Vista del Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano. REUTERS/Karen ToroMás de dos años después de que el Gobierno ecuatoriano adoptara un régimen de medidas extraordinarias para enfrentar al crimen organizado, la organización internacional CIVICUS decidió mantener al país en su lista de vigilancia al considerar que existe un deterioro sostenido de las libertades cívicas y de las garantías para el ejercicio de los derechos humanos. La decisión fue anunciada este 29 de julio mediante un informe en el que la organización advierte que la expansión y renovación de los poderes excepcionales han coincidido con un aumento de la intimidación, la criminalización y la violencia contra activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. El CIVICUS Monitor, plataforma que evalúa el estado de las libertades cívicas en 198 países y territorios, mantiene a Ecuador en la categoría de espacio cívico “obstruido”. Esa clasificación se aplica a Estados donde existen obstáculos significativos para ejercer derechos como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. En la actualización más reciente, Ecuador comparte la lista de vigilancia con Baréin, Burkina Faso, Georgia e India. PUBLICIDADSegún el documento, uno de los factores centrales de esta evaluación es la continuidad del estado de excepción y del denominado “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir a las organizaciones criminales. ARCHIVO - El presidente Daniel Noboa . (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)CIVICUS sostiene que estas medidas, concebidas inicialmente como temporales, se han ampliado y prorrogado de manera reiterada, otorgando facultades extensas a las Fuerzas Armadas, incluida la posibilidad de intervenir frente a protestas sociales. La organización considera que, pese a la permanencia de estas medidas, la violencia criminal continúa siendo elevada y advierte que algunas disposiciones podrían facilitar mecanismos de inmunidad, indultos o reducción de penas para agentes estatales involucrados en violaciones de derechos humanos. PUBLICIDADEl informe también expresa preocupación por la nueva política de seguridad adoptada en julio de 2026, la cual incorpora el concepto de “extremismo violento”. De acuerdo con CIVICUS, la amplitud y vaguedad de esa definición podrían ampliar el margen de discrecionalidad de las autoridades y utilizarse para justificar acciones de vigilancia, estigmatización o criminalización contra organizaciones indígenas, sindicatos, movimientos estudiantiles y personas críticas del Gobierno. La organización afirma que estos sectores han experimentado un incremento de ataques desde la implementación de los poderes excepcionales.En el documento se incluyen declaraciones de Ana María Palacios Briceño, investigadora para las Américas del CIVICUS Monitor, quien sostiene que las medidas extraordinarias han dejado de ser temporales para convertirse en una característica permanente de la gobernanza ecuatoriana. La investigadora afirma que, si bien los Estados tienen la obligación de proteger a la población frente a la violencia, ello no debe implicar el debilitamiento de las libertades que permiten denunciar abusos y exigir rendición de cuentas. PUBLICIDADOtro de los aspectos destacados por la organización es la situación de las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente. El informe recuerda el asesinato del defensor ambiental Manuel Cabrera en febrero de 2026, presuntamente relacionado con su oposición a proyectos mineros, así como el homicidio de la activista ambiental y anticorrupción Monika Silva cuatro meses después. CIVICUS añade que ambos casos se suman a un 2025 en el que al menos siete personas defensoras fueron asesinadas en Ecuador y sostiene que la mayoría de esos hechos permanece en la impunidad. La activista tenía dos hijas que ahora han quedado en orfandad.La organización también señala un incremento de las presiones financieras sobre organizaciones sociales. Como ejemplo menciona el caso de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), cuyas cuentas bancarias fueron congeladas en junio de 2026 sin previo aviso y sobre la base de información de inteligencia que la organización no pudo impugnar. CIVICUS sostiene que este episodio forma parte de un patrón más amplio de congelamiento de cuentas e investigaciones por presunto lavado de activos dirigidas contra organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos bajo las facultades previstas en la Ley de Transparencia Social de 2025. PUBLICIDADEl informe advierte que estas medidas pueden tener efectos más amplios sobre la capacidad operativa de la sociedad civil. Según Palacios Briceño, la restricción del acceso a financiamiento debilita el apoyo que reciben las comunidades y reduce la capacidad de las organizaciones para ejercer un papel de vigilancia y defensa de derechos. El Caso Apagón, que involucra a Progen, se ha convertido en una de las investigaciones más delicadas derivadas de la crisis energética que marcó el segundo semestre de 2024.En materia de libertad de prensa, CIVICUS sostiene que el entorno para el ejercicio periodístico continúa siendo hostil. Tras registrar seis asesinatos de periodistas durante 2025, la organización afirma que las amenazas y actos de intimidación persisten. Como uno de los casos recientes cita la decisión del periodista de investigación Hernán Higuera, de Ecuavisa, de dejar de cubrir el caso Progen luego de que su esposa fuera desvinculada de un cargo público y su hijo perdiera una residencia médica en un hospital estatal, hechos que el comunicador atribuyó a represalias por su trabajo periodístico. PUBLICIDADCIVICUS concluye que la permanencia de Ecuador en la lista de vigilancia responde a un conjunto de factores que, a su juicio, evidencian un deterioro progresivo del espacio cívico en el país. La organización sostiene que la combinación de poderes extraordinarios prolongados, restricciones a organizaciones sociales, violencia contra personas defensoras de derechos humanos y un entorno adverso para el periodismo plantea desafíos para el ejercicio de las libertades fundamentales, en un contexto en el que las medidas excepcionales continúan vigentes.