NoticiaDesde el 1 de enero al 31 de mayo de 2026 se habrían registrado 67 casos. Líderes y defensores de derechos humanos asesinados Foto: Defensoría del Pueblo / Archivo25.06.2026 11:20 Actualizado: 25.06.2026 11:20
La situación de los líderes sociales en Colombia continúa siendo alarmante. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el 31 de mayo de 2026 se habían registrado 67 asesinatos de líderes y lideresas sociales, además de 58 masacres que dejaron 238 víctimas. Por su parte, Indepaz reporta 74 líderes sociales asesinados en lo corrido del año.“Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, 67 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en Colombia: 55 hombres y 12 mujeres”, señaló la Defensoría.Al revisar las cifras mes a mes, abril fue el periodo más crítico, con 20 casos confirmados. De acuerdo con la entidad, “los homicidios se concentran en territorios donde comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes defienden la tierra y el medio ambiente frente a la presencia de grupos armados”.Líderes sociales asesinados en Colombia. Foto:ONUUna víctima cada dos días durante la última décadaAsimismo, la Defensoría indicó que entre enero de 2016 y el 31 de mayo de 2026 fueron asesinadas 1.732 personas defensoras de derechos humanos. "La defensa de los derechos humanos y el territorio no puede seguir costando vidas". Señaló la entidad.Esto equivale, en promedio, a una víctima cada dos días durante la última década, una cifra que mantiene la preocupación sobre las garantías para quienes ejercen labores de liderazgo y defensa de derechos en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado.Las cifras por departamento muestran que las regiones más golpeadas por el conflicto siguen concentrando la mayor cantidad de casos. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, Cauca fue el departamento más afectado, con 16 asesinatos (23,9 % del total), seguido por Antioquia con 11 (16,4 %) y Arauca con seis (9 %). También se reportaron cinco homicidios en Valle del Cauca y cuatro en Norte de Santander. En conjunto, Cauca y Antioquia concentraron 27 de los 67 casos registrados, equivalentes al 40,3 % de los homicidios reportados durante este periodo.Este panorama se ha desarrollado durante una década marcada por la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016 y por sucesivos cambios de gobierno, cada uno con enfoques distintos frente a los grupos armados, la seguridad y la protección de los derechos humanos.El caso más reciente reportado por Indepaz fue el de Omara Pancho Sanza, lideresa reconocida por su trabajo con víctimas en el Cauca. Los hechos ocurrieron en el municipio de Inzá, donde hombres armados le dispararon. En la zona hacen presencia las disidencias de 'Mordisco' y estructuras armadas de carácter local.Su asesinato constituye el número 74 hacia defensores de derechos humanos en el país. Foto:IndepazA esta situación se suma el asesinato de tres firmantes del Acuerdo de Paz en hechos ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila. “Lo que evidencia que el incumplimiento de las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas persiste como una deuda del Estado”, señaló la entidad.Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas advirtió en su más reciente seguimiento a los homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, que los grupos armados continúan siendo los principales responsables de estas agresiones.Según el informe, los casos son atribuidos a estructuras armadas no identificadas, grupos armados, principalmente a las disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Eln y bandas criminales.Estos hechos continúan registrándose pese a que la Sentencia SU-546 de 2023 declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) al reconocer que la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos —incluidos homicidios, atentados y desapariciones— no corresponde a hechos aislados, sino a una problemática estructural, masiva y generalizada.La Corte Constitucional subrayó que la defensa de los derechos humanos constituye un derecho fundamental y que el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio para proteger la democracia.Para revertir esta situación, el alto tribunal ordenó la creación de un Plan Integral de Protección que garantice la vida, el acceso a la justicia y el libre ejercicio del liderazgo social. Entre las medidas vigentes se encuentra la priorización de las investigaciones sobre los determinadores o autores intelectuales de estos crímenes, así como una atención focalizada en departamentos críticos como Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó, entre otros.Actualmente, el seguimiento a estas órdenes está a cargo de la Comisión de Seguimiento del Derecho a Defender Derechos (COSESU), instancia encargada de vigilar el cumplimiento de los compromisos estatales para superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte.Natalia Peláez Sabogal Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO Redacción Justicia Conozca más noticias de Justicia: LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
