NoticiaLa operación militar permitió destruir dos unidades de producción minera empleadas para la extracción ilícita de oro.Uno de los uniformados durante la operación. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA28.07.2026 12:39 Actualizado: 28.07.2026 12:41
Las economías ilícitas siguen siendo uno de los principales soportes financieros de los grupos armados que operan en el Caquetá. En esa disputa por cortar las fuentes de recursos de estas organizaciones, el Ejército desarrolló una operación en la vereda La Gallineta, jurisdicción de San José del Fragua, donde destruyó dos unidades de producción minera utilizadas para la extracción ilegal de oro y atribuidas a la estructura Raúl Reyes del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá.La acción fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería N.° 34 Juanambú, adscrito a la Décima Segunda Brigada, en desarrollo de operaciones ofensivas del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Según información de inteligencia militar, esa infraestructura hacía parte del esquema de financiación con el que esta organización obtenía recursos para mantener sus operaciones armadas en la región.El operativo se produjo después de labores de control territorial y de inteligencia que permitieron ubicar el punto donde funcionaba la explotación ilícita. Una vez asegurada la zona, los militares destruyeron dos dragas, dos motores y 200 metros de manguera de cuatro pulgadas, equipos empleados para remover sedimentos y extraer oro de manera ilegal en esta zona del departamento.Otro de los elementos incautados. Foto:CortesíaLas estimaciones de las autoridades indican que esa infraestructura tenía capacidad para producir cerca de 600 gramos de oro cada mes, volumen que representaba alrededor de 270 millones de pesos dentro del mercado ilegal del metal. A ese valor se sumaba el cobro extorsivo que, según el Ejército, realizaba la estructura armada sobre la producción minera.De acuerdo con la información oficial, el grupo obtenía aproximadamente 80 millones de pesos mensuales al exigir el pago del 30 % del oro extraído. Esos recursos, según las autoridades, eran destinados a fortalecer su logística, adquirir material de guerra y sostener acciones contra la Fuerza Pública y la población civil. En total, la afectación sobre la infraestructura empleada para esta actividad fue calculada en más de 350 millones de pesos.Una de las bombas destruidas. Foto:CortesíaEl resultado también refleja cómo la minería ilegal continúa siendo una de las economías criminales más rentables para las organizaciones armadas que tienen presencia en la Amazonía colombiana. A diferencia de otras actividades ilícitas, la extracción ilegal de minerales combina la explotación de recursos naturales con esquemas de extorsión y control territorial que permiten a estos grupos obtener ingresos permanentes sin depender exclusivamente de otras rentas ilegales.El impacto de estas operaciones trasciende el componente financiero. La extracción ilegal de oro modifica el cauce de los ríos, elimina cobertura vegetal, degrada los suelos y afecta las fuentes hídricas mediante el uso de maquinaria pesada y otros elementos empleados durante el proceso de explotación. En una región como la Amazonía, donde convergen ecosistemas estratégicos y comunidades que dependen directamente de los recursos naturales, cada punto de minería ilegal representa una presión adicional sobre el territorio.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.com Más noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
