A poco más de tres meses de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones ha mantenido vigente el bloqueo a una de las principales medidas impulsadas por el presidente Donald Trump para modificar la administración del voto por correo. La decisión impide que el Gobierno aplique, por ahora, nuevas restricciones en los 23 Estados y el Distrito de Columbia que impugnaron la orden ejecutiva en los tribunales.El fallo fue emitido este domingo por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, el cual rechazó la solicitud de la Administración para levantar una orden judicial que suspendió la aplicación de la medida mientras continúa el litigio. La resolución mantiene protegidos a los Estados demandantes de los cambios previstos para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, instruye al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y al comisionado de la Administración del Seguro Social a elaborar una lista federal de ciudadanos elegibles para votar. Además, contempla que el Servicio Postal de Estados Unidos entregue las boletas de voto por correo únicamente a las personas incluidas en ese registro.El presidente defendió la iniciativa como una herramienta para impedir que personas sin ciudadanía estadounidense participen en las elecciones y sostuvo que era necesaria para reforzar la seguridad electoral. “Las trampas en el voto por correo son legendarias”, afirmó Trump en el Despacho Oval antes de firmar la orden ejecutiva. Sin embargo, funcionarios electorales estatales y fiscales generales demócratas sostienen que la medida excede las facultades del Poder Ejecutivo federal y podría alterar la organización de los comicios al imponer nuevos requisitos a pocas semanas de la votación.En una decisión dividida de dos votos contra uno, la mayoría del panel del Primer Circuito concluyó que la orden ejecutiva supone un nivel de participación federal sin precedentes en la administración de las elecciones estatales. Los jueces señalaron que, de aplicarse antes de los comicios de noviembre, las nuevas reglas podrían generar confusión entre los votantes y afectar el acceso de ciudadanos con derecho al sufragio.Los magistrados recordaron además que la Constitución asigna a los Estados la responsabilidad principal de administrar las elecciones federales, un argumento que también fue central en la demanda presentada por los Estados.La disputa legal comenzó después de que funcionarios demócratas de 23 Estados y el Distrito de Columbia presentaran el 3 de abril una demanda en un tribunal federal de Boston. Los demandantes sostienen que el presidente carece de autoridad para modificar unilateralmente las reglas electorales, ya que esa facultad corresponde al Congreso y a los propios Estados.En junio, la jueza federal Indira Talwani concedió una medida cautelar que impidió la aplicación de la orden ejecutiva en los Estados demandantes. La Administración recurrió esa decisión, pero el tribunal de apelaciones resolvió mantener vigente la suspensión mientras el caso continúa su curso.Sin embargo, el fallo no resuelve definitivamente la disputa ni tiene alcance nacional. La decisión solo protege a los Estados que participaron en la demanda, por lo que aún hay incertidumbre sobre la posible aplicación de las restricciones en otras entidades que no forman parte del litigio.Esa situación contrasta con una resolución emitida la semana pasada por otro tribunal federal de apelaciones, que dejó sin efecto una orden judicial distinta que bloqueaba la aplicación de la medida a nivel más amplio. Como resultado, el panorama legal continúa fragmentado y podría derivar en reglas diferentes según el Estado donde se celebren las elecciones.Mientras tanto, el Departamento de Justicia señaló que está revisando todas las opciones disponibles y expresó su confianza en que la orden ejecutiva finalmente será validada por los tribunales.La posibilidad de que el caso llegue al Tribunal Supremo permanece abierta, especialmente ante las diferencias entre las decisiones emitidas por distintos tribunales federales sobre el alcance de las medidas cautelares.Todo esto se produce en medio del debate sobre el voto por correo, un sistema utilizado ampliamente en numerosos Estados y cuya seguridad ha sido objeto de cuestionamientos por parte de Trump desde hace varios años. El presidente ha sostenido repetidamente que este mecanismo facilita el fraude electoral, aunque diversas investigaciones y revisiones de procesos electorales anteriores han encontrado pocos casos de irregularidades.