El director de la Agencia de Regulación y control de Hidrocarburos (ARCH), Christian Puente, rebatió el testimonio que rindió el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, la noche de este 26 de julio de 2026, como parte de la práctica de su prueba en el caso Triple A, en el que es investigado por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.En la continuación de la audiencia de juicio que se realizó este fin de semana en el Complejo Judicial Norte de Quito, el alcalde declaró por más de dos horas desde la Unidad Judicial del cantón La Libertad, en Santa Elena, y contradijo las acusaciones que han hecho la Fiscalía General del Estado (FGE), la ARCH y Petroecuador en su contra y en contra de sus empresas. Sobre lo dicho por Alvarez, respecto a que la parte acusadora no ha presentado ni una sola factura o una sola guía de remisión, el representante de la ARCH, acusador particular, criticó y lamentó que al alcalde se le borró la memoria o no puso atención un día completo de audiencia en el cual compareció un perito informático, quien hizo un análisis profundo respaldado en todas las facturas emitidas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y todas las guías de despacho de la empresa pública Petroecuador. Publicidad“Es decir, esta causa se funda de manera sustancial en facturación y en despachos de Petroecuador, lo cual fue analizado pericialmente y sustentado por una de las funcionarias a las que tanta pleitesía rindió el día de ayer: Sonia Narváez, quien dijo que era una excelente técnica y que explicó cómo funciona la cadena de comercialización. Lamentablemente, el señor Álvarez no se dio cuenta de que la verdadera razón de la comparecencia de esa persona ante el Tribunal Penal era certificar la información de todos los despachos de combustibles emitidos por Petroecuador hacia la Fiscalía, que sirvió de sustento para la pericia informática que ratifica y confirma la comercialización ilegal de combustibles”, enfatizó Puente. En su testimonio, el alcalde repasó que el caso Triple A se abrió con la denuncia de Nicole Bermúdez Peña, excoordinadora zonal de la ARCH, quien en su primera versión y versión ampliada que rindió ante el fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, resaltó el alcalde, “explicó que recibió la orden directa de José Manuel de Oliveira, en ese entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía y Minas, de que debía presentar un alcance a la denuncia inicial por supuestas presiones de José Julio Neira, en ese tiempo secretario de Integridad Pública, para incluir el delito de delincuencia organizada”. Alvarez observó la falta de comparecencia de Bermúdez, quien fue solicitada por varias defensas de los procesados para que testificara en la fase de práctica de prueba y cuyo paradero se desconoce.PublicidadPublicidadPara el representante de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, el testimonio de la exfuncionaria es irrelevante, ya que ella únicamente dio aviso de una presunta irregularidad que ha sid investigada judicialmente durante dos años.Puente también aclaró que este testimonio fue anunciado por abogados de las empresas vinculadas a Aquiles Alvarez y por los abogados de otros procesados, por lo cual, resaltó, la responsabilidad de que esta persona comparezca a juicio es de ellos, por lo que su inasistencia es producto de la falta de gestión de los investigados. El director recordó que los abogados requirieron al tribunal que se oficie a la Policía Nacional para que haga las gestiones para localizarla, sin embargo, lamentó, no ha sido posible contactarla. De hecho, para el funcionario, la inasistencia de Bermúdez a testificar está demorando el desarrollo de esta causa, lo cual, consideró, es un acto irresponsable de las defensas de los procesados. “Es irrelevante. La comparecencia de esa testigo es responsabilidad de quien la anuncia, y fue anunciada por el señor Aquiles Álvarez y sus empresas. Por lo tanto, estar dilatando la causa penal a causa de la falta de comparecencia de un testigo que ha sido anunciado por ellos se puede transformar en una táctica dilatoria”, sostuvo el director de la ARCH. Antes de que el juez Jorge Sánchez Pico, ponente del Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, suspendiera la sesión de este domingo, el abogado de la empresa Fuelcorp S. A., vinculada al grupo del alcalde de Guayaquil, Fernando Chávez, solicitó, por última vez, presentar a la testigo en la reinstalación de la audiencia convocada para el 2 de agosto, pues afirmó tener conocimiento de su posible ubicación. La defensa aseguró que si no consigue encontrarla, desistirá de esta prueba. PublicidadEn la continuación del juicio del caso Triple A, que procesa a 22 personas de las cuales 16 son personas naturales y 6 son empresas, y que prevista para el próximo domingo se finalizará con lo que resta de la evacuación de la prueba de los procesados y se dará paso a los alegatos de cierre, antes de que tribunal emita una sentencia. En los argumentos finales, la ARCH se ratificará en su acusación. Así lo afirmó Christian Puente al recalcar que “se ha demostrado hasta la saciedad el cometimiento del delito establecido en el artículo 265 del COIP, es decir, la comercialización sin la debida autorización en zonas de frontera”.“Es algo irrefutable y se ha demostrado la participación y la autoría de todas las personas que están involucradas en este entramado”, afirmó el director de la ARCH. Según la teoría del caso de la Fiscalía, las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado que ascendería a $ 61,5 millones, correspondientes a 22,7 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina. (I)