El pasado 11 de mayo, justo el día en que el CEO de la productora de Canal Sur Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, debía declarar ante el juez en calidad de imputado por agresión y acoso sexual a una reportera, un alto cargo del Gobierno andaluz le llamó para alertarle de que había otra denuncia interpuesta contra él ante la Policía Nacional, por “amenazas y coacciones” a la testigo clave de la causa en la que estaba siendo investigado.
Esa testigo “fundamental” para la acusación, que había sido su número dos en la empresa, le acababa de denunciar tras recibir un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes.
El alto cargo de la Junta de Andalucía que le dio el aviso fue Sergio Gómez Rojas, director general de la empresa de Telecomunicaciones Sandetel (adscrita a la Consejería de Industria) y, a la sazón, presidente del Consejo de Administración de ADM. El Gobierno andaluz, a través de Sandetel, es el accionista mayoritario de la productora (con un 47,8% de participación), referente en el sector audiovisual andaluz y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.
La llamada de este alto cargo de la Consejería de Industria permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa en el caso de delitos sexuales por el que está siendo investigado en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla: el mismo día que recibió el aviso de Gómez Rojas, el exCEO de ADM acudió a una comisaría de Policía para interponer una 'contradenuncia' para defenderse, asegurando que su móvil había sido “hackeado” y que él no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.
