NoticiaUna auditoría fue remitida a la Procuraduría tras cuestionar el mayor costo fiscal y el traslado de cargas futuras.La carta de la Contraloría a Minhacienda que alerta por desbordamiento de la deuda: sería citado a control político Foto: ArchivoPERIODISTA29.07.2026 12:35 Actualizado: 29.07.2026 12:35
La Contraloría General de la República abrió un nuevo frente de revisión sobre las operaciones de manejo de deuda realizadas por el Ministerio de Hacienda, luego de concluir que un canje de Títulos de Tesorería (TES) efectuado en octubre del año pasado, aunque cumplió con la normativa vigente, pudo trasladar una parte importante de los costos de financiamiento hacia futuras administraciones a cambio de aliviar las necesidades de liquidez del Gobierno en el corto plazo. El organismo remitió el caso a la Procuraduría General para que evalúe la posible apertura de actuaciones disciplinarias, tras rechazar los argumentos de defensa presentados por la cartera durante la auditoría. LEA TAMBIÉN La investigación, revelada por Bloomberg a partir de documentos de la auditoría, plantea un debate que va más allá del cumplimiento formal de las reglas de administración de la deuda pública. Para la Contraloría, las decisiones de manejo de los pasivos del Estado no solo deben examinarse desde la legalidad de las operaciones o por su capacidad para resolver presiones inmediatas de caja, sino también por el impacto que generan sobre la sostenibilidad fiscal y las obligaciones que deberán asumir los próximos gobiernos.El caso también podría marcar un precedente para la evaluación de futuras operaciones de deuda pública, al incorporar dentro del análisis el efecto de largo plazo de estas decisiones sobre las finanzas del Estado y la distribución de las cargas fiscales entre distintas administraciones.Javier Cuéllar, director de crédito público durante una entrevista Foto:MAURICIO MORENOLa auditoría cuestiona el costo de largo plazo del canje de TESEn la comunicación enviada a finales de junio a la Procuraduría, la Contraloría reconoció que el canje de bonos cumplió con las disposiciones que regulan la gestión de la deuda pública. Sin embargo, sostuvo que los beneficios obtenidos en materia de liquidez fueron inferiores a los costos financieros que generaría la operación durante los próximos años.El canje consistió en intercambiar TES por un valor de 43,4 billones de pesos por nuevos títulos equivalentes a 35,4 billones de pesos, lo que redujo el saldo nominal de la deuda interna en aproximadamente ocho billones de pesos.Desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, la estrategia permitió disminuir los riesgos de refinanciación, reducir las presiones de liquidez y mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda pública, en un contexto de mayores déficits fiscales, elevadas tasas de interés y menores ingresos tributarios. Durante ese periodo, el Gobierno recurrió de manera frecuente a operaciones de administración de deuda para enfrentar las restricciones financieras.Dentro de esa estrategia participaron varias operaciones lideradas por la Dirección General de Crédito Público, encabezada por Javier Cuéllar, entre ellas un canje de deuda denominada en francos suizos que también recibió amplia atención en los mercados. No obstante, Cuéllar no fue mencionado directamente dentro de la auditoría realizada por la Contraloría.Según el organismo de control, aunque la operación redujo el valor nominal de la deuda, sustituyó títulos que pagaban cupones cercanos al 7,25% por nuevos bonos con tasas de 11,75% y 12%. Como consecuencia, estimó que los pagos anuales por intereses aumentarían alrededor de 316.500 millones de pesos.A partir de ese análisis, la Contraloría concluyó que el canje terminó incrementando los costos de financiamiento de largo plazo en lugar de generar los ahorros fiscales esperados.Inspección de la Contraloría al Ministerio de Hacienda. Foto:ContraloríaLas dudas sobre la sostenibilidad fiscal y el traslado de obligacionesEl principal cuestionamiento del organismo de control se concentra en la forma como la operación redistribuyó las obligaciones fiscales entre las administraciones.En criterio de la Contraloría, el esquema trasladó una parte importante de las cargas financieras hacia futuros gobiernos, lo que plantea interrogantes sobre los límites que deberían tener las operaciones de manejo de deuda cuando modifican la estructura de pagos del Estado durante varios años.En el documento remitido a la Procuraduría, la entidad señaló que: "Las operaciones de gestión de la deuda pública que trasladan excesivamente las cargas financieras al futuro, mediante incrementos sustanciales en el servicio de la deuda, acumulación desproporcionada de intereses o aplazamiento irrazonable de las obligaciones fiscales, pueden afectar la dimensión intertemporal de la sostenibilidad fiscal".Con base en ese criterio, la Contraloría afirmó que la transacción generó "cuestiones constitucionales sustanciales", al considerar que incrementó estructuralmente el costo del servicio de la deuda, redujo el margen fiscal disponible para financiar gasto social y otras prioridades presupuestales y trasladó compromisos financieros a administraciones posteriores.La auditoría también cuestionó el uso de Títulos de Tesorería con vencimientos inferiores a un año que posteriormente fueron canjeados por bonos de largo plazo.Según el organismo de control, la utilización reiterada de este mecanismo podría transformar instrumentos concebidos para atender necesidades temporales de liquidez en fuentes permanentes de financiamiento, aumentando gradualmente las obligaciones futuras del Estado.La entidad considera que este tipo de decisiones deben analizarse no únicamente desde el alivio inmediato que producen sobre la caja del Gobierno, sino también por el efecto que generan sobre el costo total del servicio de la deuda y la sostenibilidad fiscal en el tiempo.Fachada del ministerio de Hacienda. Foto:ELTIEMPO.Hacienda defiende la estrategia y rechaza los cuestionamientosDurante la auditoría, el Ministerio de Hacienda rechazó las conclusiones de la Contraloría y defendió el diseño técnico de la operación.De acuerdo con la respuesta entregada por la cartera, el propósito del canje fue disminuir los riesgos de refinanciación y liquidez, al tiempo que se extendía el plazo promedio de vencimiento de la deuda pública como parte de una estrategia integral de administración del portafolio.Aunque reconoció que los nuevos bonos fueron emitidos con cupones superiores, el Ministerio sostuvo que esas tasas correspondían a las condiciones vigentes del mercado y no obedecían a una decisión discrecional del Gobierno.Según la cartera, emitir títulos con cupones inferiores a los niveles que exigían los inversionistas habría obligado al Estado a colocarlos con descuentos significativamente mayores, aumentando el monto nominal de deuda necesario para obtener los mismos recursos.El Ministerio también argumentó que la evaluación realizada por la Contraloría fue incompleta porque concentró su análisis principalmente en el incremento de los pagos por intereses, sin incorporar el conjunto de beneficios derivados de la estrategia de administración de la deuda, como la reducción del riesgo de refinanciación y la ampliación de los plazos de vencimiento.No obstante, la Contraloría desestimó esos argumentos y mantuvo su posición de que las operaciones de manejo de TES deben evaluarse considerando sus efectos sobre el costo del financiamiento, la sostenibilidad fiscal y el espacio presupuestal que quedará disponible para las futuras administraciones.Hasta el momento, ni el Ministerio de Hacienda, ni Javier Cuéllar, ni la Procuraduría General de la República habían respondido a las solicitudes de comentarios formuladas sobre el contenido de la auditoría. Por su parte, la Procuraduría será la encargada de determinar si existen elementos para adelantar una investigación disciplinaria relacionada con la operación de manejo de deuda realizada en octubre del año pasado. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
