Los delitos digitales pasaron a ocupar un espacio prioritario dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029.El documento identifica el crecimiento de la ciberdelincuencia, los ataques informáticos y la extorsión digital como riesgos que ya no solo afectan a ciudadanos y empresas, sino también a la infraestructura estratégica del Estado y al funcionamiento de los servicios públicos.A diferencia de planes anteriores, la nueva política de seguridad incorpora un enfoque de seguridad, que integra la ciberseguridad y la ciberdefensa como herramientas para proteger la información gubernamental, las redes tecnológicas y los sectores considerados críticos para el país.PublicidadEl documento define la ciberdelincuencia como el conjunto de delitos cometidos mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) contra personas, empresas o instituciones públicas. Plan de Seguridad de Ecuador cambia de enfoque: educación, empleo y desarrollo social entran en la estrategia contra el crimenLas amenazas evolucionaron hacia ataques de mayor impactoEl diagnóstico incluido en el plan muestra un cambio en la forma en que operan los delincuentes informáticos. Según el documento, las filtraciones de información se consolidaron como la principal amenaza entre 2024 y 2025, al pasar de 136 a 174 incidentes registrados.Además, el Gobierno advierte un incremento de ataques mediante ransomware, una modalidad que bloquea sistemas informáticos para exigir pagos a cambio de recuperar el acceso a la información.PublicidadPublicidadEl documento también incorpora la extorsión digital como una de las nuevas expresiones del crimen organizado que ejerce presión sobre el sistema judicial y exige respuestas legales más ágiles.El plan sostiene que la transformación tecnológica modificó la dinámica del delito y obliga al Estado a fortalecer su capacidad de prevención, detección y respuesta frente a amenazas que operan desde el ciberespacio.Tres estrategias para fortalecer la seguridad digitalComo respuesta, el Plan Nacional de Seguridad Integral plantea tres líneas de acción. La primera consiste en fortalecer la ciberseguridad nacional mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.La segunda estrategia busca actualizar el marco legal y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para alinearla con estándares internacionales. El documento establece que este proceso deberá concluir hasta 2028 bajo la coordinación del MINTEL y del Comité Nacional de Ciberseguridad.La tercera medida plantea fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a incidentes informáticos mediante una mayor coordinación entre el CSIRT nacional —Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática— y los equipos especializados de cada sector estratégico.PublicidadPlan Nacional de Seguridad Integral: estos son los objetivos que traza el Gobierno hasta el 2029La ciberdefensa también entra en la agendaEl plan incorpora la ciberdefensa como parte de la estrategia nacional de seguridad. Para ello dispone que el Ministerio de Defensa actualice durante 2026 su estrategia frente a amenazas híbridas y asimétricas, con énfasis en la protección de la infraestructura crítica del Estado.Entre los sectores priorizados figuran energía, telecomunicaciones, infraestructura y transporte, considerados esenciales para garantizar la continuidad de los servicios públicos y la estabilidad institucional. El desafío también está en actualizar las leyesAdemás del fortalecimiento tecnológico, el PNSI reconoce que la legislación debe adaptarse al crecimiento de los delitos cometidos mediante plataformas digitales.Por ello plantea actualizar el marco jurídico relacionado con la ciberseguridad. El documento también menciona que la administración de justicia deberá adaptarse para responder con mayor eficacia a modalidades como la extorsión digital y otras formas de delincuencia tecnológica.La inteligencia artificial amplía los riesgos del fraude digitalPara Stalin Mendoza, ingeniero en sistemas y especialista en informática, el hecho de que el Plan Nacional de Seguridad Integral incorpore de manera explícita los delitos digitales representa un avance frente a una realidad que evoluciona con rapidez. Explica que buena parte de la actividad económica del país ya se desarrolla en entornos digitales, donde las transacciones electrónicas sustituyeron al dinero en efectivo y aumentaron la exposición de ciudadanos y empresas a nuevas modalidades de fraude.El especialista señala que el crecimiento de los pagos electrónicos, las transferencias bancarias y las plataformas digitales obliga al Estado a fortalecer no solo la infraestructura tecnológica, sino también el marco legal que regula este tipo de delitos. En ese contexto, considera positiva la decisión de actualizar la normativa para responder a una criminalidad cada vez más sofisticada.Los fraudes evolucionan al ritmo de la tecnologíaMendoza advierte que el desarrollo de la inteligencia artificial ha reducido las barreras para que organizaciones criminales ejecuten ataques con un mayor grado de sofisticación.Explica que actualmente existen herramientas capaces de falsificar voces, generar videos manipulados, crear identidades digitales falsas y suplantar la identidad de personas mediante técnicas conocidas como deepfakes.Estas capacidades, señala, facilitan estafas financieras, engaños mediante llamadas telefónicas y otras modalidades de fraude que hace pocos años requerían conocimientos técnicos mucho más avanzados.A su criterio, este escenario justifica que el Estado modernice su legislación para sancionar delitos que evolucionan con la misma velocidad que la tecnología. Sin embargo, advierte que la actualización normativa por sí sola no resolverá el problema si no se acompaña de estrategias preventivas.Gobierno asigna un nuevo rol a los municipios en el Plan Nacional de Seguridad para prevenir el crimen organizadoLa prevención, el reto pendienteAunque el plan prioriza el fortalecimiento de la ciberseguridad, la ciberdefensa y la respuesta institucional frente a incidentes informáticos, Mendoza considera que la política pública también debe enfocarse en la educación de los usuarios.El especialista sostiene que una parte importante de la población todavía desconoce los riesgos asociados al uso cotidiano de aplicaciones bancarias, billeteras digitales y plataformas de pago electrónico. Esa falta de conocimientos, explica, convierte a muchos ciudadanos en objetivos fáciles para redes dedicadas a la estafa y la extorsión digital.Desde su perspectiva, la alfabetización digital debería convertirse en un componente permanente de la estrategia nacional de seguridad, con campañas dirigidas a enseñar buenas prácticas en el manejo de cuentas bancarias, contraseñas, autenticación y verificación de identidad antes de realizar transferencias o compartir información personal.Según Mendoza, fortalecer esas capacidades también reduciría la carga operativa de las entidades financieras y de los organismos encargados de investigar denuncias por fraude electrónico.Cambios en la legislación Manuel Véliz, abogado, considera que el reconocimiento del cibercrimen como una amenaza para la seguridad nacional constituye un avance, aunque advierte que la legislación ecuatoriana aún no está preparada para enfrentar este tipo de delitos.El abogado también enfatiza que la efectividad del PNSI no dependerá únicamente de la coordinación entre entidades como el Ministerio de Telecomunicaciones, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según el jurista, el principal desafío radica en que las normas penales y procesales no han evolucionado al mismo ritmo que las nuevas modalidades delictivas. Explica que las estafas digitales y el uso de inteligencia artificial ponen a prueba la aplicación de delitos tradicionales como la estafa y la extorsión, previstos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), debido a que fueron concebidos para conductas propias del ámbito físico y no del entorno digital.Véliz sostiene que esta situación genera vacíos jurídicos que complican el trabajo de fiscales y jueces al momento de procesar delitos tecnológicos, lo que, en algunos casos, limita la posibilidad de sancionar determinadas conductas. Por ello, considera indispensable fortalecer a la Función Judicial mediante la incorporación de fiscales especializados, peritos certificados en informática forense y reformas procesales que permitan responder con mayor rapidez a delitos que se cometen en cuestión de segundos. (I)