La Audiencia de Valencia ha descartado que se cite a declarar como testigos a dos consellers del Gobierno autonómico de Carlos Mazón (los titulares de Educación, José Antonio Rovira, y de Agricultura, Miguel Barrachina, que siguen ambos en el Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca), tal como solicitaba Compromís, que ejerce una de las acusaciones en la causa.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, al contrario que el fiscal, no considera justificada la petición de citación de los consellers para que declaren sobre lo que comentaron con Salomé Pradas antes y después de la celebración del Pleno del Consell del día 29 de octubre de 2024, momentos en los que no consta que la investigada “tuviera la posición de garante, asumida en horas posteriores”.
“La investigación penal”, explica el auto, “no es una investigación general sobre un hecho, sino que deben existir indicios de la comisión de un hecho punible por una persona. De modo que no basta con señalar las posibles omisiones de las diferentes administraciones, ni con afirmar que participaron, en mayor o menor medida, en la gestión de la crisis, o que disponían de cierta información sobre la previsión meteorológica; o que adoptaron determinadas medidas en la situación de emergencia y no otras; sino que además debe identificarse el deber específico de actuar y poder relacionar la omisión de ese deber con un determinado resultado, de forma que la omisión resulte equivalente a la comisión activa” .
