En 1983, la prensa chilena revelaba un escándalo mayor: Ivonne Gutiérrez Pávez, jueza del tribunal de menores de San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago, era investigada por robo y venta de bebés, entregados a matrimonios extranjeros. En esa red también participaban dos abogados, ya fallecidos, y uno de ellos, Alberto Bronfman, pareja de la magistrada. Los pequeños eran arrebatados a sus jóvenes madres, algunas de 16 y 17 años, solteras, pobres, sin redes, en vulnerabilidad. Hubo mujeres que firmaron papeles judiciales sin conocer su contenido, y cuando reclamaban a sus niños, se les amenazaba con que irían a la cárcel, amedrentamientos comunes en el Chile de esa época, bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Otras, como Ruth Reyes, nunca firmaron un documento aceptando entregar a su hijo a otros padres.
Durante 42 años la indagatoria contra Gutiérrez, quien huyó a Israel en 1983 en medio del escándalo junto Bronfman y a sus dos hijos adoptivos, durmió en los archivos judiciales. Eso, hasta que el juez Alejandro Aguilar, a cargo de las más de 1.300 adopciones fraudulentas que han sido judicializadas, ocurridas entre 1970 y 1990, este 2 de junio marcó un hito al dictar los primeros procesamientos por dos casos. La exjueza, hoy de 85 años, y otras cuatro personas, fueron imputadas por dos casos. Uno es por Andrea, a quien su madre, a gritos, logró quitársela a la organización cuando la niña tenía dos años. El segundo es por la sustracción de Alex, el hijo de poco más de un año de Ruth Reyes, enviado a Estados Unidos: no lo ha visto desde entonces. “Todos los días pienso en él. Lo imagino caminando, chiquitito, gordito, morenito”, dice Ruth a EL PAÍS desde San Fernando.
