NoticiaBuscan exigir el cumplimiento de la Sentencia SU-546 de 2023, que declaró el estado de cosas inconstitucional para los defensores de derechos humanos.Marcha por el asesinato de líderes sociales en el país. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO29.07.2026 18:16 Actualizado: 29.07.2026 18:16
Alrededor de 127 organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y más de 500 personas de la sociedad civil enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro para exigirle la firma inmediata del decreto que adopta la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos (PPIGLDDH). Advierten que, si el texto no queda firmado y publicado antes del cambio de gobierno, el próximo 7 de agosto, el proceso corre el riesgo de quedar reducido a un documento técnico sin ningún efecto jurídico. La carta fue publicada el 28 de julio y la suscriben, entre otras, el Programa Somos Defensores, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU-546 de 2023 (Cosesu).Los organizaciones piden la firma del decreto ante que el presidente Petro salga del Gobierno. Foto:CORTESÍASegún explican las organizaciones, el documento técnico de la política y el proyecto de decreto fueron entregados el 19 de noviembre de 2025, tras dos años de mesas técnicas, encuentros territoriales y un seminario nacional de concertación con el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Desde entonces, sostienen, solo falta la firma presidencial para que la política entre en vigencia.En el decreto se contempla el fortalecimiento de la respuesta institucional ante alertas tempranas, la implementación de medidas de protección que incluyan al núcleo familiar.Asimismo, establece una arquitectura institucional mediante la creación de una Mesa Nacional y territorial de Garantías para que los líderes sociales participen directamente en la formulación y evaluación de las medidas de seguridad. LEA TAMBIÉN La exigencia, dicen, no solo se debe a un trámite administrativo, sino al cumplimiento de una orden judicial. El 6 de diciembre de 2023 la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-546 de 2023, en la que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional sobre la situación de la población líder y defensora de derechos humanos en el país. En su orden 28, la Corte instruyó al Gobierno Nacional y a la Fiscalía a construir, de forma concertada con la sociedad civil, el Plan Integral que ahora esperan que el presidente firme.Las organizaciones citan el informe global de Front Line Defenders, según el cual al menos 358 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 28 países durante 2025, con Colombia a la cabeza de esa lista con 165 casos documentados, por delante de México (43), Palestina (43), Brasil (22) y Honduras (13). A esto suman los datos del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, recogidos en su informe "Promesas Rotas", en el que 2025 habría sido el año con más violencia letal contra defensores durante el gobierno de Petro, con 874 agresiones registradas, de las cuales 165 terminaron en asesinato. Además, recuerdan que entre 1995 y 2021 se expidieron más de 34 leyes, decretos y programas orientados a proteger a esta población. Sin embargo, no existe una coordinación entre esa normativa que es justamente lo que el nuevo decreto busca corregir.La Defensoría alertó por el alto cifra líderes asesinados, van 86 en lo corrido del año. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPOPor ello, el Gobierno del presidente Petro tiene solo hasta antes del 7 de agosto de 2026 para firmar el decreto. Advierten que, de no publicarse el decreto antes de esa fecha, años de trabajo de concertación quedarían sujetos a la voluntad política de una nueva administración.Natalia Peláez Sabogal Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO Redacción JusticiaConozca más noticias de Justicia: LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
