos en materia de liquidez.De acuerdo con la auditoría, la operación consistió en intercambiar TES por 43,4 billones de pesos por nuevos títulos equivalentes a 35,4 billones de pesos, reduciendo en aproximadamente ocho billones de pesos el saldo nominal de la deuda interna.El Ministerio de Hacienda defendió la estrategia señalando que permitió disminuir los riesgos de refinanciación, aliviar presiones de liquidez y mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda pública, en un contexto marcado por mayores déficits fiscales, elevadas tasas de interés y menores ingresos tributarios.Durante ese periodo, el Gobierno recurrió de manera frecuente a operaciones de administración de deuda. El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, lideró varias de esas transacciones, entre ellas un canje de deuda denominada en francos suizos. No obstante, Bloomberg detalló que Cuéllar no fue mencionado directamente dentro de la auditoría.Pese a ello, la Contraloría sostuvo que el canje sustituyó bonos con cupones cercanos al 7,25% por nuevos títulos con tasas de 11,75% y 12%, lo que incrementaría los pagos anuales por intereses en alrededor de 316.500 millones de pesos.Con base en ese análisis, el organismo concluyó que la operación terminó aumentando los costos de financiamiento de largo plazo en lugar de generar los ahorros fiscales esperados.Inspección de la Contraloría al Ministerio de Hacienda. Foto:ContraloríaLas dudas sobre trasladar costos a futuros gobiernosEl principal cuestionamiento de la Contraloría se concentra en que la estrategia trasladó una parte importante de las obligaciones financieras hacia futuras administraciones.En el documento remitido a la Procuraduría, el organismo señaló que: "Las operaciones de gestión de la deuda pública que trasladan excesivamente las cargas financieras al futuro, mediante incrementos sustanciales en el servicio de la deuda, acumulación desproporcionada de intereses o aplazamiento irrazonable de las obligaciones fiscales, pueden afectar la dimensión intertemporal de la sostenibilidad fiscal".Con base en ese criterio, la auditoría sostiene que la operación plantea "cuestiones constitucionales sustanciales", al considerar que incrementó estructuralmente los costos del servicio de la deuda, trasladó cargas financieras a futuras administraciones y redujo el margen fiscal disponible para atender gasto social y otras prioridades presupuestales.La Contraloría también puso la lupa sobre el uso de títulos de Tesorería con vencimientos inferiores a un año que posteriormente fueron canjeados por bonos de largo plazo.Según el organismo, el uso reiterado de este mecanismo podría convertir instrumentos concebidos para resolver necesidades temporales de liquidez en fuentes permanentes de financiamiento, incrementando gradualmente las obligaciones futuras del Estado.Para la entidad, las decisiones sobre manejo de deuda deben evaluarse no solo por el alivio financiero inmediato que producen, sino también por el efecto que generan sobre el costo total del servicio de la deuda y la sostenibilidad fiscal.Fachada del ministerio de Hacienda. Foto:ELTIEMPO.Hacienda defiende la estrategia y rechaza los cuestionamientosEl Ministerio de Hacienda rechazó las conclusiones de la auditoría y sostuvo que la operación respondió a una estrategia integral de administración del portafolio de deuda.Según la respuesta entregada durante la auditoría, el objetivo del canje era reducir los riesgos de refinanciación y liquidez, además de extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda pública.Aunque reconoció que los nuevos títulos fueron emitidos con cupones más elevados, explicó que esas tasas reflejaban las condiciones vigentes del mercado.La cartera argumentó que emitir bonos con cupones artificialmente inferiores habría obligado al Gobierno a colocarlos con descuentos significativamente mayores, lo que habría incrementado el monto nominal de deuda necesario para obtener el mismo nivel de financiamiento.En su respuesta, el Ministerio también afirmó que la evaluación realizada por la Contraloría se concentró principalmente en el incremento de los pagos por intereses, sin considerar el conjunto de beneficios derivados de la estrategia de administración de la deuda.No obstante, el organismo de control rechazó esos argumentos y reiteró que las operaciones de manejo de TES deben examinarse no solo por su capacidad para resolver necesidades de liquidez de corto plazo, sino también por sus efectos sobre la sostenibilidad fiscal, el costo del servicio de la deuda y el espacio presupuestal que quedará disponible para las futuras administraciones. 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