Por Sebastián Silva |
Santiago de Chile (EFE).- La chilena Amelia Flores esperó más de medio siglo para que las autoridades investigaran la presunta muerte y desaparición, el 22 de febrero de 1974, de su hijo recién nacido.
Cuando pensaba que podría tener algo de claridad sobre uno de los episodios más tristes de su vida, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast desarticuló la unidad encargada de investigar las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura y su esperanza se desvaneció por completo.
«Yo lo sentí llorar, pero no recuerdo nada más. Una inyección me dejó completamente inconsciente por tres días y a mi marido le entregaron un ataúd sellado y un servicio funeral pagado. Fue a pocos meses del golpe», relató a EFE Flores, que hoy tiene 72 años y cuando ocurrieron los hechos estaba ingresada en el Hospital Parroquial de San Bernardo, en la periferia capitalina.
Su historia está incluida en las más de 1.600 causas judiciales abiertas en Chile por supuestas adopciones ilegales a partir de los años 50, e intensificadas durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
