El gobierno de Donald Trump solicitó este lunes al Tribunal Supremo que despeje el camino para una orden ejecutiva del presidente que podría cambiar de forma significativa el voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.El Departamento de Justicia pidió a los magistrados que suspendan, por el momento, las decisiones de tribunales inferiores que impiden la aplicación de los cambios en casi la mitad del país.La solicitud se produce poco después de que Trump pronunciara un discurso en horario estelar en el que reforzó su campaña, que lleva años impulsando, para sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones. Además, podría ser uno de varios recursos relacionados con el proceso electoral que lleguen al Tribunal Supremo antes de los comicios de mitad de mandato.Trump ordenó al gobierno en marzo elaborar una “lista estatal de ciudadanos” con los votantes elegibles y enviar las papeletas por correo únicamente a las personas incluidas en esa lista. Funcionarios demócratas de 23 estados y del Distrito de Columbia presentaron una demanda al sostener que la Constitución otorga a los estados y al Congreso, y no al presidente, la facultad de establecer las normas electorales. Sus abogados argumentan que los cambios propuestos por Trump podrían prestarse a abusos y provocar caos.1 / 5 | Renuncias y destituciones: las salidas que han marcado el equipo de Donald Trump. El segundo mandato de Donald Trump ha estado marcado por varias salidas dentro de su Gabinete. - Matt RourkeUna jueza federal en Massachusetts suspendió la orden ejecutiva para los estados demandantes, y un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó esa decisión durante el fin de semana.El decreto ejecutivo dispone que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y el comisionado de la Administración del Seguro Social remitan a las autoridades estatales listas federales de ciudadanos para determinar quiénes tienen derecho a votar. Además, ordena al Servicio Postal entregar las papeletas de voto por correo únicamente a las personas incluidas en esas listas.La orden también exige que las papeletas se envíen en sobres seguros con códigos de barras únicos para permitir su rastreo. Asimismo, contempla retener fondos federales a los estados y municipios que no cumplan con esos requisitos.En el recurso, el gobierno sostiene que la orden de Trump establece “directrices políticas generales” y no dicta directamente cómo deben los estados administrar sus elecciones. El procurador general adjunto, D. John Sauer, pidió al Tribunal Supremo que suspenda la decisión de la jueza mientras continúan los litigios, al calificarla de indefendible.“Y la medida cautelar resulta especialmente indefendible porque las agencias aún están deliberando sobre cómo, si es que lo hacen, aplicar el decreto y, sin embargo, el tribunal de distrito ha decidido de forma preventiva que cualquier medida que las agencias decidan adoptar será necesariamente ilegal”, escribió Sauer.También instó al máximo foro judicial a actuar con rapidez, al argumentar que cualquier nueva medida debe entrar en vigor en agosto para tener efecto en las elecciones de noviembre. La respuesta al recurso debe presentarse el 3 de agosto.El voto por correo ha sido durante años uno de los principales blancos de Trump, pese a que él mismo ha utilizado ese método para votar. El presidente lo responsabilizó de su derrota frente al demócrata Joe Biden en 2020 y ha asegurado, sin presentar pruebas, que facilita el fraude. Volvió a abordar ese tema el lunes durante una visita a unas instalaciones de General Motors en Michigan, mientras instaba al Congreso a aprobar su proyecto de ley sobre identificación de votantes y prueba de ciudadanía.“Y esperemos que no haya voto por correo”, afirmó, al calificar ese método como “intrínsecamente corrupto”.El voto por correo ha ganado popularidad entre electores de ambos partidos y, según datos federales, alrededor del 30% de los votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2024 se realizaron por esa vía. Además, el proceso es seguro. Un estudio de la Brookings Institution de 2025 concluyó que solo se registraron unos cuatro casos de fraude por cada 10 millones de votos emitidos por correo.El Tribunal Supremo ya falló en junio contra la administración Trump al determinar que los estados pueden contabilizar las papeletas recibidas después del día de las elecciones.Trump ha presentado los cambios propuestos en su orden ejecutiva como medidas para impedir que personas que no son ciudadanas voten en las elecciones. También ha insistido en la aprobación de una ley que exija demostrar la ciudadanía para poder votar.Está demostrado que el voto de personas que no son ciudadanas es poco frecuente y constituye un delito grave que puede conllevar la deportación.La jueza federal Indira Talwani, de Boston, nombrada por el expresidente Barack Obama, decidió en junio suspender la aplicación de la medida para las elecciones del 3 de noviembre.Su decisión difirió de la emitida por otro juez federal en Washington. El juez Carl Nichols, nombrado por Trump, resolvió en mayo que era demasiado pronto para bloquear la orden porque todavía no se había aplicado.La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, que lidera la demanda en representación de los estados, no comentó de inmediato sobre el recurso presentado por la administración Trump. La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también declinó hacer comentarios.El Servicio Postal tampoco quiso pronunciarse sobre sus planes para aplicar la orden ejecutiva mientras el litigio continúa. En Kansas, la oficina del secretario de Estado, el republicano Scott Schwab, informó que el Servicio Postal no le ha comunicado cuáles son sus planes de cara a las elecciones.