El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones ha aprobado un anteproyecto de Ley "en materia de protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción": una norma que cierra importantes flecos de la legislación ya existente, pero cuya redacción está planteando dudas sobre el alcance real de la norma y hasta qué punto 'blinda' el empleo de los informantes y sus familias.En parte es porque el Ministerio de Trabajo ha presentado el texto como una iniciativa propia y completamente original. En una declaración distribuida a los medios, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz recordaba casos como el de Ana Garrido, funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla que denunció la trama Gürtel, junto a otros nombres, como el de Montserrat Gasull, concejala que destapó la trama del 3% "y que murió sin llegar a haber nunca una ley que la protegiera".
"Esto se va a acabar en nuestro país, hoy en el último Consejo de Ministros antes del verano. Aprobamos la ley que blinda a quien denuncia la corrupción o las irregularidades en su empresa o en cualquier administración pública", incidía la número tres del Ejecutivo. Pero lo cierto es que ya está expresamente "prohibido" despedir a quien denuncie, así como tomar cualquier tipo de represalia en el ámbito del empleo contra ellos, sus familias y las personas que colaboren en la investigación.
