Análisis Exclusivo suscriptores Tras aval del Supremo, El Salvador, Siria, Venezuela y otros países entran en la mira de un plan que afectaría a más de un millón de inmigrantes.Collage Donald Trump y migración. Foto: Archivo El Tiempo/ Agencias27.07.2026 22:10 Actualizado: 27.07.2026 22:10
A partir de este lunes, más de 350.000 inmigrantes haitianos que durante años vivieron y trabajaron legalmente en Estados Unidos quedaron expuestos a la deportación tras perder el Estatus de Protección Temporal (TPS), el programa humanitario creado por el Congreso hace más de tres décadas para proteger a extranjeros cuyos países enfrentan guerras, desastres naturales u otras crisis extraordinarias.La decisión marca mucho más que el fin de una protección para los haitianos. En realidad, representa el inicio del mayor desmonte del sistema de TPS desde que fue creado en 1990 y abre la puerta para que, en los próximos meses, cientos de miles de inmigrantes de otros países también pierdan su autorización para permanecer y trabajar legalmente en este país. LEA TAMBIÉN Aunque el impacto inmediato recae sobre la comunidad haitiana, la mayoría de la cual está concentrada en Florida, el precedente también alcanza a beneficiarios de países como El Salvador, Somalia, Siria, Yemen, Etiopía, Myanmar, Sudán del Sur e incluso a algunos grupos de venezolanos cuyos programas enfrentan procesos similares o decisiones administrativas futuras.La medida es, además, una de las victorias judiciales más importantes que ha obtenido la administración de Donald Trump en materia migratoria desde su regreso a la Casa Blanca.El Departamento de Seguridad Nacional había anunciado meses atrás la terminación del TPS para Haití Foto:Trump/iStockAunque el Departamento de Seguridad Nacional había anunciado meses atrás la terminación del TPS para Haití, la decisión permanecía suspendida debido a diversas demandas judiciales. Eso cambió en junio, cuando la Corte Suprema, por seis votos contra tres, concluyó que los tribunales federales no pueden revisar la decisión del Ejecutivo de poner fin a una designación de TPS.La mayoría de la Corte sostuvo que la ley otorga esa facultad casi exclusivamente al secretario de Seguridad Nacional y que, salvo circunstancias excepcionales, los jueces no pueden bloquear dichas determinaciones.El alto tribunal sí permitió continuar con una demanda separada en la que organizaciones de inmigrantes alegan que la decisión estuvo motivada por discriminación racial, pero dejó entrever que esas reclamaciones tienen pocas probabilidades de prosperar.En la práctica, el fallo eliminó el principal obstáculo legal que impedía al gobierno iniciar la desmantelación del programa y, de esta manera, los haitianos constituyen apenas la primera ficha del desmonte.Por un lado, quedaron sin autorización para trabajar legalmente y, por otro, sin la protección que tenían frente a una posible deportación. No obstante, eso no significa que estas personas sean expulsadas automáticamente ni en cuestión de días. Muchos intentarán acogerse a otros mecanismos migratorios, solicitar asilo o buscar alguna otra vía legal para permanecer en el país.Pero quienes no tengan otra protección pasarán inmediatamente a ser “deportables”.
