Comunidades enteras en el sur de México han sido arrasadas por el narcotráfico. Para las poblaciones indígenas, víctimas directas de ese terror, esto no es una novedad. Entre el 6 y el 12 de mayo pasados, fue el turno de Tula, una localidad nahua ubicada en el municipio de Chilapa, en el centro de Guerrero. Con drones, fusiles y coches blindados, el grupo criminal de Los Ardillos incendió las casas y los montes y obligó a sus pobladores a huir para salvar la vida. Jesús Plácido Galindo, el líder del Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunció el actuar del Ejército mexicano, que se había retirado de la zona justo cuando comenzaron los ataques. “Pareciera como que son cómplices”, declaró, en su momento. El pasado 17 de julio, Galindo fue detenido en un retén policial cuando se dirigía a una reunión a la que lo había citado el subsecretario de Desarrollo de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, en Acapulco. Una reunión a la que nunca llegó. Lo acusaron de homicidio calificado y lo trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Una cárcel en donde han estado recluidos los narcotraficantes más buscados de México, como Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán López, solo por mencionar algunos. Su defensa legal comunicó que fue acusado de ordenar, en 2021, el asesinato de José Pablo Bartolo Xanteco, quien era comisario municipal de Xicotlán, otra de las comunidades de Chilapa de Álvarez, en ese Estado. Jesús Plácido Galindo tiene 41 años y desde enero de 2021, justo el mismo año en el que sucedió el presunto delito del que le acusan, es parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM) aseguran que la detención del líder de la CIPOG-EZ, una de las agrupaciones de autodefensas que existen en Guerrero, está plagada de irregularidades, tanto como el delito del que le acusan. “Hay dos testimonios de personas que supuestamente vieron cuando el compañero Jesús, junto con otras personas, participó en el evento delictivo [el 30 de octubre de 2021]. Nosotros ofrecimos datos de prueba que hacen inverosímiles los testimonios; sin embargo, el juez no los tomó en consideración. Es evidente que este asunto tiene implicaciones políticas”, señaló Aron Díaz Salazar, uno de los abogados del centro.El activista y fundador del CDHM, Abel Barrera, asegura que el operativo en el que se detuvo a Galindo fue “muy aparatoso y desproporcionado”, porque, insiste, había más de 40 encapuchados en un retén militar y porque fue trasladado en ese momento en un helicóptero y luego hacia un penal de alta seguridad, cuando el homicidio es un delito del fuero común que se tendría que resolver en un centro del distrito donde se cometió. Además, confirmó que Galindo accionó en cuatro ocasiones el botón de emergencia que tiene como parte del mecanismo de protección y que nunca obtuvo respuesta. En ese llamado, pretendía avisar de que se trasladaba en carretera hacia la reunión con Rodríguez Cisneros. “Eso le pareció muy extraño”, recuerda Barrera. “Fue una acción desproporcionada de llevárselo a Almoloya para poder generar un temor entre la familia, doblegar a Jesús, colocarlo fuera de su Estado, incomunicarlo, no permitir una defensa adecuada [...] Y se ha cumplido el objetivo de aislarlo, de hacer que se sienta vulnerable e indefenso para someterlo a un proceso que lo castigue independientemente de si cometió o no el delito”, añade Barrera. El activista señala que la detención se da después de que Galindo denunciara públicamente, en redes sociales y en medios de comunicación, los presuntos nexos que existen entre el grupo delincuencial de Los Ardillos y los gobiernos municipales y estatales de Chilapa y Guerrero. “En lugar de que las autoridades focalizaran las denuncias contra los homicidios, contra quienes desplazaron a los que destruyeron las viviendas, se fueron contra Jesús. Vemos el mismo patrón de criminalizar, que las autoridades concentran su enojo contra quienes los denuncian, contra quienes los interpelan y no contra quienes cometen delitos”, asegura. A Galindo, además, también le fue bloqueada su cuenta bancaria, en junio pasado, algo que su abogado ve como parte de la criminalización en su contra. Sobre la investigación por el presunto delito de homicidio y otros dos delitos que llegaron a mencionarse, el abogado Díaz Salazar precisa: “La carpeta es reciente, se fabricó este mismo año de un hecho delictivo de hace cinco años, en 2021. Es una carpeta que se hizo por orden; se fabricó espontáneamente. El único delito que hay en esa carpeta es el delito de homicidio calificado, no están los delitos de secuestro y crimen organizado, como se venía anunciando, pero esto nos hace suponer que hay más carpetas que le están fabricando”, dijo el pasado 20 de julio. “No me lo van a perdonar”Para sus compañeros, algunos de ellos miembros de su comunidad y del CIPOG-EZ, la detención responde a esa voz de denuncia que Galindo lideró durante los meses recientes, después del asedio de Los Ardillos en mayo a los pueblos de Xicotlán, Acahuehuetlán, Tula y Alcozacán, este último convertido en fuerte y refugio de los otros tres, comunidades que se sitúan en el centro de Guerrero, a poco más de 70 kilómetros al este. Un integrante de ese grupo de guardias comunitarios que lideraba Galindo asegura que hace solo unos días, en una llamada telefónica, él le confesó una inquietud. “Él me dijo: ‘No me lo van a perdonar. No me van a perdonar que mostré mucho’. Y pues sí, nosotros sabíamos que venía un golpe fuerte, pero pensamos más que iba a venir de Los Ardillos, y yo creo que él es lo que pensaba también, que vendría de Los Ardillos y no que iba a ser tan directamente desde el Gobierno. Y eso fue un error, que él confió mucho en el Gobierno estatal porque fue ver a Francisco Rodríguez Cisneros, y es en ese tramo cuando va a esa reunión, es donde lo agarran”, relata por teléfono un compañero que ha pedido no ser identificado por seguridad.Barrera coincide en que Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, actuó “de mala fe” al citar a Galindo a una reunión en la que, asegura, no le iba a ser posible tampoco asistir. Tras el asedio de Los Ardillos a las comunidades nahuas en mayo, Galindo dio entrevistas en varios medios de comunicación nacionales en las que explicó una y otra vez que los pueblos estaban solos ante la indiferencia de todos los niveles de Gobierno y su complicidad con bandas del crimen organizado. También mencionó que, tras los hechos violentos, fue el mismo Rodríguez Cisneros quien se reunió con un grupo de Los Ardillos para negociar algunas tomas en la región, eventos que se dieron a conocer como diálogos con las poblaciones. “No eran gentes civiles, eran sicarios de Celso Ortega Jiménez y ellos lo saben”, dijo Galindo a Radio Fórmula, en una entrevista.Ortega es el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. Desde hace más de una década, este grupo, que tienen su feudo en el municipio vecino de Quechultenango, tratan de afianzar su control en pueblos y comunidades de la zona y avanzar en los aledaños. Las comunidades de Tula y Xicotlán, objetivos desde hace años, conforman la línea del frente. De un lado, Los Ardillos; del otro, el CIPOG-EZ, grupo de autodefensa que trata de detener el avance. Y entre medias, la población, leída por ambos grupos, principalmente por Los Ardillos, como amiga o enemiga, dependiendo de su domicilio o filiación.Integrantes del CIPOG-EZ niegan lo informado por las autoridades estatales y nacionales de haber llegado a las comunidades afectadas para brindar protección tras el asedio violento. Incluso contradicen lo que la presidenta Claudia Sheinbaum comunicó el pasado 12 de mayo, cuando aseguró que la situación ya estaba en camino de diálogo para controlar la situación. “Cuando ya todos los días habíamos subido evidencias de los drones, de las balaceras, sale Claudia Sheinbaum en su mañanera a decir que ya está resolviendo las cosas con las víctimas, y ese mismo día que ella dice eso desplazan a otra comunidad. Y Evelyn Salgado mostró en su página de Facebook que habían mandado helicópteros, pero no era cierto, no había llegado nada. Según como nosotros lo vivimos y lo vimos era que ellos estaban permitiendo que entrara este grupo para desplazar a las comunidades y quebrar la organización”, dice uno de ellos. “Ellos salen en sus mañaneras diciendo que en Guerrero hay menos homicidios y esto y lo otro, pero ellos no son los que están enterrando a los muertos. Todos los días hay muertos, todos los días hay asesinatos”, insiste. A Jesús Plácido Galindo sus compañeros lo describen como un hombre comprometido y honesto al que le apasionaba jugar ajedrez y agotaba lo poco que tenía para ir de comunidad en comunidad para configurar nuevos grupos de policías comunitarios. “Quería tener herramientas para defender a su pueblo, él lo quería aprender todo para ayudar”, dicen. Galindo fue una de las voces que denunció que, tras la irrupción violenta de Los Ardillos a las comunidades, fueron asesinadas seis personas y más de 800 fueron desplazadas. Algunos de los integrantes del CIPOG sienten preocupación debido a que la UIF, aseguran, “haya preparado el terreno no sólo para criminalizarlo, sino para detenerlos por delitos fabricados desde las más altas esferas”. De acuerdo con cifras de la organización, unas 84 personas han sido asesinadas y 25 desaparecidas desde 2014, con una intensificación de la violencia en 2018. Algunas versiones de integrantes de las diferentes comunidades y de algunas autoridades apuntan a que Galindo es un presunto miembro de otros grupos delictivos, versiones que el Centro de Derechos Humanos de Tlalchinollan, sus compañeros y sus abogados han negado. Dicen que esas acusaciones son parte de la campaña para sustentar una investigación en su contra que no se sostendría por sí sola.