La madre de Noelia Castillo, la joven del Garraf que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para que investigue si el Gobierno actuó correctamente antes de autorizar el procedimiento. La comunicación, presentada por la Fundación Abogados Cristianos en representación de la madre, ha cuestionado la aplicación de la ley de eutanasia y ha señalado que el Estado debía garantizar una protección reforzada a la joven, a la que describe como una mujer "víctima de violencia y en situación de extrema vulnerabilidad". Además, ha denunciado una cadena de omisiones institucionales en el abordaje del caso.La queja expone que la joven acumulaba numerosos factores de riesgo porque "creció en un contexto de grave vulnerabilidad social y económica que llevó a su ingreso durante varios años en un centro tutelado y posteriormente fue víctima de violencia en el ámbito de la pareja y de una agresión sexual en grupo". El escrito señala que estas experiencias "marcaron profundamente la salud mental de la joven y agravaron una situación extremadamente delicada". En esta línea, el texto indica que antes de su intento de suicidio en 2022, Noelia tenía diagnosticados un trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo-compulsivo con ideación suicida y depresión crónica, con una discapacidad reconocida del 67%.Falta de protecciónLa madre de la joven del Garraf sostiene que, tras aquel intento de suicidio, el Gobierno no desplegó la protección reforzada que exigía la situación de su hija. Añade que durante la tramitación de la eutanasia, Noelia "dejó de recibir tratamiento psiquiátrico y permaneció sin una atención efectiva en salud mental, sin que las administraciones garantizaran la continuidad asistencial ni agotaran todas las alternativas terapéuticas, psicológicas, psiquiátricas, paliativas y sociales antes de autorizar una decisión irreversible".Por otra parte, la queja destaca que la médica responsable de tramitar la eutanasia reconoció expresamente en su informe que los recursos proporcionados a Noelia habían sido "insuficientes" y no habían mejorado "el sufrimiento de la paciente ni su falta de sentido vital". Según la familia, esta afirmación evidencia que el propio procedimiento reconocía la insuficiencia de los recursos ofrecidos antes de autorizar la muerte de Noelia.Asimismo, el escrito pone de manifiesto que, pese al agravamiento de la situación tras el intento de suicidio, el grado de discapacidad de Noelia solo fue incrementado hasta el 74% y quedó por debajo del umbral que le habría permitido acceder a una prestación económica suficiente, lo que, según la madre, contribuyó a mantener su situación de dependencia y vulnerabilidad."La consecuencia de una cadena de omisiones y errores"La queja sostiene que la muerte de Noelia "no fue el resultado de una única decisión médica, sino la consecuencia de una cadena de omisiones y errores del Gobierno". Según la madre, "España no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida".Por último, la madre de Noelia ha solicitado a la Relatora Especial que requiera información al Gobierno sobre la actuación de las administraciones públicas en este caso y que investigue si se agotaron todas las alternativas médicas, psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, paliativas y sociales antes de autorizar la eutanasia. También pide que analice si el procedimiento cumplió con las obligaciones internacionales de diligencia debida respecto de una mujer víctima de violencia y en situación de especial vulnerabilidad y que evalúe si la legislación y los protocolos españoles ofrecen una protección suficiente a las mujeres que se encuentran en circunstancias similares.